4 de agosto de 2016

El negocio aeroportuario en Cuba: a medio camino entre el cántaro y la lechera

Elías Amor Bravo, economista

Es la noticia económica de hoy, sin duda alguna. El régimen castrista ha anunciado que dos compañías francesas gestionarán, bajo la modalidad de concesión, dos aeropuertos cubanos, el internacional de Rancho Boyeros y el aeródromo de San Antonio de los Baños. Hasta la fecha, el capital extranjero se había dirigido principalmente hacia la planta hotelera existente en el país, de modo que la gestión de los aeropuertos supone un salto cualitativo en las prioridades políticas e ideológicas del régimen, dada la naturaleza insular de la nación y la necesidad de contar con unos servicios aeroportuarios adecuados para facilitar las comunicaciones y la integración global.

La noticia ha llegado de forma sorpresiva, como todo lo que tiene que ver con la gestión de la economía castrista. Al parecer, no han existido los oportunos concursos internacionales transparentes, ni se han establecido plazos para la presentación de las candidaturas, ni tampoco se han fijado criterios objetivos de valoración de las entidades solicitantes. Nada de eso funciona en el modelo de la economía castrista. Por el contrario, la nota informativa en Granma habla simplemente del final de un “proceso de negociaciones en curso que incluye no solo las mejoras que necesita la terminal No. 3, sino un reordenamiento también de los flujos de pasajeros nacionales e internacionales” sin más precisión.

De ese modo, el Ministerio del Transporte, por medio de esta operación, se abre a la inversión extranjera, de la misma forma que el de Turismo, y emplea un procedimiento similar: la concesión. Detrás de esta operación se encuentra la urgente necesidad del régimen castrista de acceder a financiación para atender sus prioridades inversoras, a la vez que se consigue trasladar a la isla un conjunto de buenas prácticas en la gestión del espacio internacional que estas empresas privadas pueden ofrecer. Todo ello, como dice Granma, “con vistas a ampliar y rejuvenecer al principal aeropuerto de Cuba, el cual lleva el nombre de nuestro héroe nacional y por cu­yas terminales arriba más de la mitad de los viajeros procedentes del exterior”. La verdad es que una cosa es reponer toallas, sábanas y jabón en un hotel, y otra bien distinta es la gestión del handling de un aeropuerto. Espero que lo hayan tenido en cuenta.

¿Qué beneficio obtienen las empresas francesas de la gestión de estos aeropuertos, que nunca serán de su titularidad, y que precisan una atención urgente por su deficiente estado tras décadas de parálisis inversora? Solo se me ocurre una: el mayor tráfico que cabe esperar de viajeros, que durante el primer semestre de este año se ha situado en dos millones, con un avance del 11% respecto del ejercicio anterior, según fuentes oficiales del régimen. Pero esas cifras absolutas tienen un recorrido y a medio plazo, los objetivos de la gestión empresarial aeroportuaria van por otros caminos mucho más lucrativos ¿Está preparada la economía castrista para ello?

Por otro lado, con esta solución, el régimen asume que el Estado, dueño de los medios de producción que siguen siendo estatales (los aeropuertos) no tiene por qué prestar el servicio de manera directa, conforme la gestión de volúmenes crecientes de tráfico debe ir asociada a una “debida seguridad operacional y de la ampliación”, en armonía con las regulaciones aeronáuticas y las normativas y metodología recomendadas por la Or­ganización de la Aviación Civil Interna­cio­nal (OACI). Básicamente, un reconocimiento de que la gestión privada es mucho mejor que la pública. Cuidado con los rendimientos decrecientes. Nada que objetar.

Entonces, ¿qué es lo que no se puede aceptar de esta decisión del régimen de poner a empresas privadas a gestionar los aeropuertos? Básicamente, lo que se ha señalado al comienzo de este post. Una cosa es gestionar hoteles, donde los servicios de manutención y alojamiento se concretan en unos determinados objetivos de negocio, y otra cosa bien distinta es la gestión de las comunicaciones aeroportuarias. Más aún cuando el acuerdo que se persigue no sólo incorpora realizar las mejoras que necesita la terminal No. 3, sino acometer una reordenación de los flujos de pasajeros, nacionales e internacionales. Aspectos de relevancia estratégica que van a tener consecuencias muy relevantes sobre la economía castrista en los próximos años, sobre todo cuando las responsabilidades del régimen no quedan bien definidas en este proceso de gestión integral de aeropuertos.

Para acometer este tipo de iniciativas, la transparencia es fundamental. Decisiones de carácter estratégico, como trasladar a empresas privadas el tráfico de los aeropuertos, no puede ser el resultado de acuerdos y decisiones burocráticas adoptadas de manera oscura, sino que se tienen que someter a escrutinio internacional, básicamente porque de ese modo se elimina cualquier presunción o sospecha de que las cosas no se han hecho correctamente. Más aún cuando se quiere continuar con estas operaciones incorporar otros aeropuertos de la isla como Vara­dero, Santa Clara (incluyendo la cayería), Holguín, Cayo Coco, entre otros.

Ni se sabe a dónde se tienen que dirigir las empresas interesadas, ni se han hecho ofertas públicas, ni se conocen los criterios de valoración, ni mucho menos, se han ofrecido datos cuantitativos sobre el im­pacto en cifras, pero sí que las autoridades del régimen creen que se trata de una inversión multimillonaria con significativos saldos para el sector en el país. Esta es otra opinión, cuyos resultados ya se verán, porque en el caso de la hotelería, las estimaciones iniciales han quedado igualmente muy por debajo de la realidad.

En cualquier caso, ante este tipo de políticas, que insisto son positivas, luz y taquígrafos. Cuentas claras, transparencia en la negociación y fir­ma de las posibles relaciones contractuales para la gestión de las instalaciones aeroportuarias, sobre todo, cuanto tanto se insiste en que “para nada variará la propiedad ni las actividades inherentes a la regulación, so­bre las cuales el Estado —en representación del pueblo cubano— se reservará el derecho de control absoluto”. De algún modo, esta experiencia puede servir para orientar el proceso futuro de transformación del sistema jurídico de derechos de propiedad de la isla, por lo que conviene sembrar bien.

Es curioso, que de las dos empresas seleccionadas, Bouygues Batiment Interna­tio­nal y Aeropuertos de París, una de ellas, además, haya sido objeto de numerosas críticas recientemente por la contratación de trabajadores indios para las obras de remodelación de la Manzana de Gómez en La Habana. Cabe suponer que para la gestión de aeropuertos siga una metodología similar, lo que puede estar restando empleos de calidad y bien retribuidos a los nacionales a pesar de las advertencias de las autoridades sobre este asunto. Por mucho que Rita María García, jefa del Grupo de Negocios de la Corporación de la Aviación Cubana S.A. (Cacsa) “pondere los beneficios múltiples que puede traer para los recursos humanos el nutrirse del know-how de compañías de marcado liderazgo en su ámbito de negocios y actuación”, y que José Antonio Regalado, responsable de la dirección integrada de Proyectos, unidad em­presarial de Cacsa, encargada de las ne­go­ciaciones, diga “que las contrapartes ex­tran­jeras han reconocido la calidad y la preparación de los trabajadores de la aviación civil cubana, y el potencial que existe para este trabajo, credenciales que hablan muy bien de esta esfera estratégica del transporte y, a su vez, de la economía”, no sería extraño que en pocos meses estas empresas trasladasen a empleados extranjeros a la gestión de los aeropuertos, con lo que esos objetivos positivos tampoco se podrían alcanzar.

Así que, una sugerencia, antes de que se produzca la rúbrica del anunciado memorando de entendimiento y la negociación de los contratos definitivos sería conveniente que las autoridades del régimen implicadas en este proceso se replanteasen la operación y anunciasen públicamente un concurso sin restricciones, transparente, abierto y con criterios objetivos, a empresas de gestión aeroportuaria de todo el mundo. A veces se puede romper el cántaro antes de empezar a ordeñar la vaca. Tal vez se podrían llevar alguna sorpresa. O tal vez no.

2 de agosto de 2016

Hay que crear una comisión de la verdad sobre las expropiaciones castristas, y cuanto antes

Elías Amor Bravo, economista

Granma publica una nota sobre unas declaraciones del vicecanciller de exteriores, Abelardo Moreno, ofrecidas en rueda de prensa tras la celebración de la se­gunda reunión informativa entre representantes de Washing­ton y La Habana el pasado 28 de julio sobre reclamaciones de derechos de propiedad.

Cierto es que los diálogos sobre las compensaciones que deberá satisfacer el régimen castrista a EEUU por las expropiaciones producidas a partir de 1959 acaban de empezar. Y si bien, de momento, el régimen ha querido enturbiar esas negociaciones incorporando una presenta demanda por los efectos del llamado bloqueo, que convierten el escenario negociador en una compensación mu­tua entre los dos países, de lo que no cabe duda es que no será posible la pretendida normalización de las relaciones bilaterales, sino se atiende correctamente el pago de las expropiaciones de los derechos de propiedad existentes en 1959.

Varios son los motivos por los que se hace necesario estar alerta. El régimen quiere escudarse en que se trata de negociaciones de “elevada complejidad política, técnica y jurídica”.

Falso. La complejidad es un instrumento que utiliza el régimen castrista para justiificar lo injustificable. Hay un hecho objetivo: el pago de las expropiaciones está pendiente desde 1959 y salvo cuestiones actuariales, la solución está muy clara. Una transferencia de fondos por las confiscaciones cierra el problema tan complicado.

Hay que evitar enunciados que no sean correctos. El canciller Mo­reno dijo “que desde que fueron dispuestas las leyes de nacionalización con el triunfo de la Revolución, el Estado cubano siempre tuvo la voluntad de compensar a las personas jurídicas y naturales extranjeras”.

Falso. Existen numerosas evidencias en las hemerotecas que confirman que la compensación monetaria nunca estuvo en la mente de los confiscadores revolucionarios. Además, todas las decisiones confiscatorias se tomaron en tiempo record, no hubo convocatorias públicas, ni mesas de negociación. Fue una política de hechos consumados en tiempos de gran inestabilidad institucional. Los sucesos posteriores, provocados por el régimen con su continuo enfrentamiento con EEUU, se encargaron del resto. Nunca existió voluntad alguna de compensar.

Moreno señaló “que la Isla ca­ribeña lo­gró acuerdos con Canadá y cinco países europeos por las propiedades nacionalizadas por el Es­tado cubano. Con Estados Unidos incluyó re­formas para ejecutar esas compensaciones en plazos definidos, pero las acciones del Gobierno de ese país impidieron su realización”.

Falso. EEUU nunca obstaculizó nada. Por otra parte, los acuerdos de compensación con Canadá o España fueron ridículos y tuvieron un alto componente político. En concreto, con España, en tiempos ya lejanos de Felipe González, algunas de las propiedades expropiadas a españoles, que aun conservaban un elevado valor casi 30 años después de los robos, se pagaron con contenedores de baratijas y artesanías de dudoso valor comercial, y en el mejor de los casos, los pagos que se realizaron con langosta fueron inaprovechables por las pésimas condiciones de envío. Los que firmaron para cobrar, quedaron muy insatisfechos. Además, una parte importante de los expropiados de origen español, los que se habían hecho cubanos, quedaron fuera de los pagos acordados.

Moreno comen­tó que en ese encuentro de Washington, realizado co­mo continuidad del efec­tuado en Cuba en di­ciem­­bre del 2015, las delegaciones in­tercambiaron información acerca del proceso de reclamación de los dos países, sobre todo las bases jurídicas y ca­racterísticas del mismo. Lo cierto es que “aún no se ha decidido cómo se­rán las negociaciones sobre el asunto” lo que entra de lleno en la típica política castrista de ganar tiempo, como sea. Casi siempre con escasa voluntad por cumplir compromisos que no podrá eludir.

Lo más grave de todo es que no existe marco jurídico alguno para unas relaciones que deben ir dirigidas a resolver justas compensaciones por las agresiones a los derechos de propiedad. En todo caso, habría que situarse en el escenario de 1959 para poder realizar alguna valoración si quiera ajustada, y eso es imposible, porque además, el marco jurídico comunista es completamente ajeno al que existía entonces.

Moreno aseguró, además, el interés del régimen castrista por vincular la negociación por las expropiaciones con los presuntos efectos del bloqueo económico, financiero y co­mercial impuesto por Estados Unidos. Es una grave afrenta para los expropiados que el régimen castrista quiera introducir negociaciones sobre el embargo, cuya viabilidad es ciertamente controvertida cuando Cuba puede comercial libremente con 192 países del mundo, en un asunto especialmente sensible como el robo de los derechos de propiedad que sigue pendiente desde 1959.

Una posición que, de ser cierta, no se debe aceptar por EEUU ya que ello dejaría sin contemplación a la cifra numerosa de cubanos que fueron expropiados y que nunca presentaron demanda alguna por miedo al régimen que, durante los 60, se empleó a fondo en chantajear a aquellos que se iban del país exigiendo firmas de negación de reclamos, por la vía de la imposición y el chantaje.

Es por ello, que cuanto antes se debería crear una comisión de la verdad sobre las expropiaciones del régimen castrista para que se restaure lo que jurídicamente procede a los que sufrieron daños en sus patrimonios.

Mientras tanto, todo será una pérdida de tiempo en la que se lanzarán cifras en una y otra dirección en un diálogo destinado, cómo no, a ganar tiempo en el que no se reconocerán las instituciones de cada uno de los países y la naturaleza objetiva de los reclamos cruzados. Tal vez los organismos internacionales de mediación deberían asumir un papel destacado en este proceso porque mucho me temo, que no se van a producir resultados positivos de esta negociación y una vez más, aquellos cubanos y extranjeros, que fueron confiscados en sus derechos de propiedad en 1959 seguirán viendo como la justicia no está con ellos.

28 de julio de 2016

Una guía para la negociación entre EEUU y el régimen castrista

Elías Amor Bravo, economista

"Derechos de propiedad vs. efectos del embargo"

Los medios se han hecho eco de que Estados Unidos y el régimen castrista van a celebrar en Washington una segunda reunión sobre compensaciones económicas mutuas. Un tema escabroso, que admite numerosas interpretaciones pero que es, sin duda, uno de los diferendos más importantes entre los dos países desde que en 1959, la llamada “revolución” se lanzara en tromba contra los derechos de propiedad de ciudadanos y compañías de Estados Unidos en Cuba, promoviendo expropiaciones sin el pago de compensaciones. Una práctica que se encuentra ampliamente condenada por el derecho internacional y que en el caso del régimen castrista, se encuentra perfectamente documentada.

Sucede que la duración de este régimen político es tan larga en el tiempo y ha atravesado por tantas etapas distintas que el paradigma más reciente, y que parece aceptar Estados Unidos a tenor del guión de las negociaciones, que por otra parte, se siguen realizando con escasa transparencia, consiste en aceptar que en la negociación por los bienes nacionalizados a estadounidenses por la llamada revolución cubana, se tienen que incluir los daños derivados del embargo lo que ha supuesto enrarecer los contenidos básicos para el acercamiento bilateral. Los observadores y analistas están de acuerdo en que, salvando la reclamación de Guantánamo, se trata del tema, identificado por Estados Unidos como uno de los más espinosos en la nueva relación, tras la reunión preliminar celebrada en La Habana el pasado 8 de diciembre.

Es curioso lo que se está tratando de incorporar a un asunto jurídicamente impecable de reclamación de derechos de propiedad confiscados que cualquier arbitraje internacional habría dado la razón, desde hace mucho tiempo, a la parte dañada, es decir Estados Unidos. Durante las décadas de subvención soviética, en plena guerra fría, el régimen castrista ni se acordaba del embargo o del bloqueo. ¿Para qué? La desviación del comercio que los dirigentes revolucionarios adoptaron nada más instalarse en el poder a comienzos de los años 60,supuso romper con las relaciones comerciales históricas de la república de Cuba con sus vecinos de la región para lanzarse a un complejo e incierto marco de relaciones con los países del telón de acero, a la sazón, bajo el control del nuevo socio privilegiado del régimen, la entonces URSS. La gente parece olvidar esta historia, que es fundamental para situar los hechos que ahora se incorporan a la negociación. Por suerte, existe abundante documentación y las hemerotecas están llenas de los despropósitos castristas en su intento de romper lazos con Estados Unidos para no asumir el pago de las confiscaciones.

El tiempoha pasado lentamente. Esa medida de los lustros y los decenios que en la isla parece tener otro ritmo, y nos encontramos que tras las leyes adoptadas por la administración Clinton en los años 90 para reclamar lo que procede, y perdidos los apoyos económicos soviéticos, en La Habana asumen la conveniencia de implementar, en cualquier proceso de negociación de los derechos de propiedad confiscados, una demanda sobre lo que denominan “el impacto del embargo”, consistente en un informe de escasa credibilidad, que se ha presentado ante Naciones Unidas, siempre atentas a los reclamos castristas, en el que de forma asombrosa reclaman “que los daños económicos por más de medio siglo de embargo estadounidense ascienden a 833.755 millones de dólares, según el valor del oro”. Ni más ni menos.

Cualquier análisis de los contenidos de esta negociación pone de manifiesto que se está mezclando agua con aceite, o como se dice por estos pagos, churras con merinas. La reclamación de EEUU desde los tiempos de Eisenhower, cuando se produjo el robo organizado por el régimen revolucionario de los derechos de propiedad, mantiene unas 6.000 personas y empresas estadounidenses poseen reclamaciones hacia el régimen castrista por las expropiaciones que se ejecutaron tras el triunfo de la llamada revolución cubana, estimando el valor total en 1.900 millones de dólares, tal y como se han registrado por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones en el Exterior (FCSC, por su sigla en inglés) del Departamento de Justicia.

La estimación a precios actuales de la propiedad confiscada sin compensación asciende a casi 8.000 millones de dólares, incluyendo un interés anual del 6 %. La mayor parte de las indemnizaciones exigidas por empresas estadounidenses están relacionadas con expropiaciones llevadas a cabo después de que Fidel Castro llegase al poder en enero de 1959, como Coca-Cola, Exxon Mobil o Colgate-Palmolive, entre otras.

Desde 1964, el Congreso estadounidense solicitó a la FCSC, como árbitro en litigios con gobiernos extranjeros y en liquidaciones de bienes extranjeros en EE.UU, que calculase la validez y el valor de las compensaciones solicitadas por empresas estadounidenses a la Cuba castrista. Ese proceso duró seis años y se cerró con el reconocimiento de las casi 6.000 reclamaciones por el importe de 1.900 millones de dólares, que con los intereses como ya se ha señalado, aumentaron hasta los 8.000 millones de dólares.

Se trata de un contencioso que Estados Unidos mantiene en ejercicio de la defensa que cualquier nación civilizada hace de los intereses de sus ciudadanos cuando son pisoteados por un gobierno extranjero que además, carente de legitimidad, no cumple con lo establecido en el derechos internacional en estos casos. Los negociadores de Estados Unidos deberían ser conscientes de lo que se están jugando en la mesa de las relaciones con las autoridades castristas. Ni más ni menos que derechos que se han venido reclamando, justamente, desde hace más de 50 años, y que no han tenido respuesta.

Sin duda, nada tiene que ver esa reclamación con el invento castrista de la llamada Ley 80 de Cuba sobre la Reafirmación de la Dignidad y la Soberanía Cubanas, de 1996, publicada en pleno "período especial", cuando las urgencias económicas apretaban, 32 años después de que el gobierno de EEUU clarificase sus exigencias, y por el cuál entienden, unilateralmente, que las indemnizaciones se deben negociar considerando, y aquí viene lo realmente sorprendente, “las reclamaciones de la isla a EEUU por los daños ocasionados por las sanciones económicas impuestas a la isla”. Si se quiere jugar a las figuraciones e imaginaciones, entonces EEUU podría exigir, y tiene más base legítima para hacerlo, el valor actual descontado de la corriente de bienes y servicios generados por esos activos confiscados por el régimen en 1959 a fecha actual. Estaríamos entonces hablando de muchos miles de millones, tantos que ni el PIB de la economía castrista podría asumir esas compensaciones.

Hay que dejar el juego de la improvisación castrista y pensar en términos concretos y jurídicamente válidos. Es inconcebible que EEUU haya aceptado la negociación con los Castro, poniendo en la mesa derechos legítimos de propiedad reconocidos, muchos de ellos que nunca podrán ser disfrutados por sus legítimos propietarios por fallecimiento, junto a reclamos fantásticos relativos a un embargo que, desde cualquier punto de vista, no ha existido por cuanto el régimen ha podido comercial libremente con 192 países del mundo, recibir inversiones, operar en los mercados de capitales, refinanciar y condonar sus deudas y un sinfín de operaciones solo limitadas por una escasa o nula competitividad en los mercados mundiales de una economía de base estalinista que carece de interés en la economía internacional por lo que produce y vende.

Los negociadores de EEUU no deberían aceptar el intercambio de reclamos situando derechos legítimos de propiedad con argucias de mal pagados. Las consecuencias que se pueden producir de cualquier resultado en este proceso son imprevisibles y nunca serán de justicia. En tales condiciones, lo mejor es romper la negociación antes que sea muy tarde.