Hay que crear una comisión de la verdad sobre las expropiaciones castristas, y cuanto antes
Elías Amor Bravo, economista
Granma publica una nota sobre
unas declaraciones del vicecanciller de exteriores, Abelardo Moreno,
ofrecidas en rueda de prensa tras la celebración de la segunda
reunión informativa entre representantes de Washington y La
Habana el pasado 28 de julio sobre
reclamaciones de derechos de propiedad.
Cierto es que los diálogos sobre las
compensaciones que deberá satisfacer el régimen castrista a EEUU
por las expropiaciones producidas a partir de 1959 acaban de empezar.
Y si bien, de momento, el régimen ha querido enturbiar esas
negociaciones incorporando una presenta demanda por los efectos del
llamado bloqueo, que convierten el escenario negociador en una
compensación mutua entre los dos países, de lo que no cabe
duda es que no será posible la pretendida normalización de las
relaciones bilaterales, sino se atiende correctamente el pago de las
expropiaciones de los derechos de propiedad existentes en 1959.
Varios son los motivos por los que se hace necesario estar alerta. El régimen quiere escudarse en que se
trata de negociaciones de “elevada complejidad política, técnica
y jurídica”.
Falso. La complejidad es un instrumento que utiliza el régimen castrista para justiificar lo injustificable. Hay un
hecho objetivo: el pago de las expropiaciones está pendiente desde
1959 y salvo cuestiones actuariales, la solución está muy clara.
Una transferencia de fondos por las confiscaciones cierra el problema
tan complicado.
Hay que evitar enunciados que no sean correctos. El canciller Moreno dijo “que desde que fueron dispuestas las leyes de
nacionalización con el triunfo de la Revolución, el Estado cubano
siempre tuvo la voluntad de compensar a las personas jurídicas y
naturales extranjeras”.
Falso. Existen numerosas evidencias en
las hemerotecas que confirman que la compensación monetaria nunca
estuvo en la mente de los confiscadores revolucionarios. Además,
todas las decisiones confiscatorias se tomaron en tiempo record, no
hubo convocatorias públicas, ni mesas de negociación. Fue una
política de hechos consumados en tiempos de gran inestabilidad
institucional. Los sucesos posteriores, provocados por el régimen
con su continuo enfrentamiento con EEUU, se encargaron del resto.
Nunca existió voluntad alguna de compensar.
Moreno señaló “que la Isla
caribeña logró acuerdos con Canadá y cinco países
europeos por las propiedades nacionalizadas por el Estado
cubano. Con Estados Unidos incluyó reformas para ejecutar esas
compensaciones en plazos definidos, pero las acciones del Gobierno de
ese país impidieron su realización”.
Falso. EEUU nunca obstaculizó nada.
Por otra parte, los acuerdos de compensación con Canadá o España
fueron ridículos y tuvieron un alto componente político. En
concreto, con España, en tiempos ya lejanos de Felipe González,
algunas de las propiedades expropiadas a españoles, que aun
conservaban un elevado valor casi 30 años después de los robos, se
pagaron con contenedores de baratijas y artesanías de dudoso valor
comercial, y en el mejor de los casos, los pagos que se realizaron
con langosta fueron inaprovechables por las pésimas condiciones de
envío. Los que firmaron para cobrar, quedaron muy insatisfechos.
Además, una parte importante de los expropiados de origen español,
los que se habían hecho cubanos, quedaron fuera de los pagos
acordados.
Moreno comentó que en ese
encuentro de Washington, realizado como continuidad del
efectuado en Cuba en diciembre del 2015, las
delegaciones intercambiaron información acerca del proceso de
reclamación de los dos países, sobre todo las bases jurídicas y
características del mismo. Lo cierto es que “aún no se ha
decidido cómo serán las negociaciones sobre el asunto” lo
que entra de lleno en la típica política castrista de ganar tiempo,
como sea. Casi siempre con escasa voluntad por cumplir compromisos
que no podrá eludir.
Lo más grave de todo es que no existe
marco jurídico alguno para unas relaciones que deben ir dirigidas a
resolver justas compensaciones por las agresiones a los derechos de
propiedad. En todo caso, habría que situarse en el escenario de 1959
para poder realizar alguna valoración si quiera ajustada, y eso es
imposible, porque además, el marco jurídico comunista es
completamente ajeno al que existía entonces.
Moreno aseguró, además, el interés
del régimen castrista por vincular la negociación por las
expropiaciones con los presuntos efectos del bloqueo económico,
financiero y comercial impuesto por Estados Unidos. Es una grave
afrenta para los expropiados que el régimen castrista quiera
introducir negociaciones sobre el embargo, cuya viabilidad es
ciertamente controvertida cuando Cuba puede comercial libremente con
192 países del mundo, en un asunto especialmente sensible como el
robo de los derechos de propiedad que sigue pendiente desde 1959.
Una posición que, de ser cierta, no se
debe aceptar por EEUU ya que ello dejaría sin contemplación a la
cifra numerosa de cubanos que fueron expropiados y que nunca
presentaron demanda alguna por miedo al régimen que, durante los 60,
se empleó a fondo en chantajear a aquellos que se iban del país
exigiendo firmas de negación de reclamos, por la vía de la
imposición y el chantaje.
Es por ello, que cuanto antes se
debería crear una comisión de la verdad sobre las expropiaciones
del régimen castrista para que se restaure lo que jurídicamente
procede a los que sufrieron daños en sus patrimonios.
Mientras tanto, todo será una pérdida
de tiempo en la que se lanzarán cifras en una y otra dirección en
un diálogo destinado, cómo no, a ganar tiempo en el que no se
reconocerán las instituciones de cada uno de los países y la
naturaleza objetiva de los reclamos cruzados. Tal vez los organismos
internacionales de mediación deberían asumir un papel destacado en
este proceso porque mucho me temo, que no se van a producir
resultados positivos de esta negociación y una vez más, aquellos
cubanos y extranjeros, que fueron confiscados en sus derechos de
propiedad en 1959 seguirán viendo como la justicia no está con
ellos.
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