Modernización de los sistemas de distribución alimentaria

Elías Amor Bravo, economista

Llevo siguiendo desde hace algún tiempo, con cierta expectación, el proyecto Artemisa.

Para aquellos que no sigan los asuntos relacionados con la economía castrista, conviene informar que en la bella ciudad, las autoridades del régimen, de la mano de Marino Murillo, jefe de la Comisión para la Implementación y Desarrollo de los llamados “lineamientos”, han realizado lo que llaman “un experimento económico” consistente en liberalizar la venta de productos agropecuarios.

Es la primera vez que en 55 años, el régimen castrista recupera la figura, criminalizada y sometida a todo tipo de vejaciones desde los primeros momentos de la llamada “revolución” de los intermediarios privados, esas personas que se preocupan de negociar con los productores agropecuarios la compra de sus cosechas o producciones, posteriormente las mantienen a buen cuidado, y las canalizan más tarde a los mercados de consumo asegurando que los ciudadanos tengan cubiertas sus necesidades de alimento.

Por supuesto, que por este tipo de labor, obtienen unos beneficios, que les permiten aumentar las dimensiones de su empresa, contratar más personal y mejores equipamientos e incluso, mejores precios a sus proveedores de mayor calidad y compromiso. Con los intermediarios privados funcionando en condiciones normales, rara vez se quedan las cosechas en los campos sin ser recogidas o los mercados desabastecidos.

En ese sentido, no hay nada de negativo en el proyecto de Artemisa. Lo lamentable es que no se haya generalizado a toda la nación, y que se mantenga como un experimento que, en cualquier momento, alguna autoridad del régimen, con una cierta desazón por los tiempos pretéritos, pueda decidir que se archive y no se implemente más. No conviene olvidar que las decisiones políticas están por encima de las económicas en la Isla, y no sería nada nuevo que se adoptase este tipo de decisiones.

De momento, en la reunión del pasado sábado ante las autoridades de defensa nacional, ya me pregunto yo qué interés pueden tener los militares en el funcionamiento de los mecanismos de comercialización agropecuarios, se informó sobre esta política de distribución y venta liberalizada de productos agropecuarios en La Habana, Artemisa y Mayabeque, insistiendo que la experiencia de resultar positiva, se extenderá al resto del país.

Pero, ¿es que tienen dudas? Las noticias que llegan de Artemisa hablan que, por primera vez en 55 años, la gente tiene asegurados productos básicos de acopio centralizado, como: arroz, frijoles, papa, malanga, boniato, cebolla, ajo y tomate, y cualquier otro tipo de productos agropecuarios. Grande es la satisfacción, y hasta la fecha, al parecer, los precios no han sido obstáculo para que las cestas se llenen diariamente.

El plan Artemisa permite, por primera vez en la economía castrista, a las entidades de la base productiva la contratación directa con los clientes de los productos con destino al pedido estatal, con lo cual se eliminan los intermediarios burocráticos que anteriormente entorpecían esta cadena. También, luego de cumplir con lo pactado en el contrato, las entidades de la base productiva podrán vender productos a terceros para su comercialización, lo que permite rentabilizar excedentes. En ese nuevo diseño, los compradores de las tiendas estatales, tradicionalmente desabastecidas por la pésima gestión de Acopio tendrán que acudir a los mercados mayoristas al igual que los compradores no estatales. La competencia entre unos y otros ejercerá una clara influencia sobre los precios. La dinámica económica es, qué duda cabe, altamente positiva.

La pregunta es por qué no se liberalizan todos los mercados. Las autoridades castristas encargadas del control de la economía no saben que la principal característica del mercado, como instrumento de asignación de recursos por medio de los precios, es su funcionamiento instantáneo e interdependiente entre la oferta y demanda, para el conjunto de los bienes y servicios de una economía. Es decir, cuando el panadero decide fabricar pan para venderlo a sus clientes, es porque alguien produce la energía eléctrica y otros el trigo y la levadura o las máquinas para hornear el pan, y así sucesivamente. 

Este tipo de experimentos parciales y limitados como el de Artemisa carecen de cualquier racionalidad económica. Tan solo se requiere unos conocimientos limitados de cómo funciona una economía de mercado libre. Situar el experimento en una ciudad y en un determinado tipo de mercados es querer y no poder, es actuar con mediocridad y cortedad de miras. Es ignorar o no querer para los cubanos el mismo modelo de organización económica que ha hecho a chinos, vietnamitas y europeos del este ser más ricos y disfrutar de mayor prosperidad tras la etapa empobrecida del comunismo.

Los mercados agropecuarios tienen una gran aceptación entre los cubanos. En ellos se puede conseguir prácticamente de todo. Es cierto que las regulaciones solo permiten, de momento, los administrados por el estado o los gestionados por las cooperativas. Tal vez las autoridades lo ignoren, porque no tardaremos mucho tiempo en presenciar el nacimiento de mercados privados, similares a los establecimientos de venta al público que existen en otros países, donde las normas de calidad y de servicio son, sin duda alguna, muy superiores a las que existen actualmente en la Isla. Es solo cuestión de tiempo y que las autoridades den el visto bueno a esta dinámica que beneficia notablemente la alimentación de los cubanos. La economía de mercado se abre camino, como la libertad.