Los cuatro proyectos de ley que no van a ningún sitio

Elías Amor Bravo, economista

En medio de la que está cayendo, a la Asamblea nacional le ha dado por trabajar.  Han recibido consignas evidentes de que hay que moverse y trasladar la máxima sensación de normalidad. Y de ese modo, la prensa oficial comunista ha dado a conocer los textos de cuatro proyectos de ley, a saber, Código de Trabajo, De Tierra Agropecuaria y Forestal, De la Vivienda y De Organización de la Administración Central del Estado, para según dicen “promover la participación ciudadana en este proceso legislativo y contribuir a la cultura jurídica de la población”. En buena hora.

De modo que, la "normalidad" que busca el régimen castrista va a suponer que, los ciudadanos, en ausencia de electricidad, se pongan a leer y estudiar estos documentos. E incluso, cuando no llegue el agua potable y se sienta el agobio del calor veraniego, que sigan leyendo sin parar las mas de 300 páginas de los proyectos de ley. Suponiendo que lo anterior fuera posible, y que algún ciudadano tuviera interés en conocer a qué se dedican los diputados, la pregunta es quién puede dedicarse a esta tarea teniendo cercada su vivienda de residuos domésticos que no se recogen desde hace semanas. 

El régimen ha vuelto a confirmar que se encuentra alejado de la realidad cotidiana del pueblo cubano y con estos cuatro proyectos pretende distraer a la población de la grave crisis humanitaria que es incapaz de resolver con el modelo económico y político que se intenta preservar a cualquier precio. Lanzar estos proyectos, en estos momentos, es sobre todo una falta de respeto a los ciudadanos, y una majadería más, teniendo en cuenta que se avizoran cambios en el horizonte y que, por ello, muchas de estas normas jurídicas ni entrarán en vigor. Lo que sería muy deseable, según se puede concluir de una lectura superficial de los mamotretos.

En efecto, el primer decreto, el del Trabajo, dicen que pretende actualizar y perfeccionar “las regulaciones que garantizan la protección de los derechos y el cumplimiento de los deberes, derivados de la relación jurídico laboral individual establecida entre los trabajadores y los empleadores, con independencia del sector donde laboran”. No hay que esperar demasiado, supone ni más ni menos que una continuidad del formato marxista leninista que inspira el marco de las relaciones laborales en la Isla. 

Un ejemplo es que, vuelve de nuevo a resaltar el trabajo como un valor primordial, al que califica como “un derecho, un deber social, un motivo de honor de todas las personas en condiciones de trabajar y la vía fundamental para que satisfagan sus necesidades materiales, personales y espirituales”, pero en ningún momento se salvaguarda el fruto de este trabajo, por ejemplo, el salario, ni se atiende siquiera de pasada, al otro factor básico de producción que existe en una economía, el capital, sin el cual el trabajo tiene poco que hacer. 

La norma se olvida de la productividad, en la medida que vuelve a establecer los derechos de los trabajadores y los mecanismos judiciales, institucionales y sindicales para su reconocimiento como “café con leche para todos”, evitando así cualquier referencia a la calidad en el desempeño del trabajo como un elemento de cualificación profesional. 

Por último, en la más estricta ortodoxia comunista, la norma regula todo lo relativo a las relaciones colectivas de trabajo mediante la participación efectiva de los trabajadores y la negociación colectiva. Ya me dirán qué negociación colectiva cuando los sindicatos y las asociaciones de empresarios privados que son el sujeto de esa negociación simplemente, están proscritos o acaban siendo correa de transmisión del régimen político. Hay más, pero lo dejamos para una próxima entrada del blog.

El segundo proyecto de ley es muy importante, en la medida que pretende también “actualizar el régimen de propiedad, posesión, sucesión por causa de muerte y uso de la tierra y bienes agropecuarios”. 

La expectativa de que se procediera a una modificación del actual marco que libere definitivamente las fuerzas productivas en el agro cubano, no se ha visto cumplida, y en su lugar, el decreto introduce nuevos y más sofisticados sistemas de control e intervención del agro por el régimen, como es una supuesta “unificación de forma sistémica, para la adecuada regulación, gestión y administración de la tierra como medio de producción fundamental”. Más claro, blanco y en botella. La libertad de elegir en el agro cubano sigue estando proscrita. 

Después apuntan a que esa "unificación sistémica" se va a establecer “en función del desarrollo agrario, como base de la soberanía alimentaria, la revalorización de la ruralidad y la justicia social del modelo de desarrollo económico y social socialista cubano”. Unos más y otros menos. No solo se refuerzan los mecanismos de control, es que se apoyan ahora en las desigualdades en el agro. Es decir, más de lo mismo que hasta ahora, pero revestido de una palabrería que trata de arrojar más incertidumbre a la regulación del agro cubano.

El tercer proyecto de ley aborda un problema crucial y urgente de la sociedad cubana, el estado de la vivienda, que tiene como objeto “establecer y regular las formas en que el Estado hace efectivo el derecho de las personas a una vivienda adecuada y a un hábitat seguro y saludable con criterios de resiliencia climática y eficiencia energética”. 

Con independencia de que dedicaremos a esta norma otra entrada de este blog, un enunciado general de estas características viene a ser un buen ejemplo para mostrar por qué en Cuba existe, y seguirá existiendo, un grave problema de vivienda. Hay un viejo refrán que vale para esta situación, "quien mucho abarca, poco aprieta". Y esto es lo que ocurre a los comunistas cubanos, que pretenden combinar las exigencias múltiples y complejas de vivienda adecuada, con hábitat saludable, con resiliencia climática y eficiencia energética, cuando en el país apenas se construyen viviendas. Es más, últimamente, habilitan contenedores de tráfico marítimo para entregarlos a familias como soluciones habitables. El decreto redactado no lleva a un buen resultado en vivienda. Más bien todo lo contrario.

Y por último, el proyecto que más atención ha tenido hasta la fecha es el relativo a las "bases generales de la organización de la Administración Central del Estado y determina el número, denominación, misión y funciones de los ministerios y demás organismos que la integran”. Nada de pensar en ajustes necesarios y oportunos en favor de más eficiencia. El decreto es simplemente una reunión de departamentos en otros más amplios y algunos cambios de denominación, por cierto, algunos desafortunados. Pero la grasa que existe por debajo se mantiene y no hay una clara vocación del régimen por adelgazar el tamaño del estado y el coste de la administración que es, sin duda alguna, un efecto paralizante sobre la actividad económica. También dedicaremos próximamente una entrada del blog a analizar este texto, pero no se hagan grandes expectativas.

De modo que, de forma imprudente, los dirigentes castristas han despertado a los diputados del sueño letárgico y han sacado del oscuro cajón los textos de estos cuatro proyectos de ley para reivindicarlos ante los negociadores y proclamar ante el mundo que el régimen castrista no se considera vencido, ni finiquitado. Por el contrario, sostienen que estas normas que ahora se presentan a la población “han sido debatidas y enriquecidas en diferentes procesos de consulta realizados hasta la fecha como parte del proceso legislativo cubano”. Increíble. A o mejor somos nosotros los equivocados.