Castrismo: ¿empresa privada o empresa estatal?

Elías Amor Bravo, economista

El régimen comunista de los Castro sigue sin tener una idea clara de cómo funcionan las empresas privadas en el ámbito de una economía de mercado libre, e incluso en una economía mixta. O no quiere tenerla. Le dan vueltas y vueltas, pero nunca llegan al origen del problema. Es más o menos la conclusión que cabe obtener del artículo en Granma de Ariel Terrero, titulado “La empresa que urge”. Por más que leo y releo este artículo, no acabo de entender qué quiere decir.

Para empezar, tengo la impresión que el articulista siente un cierto desdén hacia las empresas que el denomina privadas, al decir que “llegaron para quedarse. Es un hecho; mas no una novedad”, situando su autorización en decisiones de los comunistas en diversos congresos. Como si la creación de una empresa fuera el resultado de una decisión comunista, es decir, aquellos que menos saben lo que es emprender y gestionar la riqueza.

Después, noto un alto grado de desconocimiento hacia lo que significa la empresa privada. El autor se conforma al señalar que su naturaleza reside en la posibilidad de “contratara a trabajadores ajenos”. Es cierto, pero solo es un rasgo más. La empresa privada se caracteriza por la existencia de un marco estable de respeto a los derechos de propiedad, que impide cualquier expropiación o confiscación de la riqueza generada, y requiere la legitimidad del mercado como instrumento de asignación. Contratar trabajadores es tan relevante como, por ejemplo, hacerlo con capital o tecnología. El rasgo principal de la empresa privada es la libertad de decisión y la autonomía de gestión. Por ello, en Cuba, donde la presión comunista es asfixiante con los empresarios cubanos, pensar en empresa privada es una quimera.

Una vez que se garantizan los derechos de propiedad y el mercado, la personalidad jurídica permite a la empresa diferenciarse de sus creadores, evolucionar, crecer y generar renta y riqueza, pero incluso en este ámbito, y a pesar de lo que llaman “conceptualización del modelo”, el régimen comunista de Cuba está a años luz de lo que existe en otros países. Resulta evidente que el cuenta propismo o ciertas formas de cooperativas no están en las coordenadas de un modelo moderno de empresa privada capaz de plantar cara al poder político.

Pasar de este punto, en el que podemos estar de acuerdo sobre la urgencia de dotar a la empresa privada en Cuba de un marco jurídico y legal para su funcionamiento en condiciones de libertad, a defender la continuidad de la empresa estatal castrista, a la que el autor califica como “co­lumna vertebral de la economía”, y la cosa se complica un poco más.

Defender a estas alturas a las empresas estatales castristas parece un contrasentido.

Primero, porque estas empresas se ha convertido en un foco de improductividad y baja eficiencia que lastra la actividad económica general al exigir subsidios del presupuesto para tapar sus agujeros. Deficiencias de gestión que se deben en buena medida, al marco restrictivo que impone el propio régimen, como por ejemplo, la operatoria con la doble moneda, que cita el autor, o la fuga de trabajadores competentes hacia el ejercicio por cuenta propia de oficios. La escasez de capital y recursos financieros, la dependencia de los subsidios, el bajo nivel tecnológico, la estrechez de los mercados hacia los que dirigen sus productos y servicios, y los problemas de autonomía y decisión.

Segundo, pensar que el estado castrista puede seguir actuando como empresario conforme las formas privadas van abriendo espacios en la economía es no querer ver la realidad. La caída del llamado socialismo real demostró que los estados deben dedicarse a aquellas actividades que el ordenamiento jurídico les atribuye, pero que rara vez sus resultados como empresarios suelen ser positivos. La obsesión castrista por mantener empresas estatales bajo control, que distorsionan con su comportamiento los mercados de oferta, provoca un daño irreparable y creciente a la economía.

Por ello, la decisión mas razonable es privatizar la empresa estatal. Lo mismo que ocurrió en los países que han transitado del modelo comunista de planificación central hacia economías de mercado mixtas. La “actualización” del modelo castrista no tiene más remedio que avanzar en esa misma dirección, transformando las estructuras jurídicas de la economía. El objetivo de crear empresas estatales fuertes y eficientes solo se alcanzará cuando la iniciativa privada entre en la gestión y tome participación en las mismas. Procesos similares a los que se han producido en otros países y que permiten un notable fortalecimiento del conjunto de las actividades económicas.

A diferencia de lo que señala el autor, el régimen castrista puede apostar por el desarrollo de la empresa estatal, pero no como lo hace ahora, “por fidelidad al socialismo”, sino dando entrada el capital privado en la propiedad y la gestión. Capital que tendrá que ser extranjero, en buena medida, porque los cubanos carecen, por desgracia, de recursos económicos para acceder a la propiedad de esas empresas, pero incluso en condiciones límite se podría atraer a inversores internos que tuvieran excedentes de liquidez. No sería extraño que la diáspora pudiera, igualmente, participar de ese proceso, en el que habrá que tener mucho cuidado con lo que se privatiza, porque podría tener propietarios legítimos. De lo que no cabe duda, es que la transición a la economía privada podría permitir que muchas empresas ahora estatales obtuvieran financiación, tecnología y gestión empresarial y directiva de primer nivel, superando así el atraso y la ineficiencia derivada del modelo.

Desde hace mucho años los economistas sabemos que la mano del estado no es fundamental en la gestión de las economías privadas. Más bien lo contrario. El estado tiene dificultades para producir, contratar, retener talento, obtener beneficios, ofrecer buenos precios y calidades. El estado tiene otras funciones igualmente importantes. El autor pone un ejemplo que no vale: el turismo, donde señala que “se aliaron em­presas estatales, mixtas y extranjeras y luego se sumaron muy oportunamente las casas de alojamiento”. Esa coalición, que se basa en una especie de “gestión complementaria de servicios que reserva al estado la acción de oro” podría verse reforzada si el estado se retira de la producción y sobre todo, de la titularidad de los derechos de propiedad. Ya le ha llegado la hora.

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