El fracaso de unos presupuestos

Elías Amor Bravo economista

La gestión presupuestaria de la economía cubana es un absoluto fracaso. Teniendo en cuenta que la constitución de 2019 estableció un modelo de la economía marxista leninista dominado por la planificación central, no se puede entender el cúmulo de fracasos, errores y la incertidumbre creada por una política presupuestaria deficiente, mal diseñada y peor ejecutada. El responsable de este desaguisado es el ministro cubano de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, pero existe la percepción de que es uno más en el engranaje deficiente del modelo y atribuirle en exclusiva la responsabilidad no tiene mucho sentido.

La persistencia de los déficits es una nota característica de la política presupuestaria que se ha venido manteniendo de año en año.

Expuesto en estos términos, el déficit de 2023 alcanzó la espectacular cifra de 98.363,8 millones de pesos con un aumento del nivel de endeudamiento a 151.104,9 millones de pesos. Resultados y proyecciones que vienen a confirmar que en 2024 la economía cubana se va a encontrar en un escenario si cabe, peor.

¿Por qué decimos esto? Básicamente, porque las previsiones presupuestarias del ejercicio económico de 2024 toman como referencias, una vez más, las directivas aprobadas para elaborar el plan de la economía y el presupuesto del estado para el periodo, que tratan de implementar los lineamientos del VIII Congreso del Partido y del Plan de Desarrollo Económico y Social hasta 2030 ¿A nadie le recuerda la justificación de la fracasada tarea ordenamiento? Pues vuelven a las andadas.

De todo ello, se concluye que para 2024, un ejercicio que vendrá marcado igualmente por débil crecimiento o recesión del PIB, acompañada de elevada inflación, el presupuesto del estado cubano proyecta un déficit fiscal de 147.391 millones de pesos, superior al de 2023 en un 49%, que es resultado de recaudar ingresos netos por 333.316 millones e incurrir en gastos totales por 480.707 millones de pesos.

El endeudamiento proyectado se incrementa peligrosamente hasta 201.760 millones de pesos, en este caso un 34% más que en 2023 y seguirá absorbiendo recursos de la economía como si de un agujero negro se tratase. La cifra incluye las amortizaciones de deudas con vencimiento en el periodo y los financiamientos aprobados a bancos y entidades por la devaluación del peso cubano. ¿Es este un diseño adecuado para el presupuesto?

Los comunistas se afanan en atribuir al embargo/bloqueo, o las complejas condiciones del desarrollo de la economía cubana, las consecuencias de sus actos y decisiones, y la población se percata de que ello es así, y que no se puede sostener un estado despilfarrador si no se genera productividad y valor añadido. Y para ello, se necesitan otras estructuras económicas distintas.

La cuestión es que no es posible satisfacer con presupuesto alguno los servicios básicos de la población o la recuperación de la actividad económica si todo ello depende de un modelo económico fracasado que renuncia a los valores de motivación, competitividad, compromiso y libertad que hacen a una economía prosperar.

Además, la única novedad planteada en el diseño presupuestario, la implementación del Programa de fortalecimiento de los Presupuestos Locales, orientado a favorecer la autonomía financiera de los municipios, es justo una línea contraria a la que se debe seguir para promover la mejora de la economía.

En tales condiciones, como ya se ha señalado, el gasto total del estado para 2024 alcanzará 480.707 millones de pesos (con un 37% de crecimiento respecto a 2023 superior al 33% de la inflación).

Un gasto explosivo, inadecuado para una economía en quiebra técnica, que ni beneficiará al entramado empresarial estatal ni tampoco a los sectores sociales que se financian con sus cuentas, ya que carece de efecto multiplicador dada la baja propensión a consumir. Eso sí, mayor nivel de gasto obligará a emitir más deuda pública y con ello, lastrar el crecimiento de las actividades productivas.

El gasto se vuelve a concentrar en un 63% en sectores y programas sociales, incluyendo salud pública, educación, cultura, deporte, asistencia y seguridad social. Lo mismo de siempre, y prácticamente como sucede en otros países. La salud, solo financiada con cargo al estado, alcanza el 26% del gasto y la mayor parte se materializa en los presupuestos municipales a nivel de asistencia primaria, lo que supondrá menos recursos para la I+D sanitaria y médica.

El presupuesto de la seguridad social supone el 15% de los gastos de la actividad presupuestada como consecuencia del envejecimiento acelerado de la población. Para asistencia social se destina algo menos, unos 6.000 millones de pesos, existiendo un debate sobre el alcance de estas políticas sobre todo a colectivos desfavorecidos.

La educación, igualmente pública al 100%, así como la cultura se financian totalmente con cargo al presupuesto estatal, y se anuncia el regreso de eventos como el Festival Internacional de Ballet y la Bienal de La Habana.

En cuanto al deporte se garantiza la preparación de los atletas en el último año del presente ciclo olímpico, su clasificación y participación en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos París 2024.

Destaca, en los gastos, igualmente los 21.812 millones de pesos en compensaciones que financian el precio de importación de pienso para las producciones ganaderas; los precios de importación de productos principales, que se comercializan con precios centralizados e inciden en la canasta de alimentación normada; la diferencia del precio de importación de la leche y el minorista de venta a la población; pagos a los bancos por la bonificación del 50% de intereses bancarios y primas de seguro por los financiamientos otorgados a las bases productivas, la ganadería genética, programas de zoológicos y conservación de la flora y la fauna.

Un auténtico cajón que no para de crecer de año en año, como consecuencia del carácter estatal de las actividades y la intervención del estado en la economía ajena al funcionamiento libre de los mercados.

Del mismo modo, el presupuesto alcanza más de 80.000 millones de pesos con un crecimiento explosivo de 38.472 millones respecto a 2023, en los niveles de subsidios presupuestarios para cubrir las diferencias entre precios y tarifas de varios servicios y consumos básicos de la población, y los costos y gastos en cuya producción se incurre, financiando, fundamentalmente, las tarifas eléctricas del sector residencial y agropecuario, la comercialización de combustibles, los medicamentos controlados, la leche para niños, embarazadas y dietas médicas, las tarifas de transporte y las tarifas del agua.

En el área de tecnología e innovación se destinan 2.184 millones de pesos para aumentar el impacto de la ciencia y las innovaciones en los sectores estratégicos del país. Además, se incluyen 525 millones de pesos para el Fondo Nacional de Ciencia e Innovación y 100 millones de pesos para el Fondo Nacional de Medio Ambiente.

A las inversiones materiales, que respalda el plan de la economía, se destinan 28.182 millones de pesos, nivel similar al estimado de 2023, con lo que volverán a notarse las carencias de infraestructuras. En particular, la ejecución del programa de la vivienda es respaldada con una asignación de 5.196 millones de pesos.

Por concepto de capital de trabajo se proyectan 4.690 millones de pesos, de los que 2.000 millones corresponden a la banca comercial para la continuidad del fomento agrícola y el fondo de la siembra de la caña, y 1.267 millones a la recuperación de la actividad industrial del níquel.

Llama la atención los bajos compromisos del régimen con el sector azucarero al que van solamente 564 millones y la agricultura, con 110 millones, mientras que 650 millones se destinan a la Unión Nacional Eléctrica y 99 millones de pesos para agua y saneamiento, cifras que se añaden a las compensaciones de precios y tarifas.

Por lo que respecta a la recaudación de ingresos, y como ya se ha señalado, su cuantía es claramente inferior a los gastos, alcanzando 333.316 millones de pesos, cifra que solo alcanza el 69% de los gastos totales, pese a que la participación del sector estatal es de un 88%.

Los ingresos tributarios derivados de la aplicación de impuestos, tasas y contribuciones suponen el 64% de los ingresos totales, lo que refleja una recuperación del sistema tributario como fuente esencial de los recursos presupuestarios. El resto son ingresos no tributarios obtenidos por el régimen comunista en aplicación del modelo extractivo de valor añadido en la economía.

La implementación de las medidas tributarias prorrogadas para 2024 supone que se mantendrá la presión fiscal asfixiante, sobre todo la que recae en el sector privado y ello impedirá consolidar a muchos pequeños negocios que tratan de abrirse camino a la vez que se rompen los principios de generalidad y equidad tributarias. El mayor aumento de la presión fiscal recae sobre el sector privado y la recaudación de este, aunque se sitúa en niveles inferiores a la mitad del sector estatal ha crecido de forma importante y ocupa un papel destacado, sobre todo si se tiene en cuenta sus menores dimensiones.

En ese sentido, la recaudación por la utilidad empresarial (beneficios) supondrá el 22% de los ingresos totales, con un crecimiento del 15% (72.756 millones de pesos) en tanto que las formas de gestión no estatal recaudarán alrededor de 39.172 millones de pesos, el 53% del total, que en su mayoría son fuente de ingresos de los presupuestos municipales, con un crecimiento proyectado del 58% (14.363 millones de pesos más).

El ministro reconoció en este punto la insuficiencia de los ingresos proyectados y señaló que el presupuesto del Estado requiere perfeccionar la captación de los ingresos para su redistribución a sectores sociales y económicos, lo que dijo que solo sería posible si se avanza en la consolidación del desempeño del sistema tributario, lo que para el ministro significa “sistematizar el control de los aportes, el cobro oportuno, la fiscalización del cumplimiento de los tributos y el enfrentamiento resuelto a la evasión fiscal”.

Esto se deja en manos del Plan integral de control tributario proyectado por la ONAT que va a acentuar las acciones de fiscalización dedicándose a un enfrentamiento con supuestas indisciplinas y delitos, con referencia al control de la bancarización. Vienen tiempos difíciles para la actividad económica, sin duda.

En la proyección presupuestaria para 2024, los presupuestos locales, en línea con la creciente autonomía por la que apuesta el régimen comunista, reciben una consideración especial con el propósito de favorecer la autonomía financiera de los presupuestos municipales y provinciales. En ese sentido, se ha cedido las recaudaciones del impuesto sobre los servicios de telecomunicaciones, que significan aproximadamente a 2.600 millones de pesos.

De forma similar a los presupuestos estatales, los locales planifican un déficit, igualmente en aumento hasta 21.209 millones de pesos. Desde el régimen se quiere que todas las provincias y municipios elaboren un programa de medidas para mejorar el resultado presupuestario, potenciando los ingresos al dinamizar la producción de bienes y servicios a nivel local y logrando una óptima disciplina en el pago de los impuestos.

Los delegados del Poder Popular se encargarán de la “participación de la población” en la conformación de propuestas de presupuestos municipales más robustas en su argumentación, en línea con la ideología comunista que lo sustenta que defiende un supuesto control popular durante la ejecución presupuestaria.

Para el ministro es esencial cumplir las obligaciones de pagos en las fechas establecidas, eliminando las cuentas por pagar vencidas y, con esto, las cadenas de impagos que afectan al sector empresarial ya que de ese modo se garantiza un uso adecuado de los recursos financieros y, en particular, de los destinados a los actores económicos no estatales. Parece que el ministro imponga los compromisos y las tareas que él mismo debe cumplir.