Un nuevo Instituto, ¿para qué?

Elías Amor Bravo, economista

El nuevo Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales es uno de los organismos que se han creado para cumplir lo establecido en el Programa Económico y Social del Gobierno 2026, las mismas contradicciones de siempre. El régimen castrista anuncia una reducción del tamaño del estado, por un lado, y, por el otro, va creando nuevos organismos dependientes del sector presupuestado que contribuyen a aumentar la grasa de la administración.

¿En qué quedamos? ¿Qué credibilidad puede tener una política económica que se basa en dar una de cal y otra de arena? ¿A qué se deben atener los agentes económicos? Y, luego, ¿Qué sentido tiene crear un Instituto de estas características? ¿tiene el régimen interés real en el Instituto? ¿Qué acabará ocurriendo?

El Instituto, según dicen, nace para transformar el sistema empresarial estatal, modernizar sus formas organizativas, el sistema de dirección y gestión, así como perfeccionar el marco regulatorio para establecer el tratamiento diferenciado de las empresas. Tienen que darse prisa con el Instituto, porque Marrero anunció, en el último consejo de ministros, que las transformaciones van a comenzar por la empresa estatal. 

El Instituto nace "con una visión integral y una mayor integración de los actores económicos, así como el aprovechamiento de las capacidades productivas y de servicios". Objetivos realmente ambiciosos que tienen que ver con la jerarquía y control para las empresas estatales, lo que hace pensar que estamos ante una edición actualizada del “perfeccionamiento activo” de las empresas militares de Raúl Castro, para poner fin a la ineficiencia de las empresas del estado. Pero ¿es realmente este Instituto ese instrumento?

Su dependencia del ministerio de Economía y Planificación (MEP), y del Sistema Empresarial Estatal del propio organismo, le otorgan un espacio relevante dentro de la compleja burocracia castrista y, su creación por medio del Decreto 144 del Consejo de ministros (Gaceta Oficial Ordinaria número 54) le otorga un nivel jerárquico máximo, y una dependencia directa del ejecutivo. La presidencia ha recaído en Roberto Ricardo Marrero que deja el cargo en GEMAR para pasar a dirigir un organismo integrado por más de 2.400 empresas estatales.

El Decreto atribuye al Instituto la misión fundamental de avanzar en la separación efectiva de las funciones estatales de las empresariales, potenciar el tejido empresarial mixto, capacitar y auditar las anomalías en el funcionamiento de las estructuras económicas y facilitar la autonomía real de las empresas estatales, lo que descarga a los Organismos de la Administración Central del Estado de funciones sobre la atención al sistema empresarial. Insisto, el parecido con el “perfeccionamiento activo” de las empresas militares de los tiempos de Raúl Castro es grande, pero parece pura coincidencia. Es como si se estuviera ante el nacimiento de un GAESA II, pero con empresas estatales.

El Instituto se constituye como una entidad a nivel nacional, subordinada directamente al consejo de ministros, para dirigir las nuevas transformaciones y la búsqueda del desarrollo de la empresa estatal socialista, como sujeto fundamental de la economía. La empresa estatal está necesitada de este tipo de tratamientos de shock. Las funciones que han sido asignadas al Instituto le permitirán obtener una visión integral y una mayor integración de los actores económicos, así como el aprovechamiento de las capacidades productivas y de servicios. No es extraño que por las manos del Instituto pasen operaciones empresariales de todo tipo. Lo veremos.

En ese sentido, se reconoce que las funciones del Instituto no sobrepasarán la autonomía empresarial que se busca, actuando como instrumento para capacitar, supervisar y proponer. Y, además, con el apoyo del relato habitual del régimen castrista sobre la propiedad, se reivindica que la empresa estatal es propiedad de todo el pueblo y, por tanto, “el Instituto tendrá la función de representar a los nueve millones de cubanos para demandar que la propiedad social funcione de la manera más eficiente posible y cumpla con sus obligaciones sociales”.

Pese a este enfoque triunfal de misiones, funciones y principios del Instituto, hay dudas administrativas sobre su arranque. Al parecer el Instituto nace con un equipo pequeño y el personal indispensable para la realización de sus funciones, compartiendo sede con el Ministerio de Economía y Planificación. Se pretende garantizar que cada paso que se dé en las llamadas “transformaciones” sea coherente y que se resuelvan con la máxima urgencia las trabas y errores que puedan aparecer. La voluntad política parece que es experimentar a ver lo que ocurre y andar con cuidado por si se pisa algún callo, salir corriendo.

De hecho, esa prevención de los dirigentes con el Instituto supone que no todas las empresas estatales pasarán a ser supervisadas inmediatamente por el organismo. Será un proceso por etapas en el que asumirán funciones que hoy se encuentran diluidas entre varios organismos, es decir, los creadores del Instituto, por alguna extraña razón no las tienen todas consigo y se muestran prudentes en extremo, con su concepción y desarrollo.

No obstante, el nuevo Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales se reserva el derecho de proponer la creación de empresas estatales de interés nacional y, en el caso de los niveles provinciales, municipales y locales, mantendrá una relación de supervisión. Ya se verá cuántas. Se advierte, no obstante, que la liquidación y fusiones de empresas serán decisiones que deberán ser tomadas por los grupos empresariales, los consejos de gobierno o las propias empresas.

Parece que el Instituto tan solo tiene responsabilidades bien definidas en materia de formación de los directivos de las empresas estatales en la búsqueda de la autonomía real y los resultados que se esperan de ello para la economía nacional. La pregunta es inmediata, ¿Vale la pena crear un organismo del estado para cumplir estas responsabilidades cuando un convenio con una escuela de negocios de prestigio podría ser más que suficiente para atender esta necesidad? Se establece que ofrecerán un marco de estudios e investigación, así como de acompañamiento en el proceso de transformación, a las empresas. Más burocracia. Se insiste mucho en este tema de la transformación, lo que otorga al Instituto un papel de órgano de control que no se corresponde con la flexibilidad que busca el régimen para las empresas.

Para concluir, Díaz Canel dijo del Instituto que “para que la empresa estatal socialista siga siendo el pilar fundamental de nuestra economía debe contar con capacidad real para gestionar, innovar y responder por los resultados. Más autonomía real para las empresas exige una gestión más profesional de los activos del Estado, que estará a cargo del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales, encargado de representar al dueño de los medios de producción, evaluar resultados, exigir eficiencia y separar mejor la función empresarial de la función regulatoria de los ministerios”. Este tipo de operaciones de concentración empresarial dirigidos por el estado, acaban siendo órganos de contra poder, que exigen su parte de pastel. Ustedes ya me entienden. Veremos cómo acaba esta historia.