Sobre cómo realizar los cambios en la economía cubana: los impuestos y los gastos

Sin lugar a dudas, uno de los retos que se plantean a la política de reformas emprendida por el régimen castrista es cómo pasar de un sistema económico en el que la práctica totalidad de la producción se obtiene por el estado, a otro, en el que las pequeñas empresas y negocios que funcionen por medio de licencias, empiecen a producir. Esta transformación de la economía no es fácil, y puede suponer graves problemas para el futuro.
Algunos economistas oficialistas han mostrado su preocupación por la forma que se desarrolle este proceso de cambios, e incluso han solicitado a través de distintos medios independientes, como Espacio Laical, la aportación al debate de nuevas propuestas que permitan clarificar la forma de realizar los cambios en la economía cubana. Mi respuesta va en esta línea de aportar una reflexión desde el análisis económico y la experiencia en la gestión de la economía de mercado, que pueda contribuir a mejorar las condiciones de vida de los cubanos.
Es cierto que la primera dificultad reside en la rapidez del proceso. No existe indicador alguno que permita identificar si esta transformación de la producción estatal a la privada se va a realizar con el ritmo adecuado que permita no alterar la dimensión final de la producción total. No conviene olvidar que en Cuba, donde la mayor parte de los bienes y servicios se produce por el estado y sus distintas organizaciones y empresas, reducir la dotación de personal equivale a asumir un descenso de la producción total de la economía. Es posible que al menos, durante un cierto tiempo, los desajustes y los costes de adaptación derivados del proceso de trasvase de mano de obra del estado a las nuevas actividades privadas, provoquen un descenso de la producción total de la economía, con sus consecuencias negativas bien conocidas. En suma, a corto plazo, hay que esperar que la transformación de lo estatal a lo privado provoque un descenso de la producción.
La segunda dificultad viene relacionada con la primera. Si la economía sufre una reducción de su ritmo de crecimiento, o incluso, un descenso de su volumen en términos reales, la recaudación impositiva derivada de las nuevas actividades será también menor, provocando un desajuste inmediato en las cuentas públicas. En la situación de partida, toda la producción estatal se puede considerar como un ingreso estatal. Los gastos, en tales condiciones, se pueden determinar a partir de esa cifra preexistente. En el momento en que aparecen actividades privadas, y se requiere fijar impuestos para obtener ingresos para el estado, la identidad anterior se rompe, ya que no es posible fijar un impuesto del 100% sobre la actividad empresarial. Consecuencia de ello: será imposible para el régimen castrista mantener su actual nivel de gasto, y si lo hace, incurrirá en un déficit a corto plazo y en un endeudamiento cada vez mayor a medio y largo plazo que hipotecará las perspectivas de crecimiento de la economía cubana en el futuro.
¿Quiere ello decir que estamos en contra de este proceso abierto por las autoridades? No, en absoluto. Es más, nuestra propuesta es que las nuevas actividades privadas autorizadas por el régimen sean realmente privadas, es decir, que se privatice el acceso a los medios de producción y que se fije un sistema estable de derechos de propiedad para todos los cubanos. La privatización es la base del crecimiento al otorgar un efecto riqueza no humana a los individuos que aumenta su renta permanente en un enfoque de largo plazo, a la vez que facilita asumir niveles de endeudamiento. Además, es preciso aumentar el número de actividades para las que se va a conceder licencia. Limitar a 178 ocupaciones el espacio de la economía de gestión privada en Cuba, parece una broma de mal gusto. Además, y cuando aún no parece existir acuerdo entre las autoridades sobre el tipo de gravamen a fijar a las nuevas actividades, nuestra propuesta va en la línea de también ser muy cuidadosos en esta cuestión.
Elevar los impuestos de forma precipitada no es muy acertado, cuando se trata de pequeños negocios que arrancan desde niveles muy bajos de actividad. Si además se tiene en cuenta que se trata de actividades intensivas en trabajo, que suponen un bajo nivel tecnológico y de factor capital, tampoco parece razonable recargar los resultados con excesivos costes de seguridad social. Nuestra propuesta es fijar un impuesto fijo que no dependa del volumen de producción para estimular el despegue de estas nuevas actividades económicas. De ese modo, los nuevos gestores privados tendrán incentivos para crecer y aumentar la dimensión de sus negocios y con ello, crecerán las bases imponibles de la actividad privada compensando así la disminución de la producción estatal. Este impuesto fijo se debe mantener durante un número de años y con ello, ajustar a la baja el nivel de gasto del gobierno, provocando nuevos procesos de ajuste del empleo estatal hacia las nuevas actividades privadas en crecimiento, y reduciendo la participación del estado en la producción hasta los niveles existentes en otros países de América Latina.
No se esconde que este diseño debe suponer que en Cuba cambien muchas cosas, y que el sistema comunista sea desplazado progresivamente como gestor de la economía. La reducción de los gastos estatales debe permitir que aparezcan empresas en la provisión de servicios que hasta ahora, sólo se suministran a través de los presupuestos estatales. Un giro de 180º en el sistema económico que pasa por la creación de un nuevo sistema de derechos de propiedad para todos los cubanos que otorgue solidez al ejercicio de la actividad mercantil privada basada en la economía de mercado.
Cuba, la sociedad cubana, es capaz de asumir este reto. Ya lo demostró en los primeros 50 años de existencia de la república. Tal vez, quien no sea capaz de liderar este cambio sea el régimen castrista. Pero, es que no existe alternativa.