Viviendas y vehículos en venta: cifras incompletas


Elías Amor Bravo

Funcionarios del régimen castrista han ofrecido algunos datos relativos a la evolución de la compra venta de activos durante el primer trimestre del año en curso. En total, más de 2.700 viviendas y 8.400 vehículos fueron objeto de transacciones, de acuerdo con el nuevo marco administrativo, que regula este tipo de operaciones entre los cubanos. Ciertamente, una novedad histórica en un país que, por obra y gracia de sus mandatarios, abolió la existencia de un sistema de derechos de propiedad, primero con las confiscaciones decretadas sobre empresas extranjeras, y después con la oleada revolucionaria de 1967, en la que hasta los limpiabotas quedaron bajo la tutela de un sistema comunista. Uno de los grandes errores económicos de la llamada “revolución” que en momentos especialmente difíciles se está intentando corregir con la política económica de los llamados “Lineamientos”, hasta ahora, con escaso éxito.

Cualquier jurista con conocimientos básicos tendría dudas sólidas sobre la legalidad de estas transacciones sobre activos, cuando el marco constitucional que rige en el país sigue siendo el mismo, y tan solo unas disposiciones administrativas han sido publicadas para dar respuesta a amplias y justificadas demandas por parte de los cubanos de poder ser dueños de sus activos.

No voy a entrar en este tipo de cuestiones. Tiempo habrá para realizar un análisis en profundidad de las repercusiones que se derivan de operaciones de compraventa sobre activos que legítimamente no pertenecen a sus eventuales tenedores.

Lo que me llama la atención es el bajo número de operaciones de compraventa que se han realizado en estos tres meses, lo que da una idea del atraso y la naturaleza rudimentaria de la economía castrista. Proyectando a datos anuales, eso significa que en un país de 11 millones de habitantes como Cuba se llegarían a formalizar en un año unas 32.000 compraventas de vehículos y unas 10.000 operaciones sobre viviendas. En economías con una población similar, los datos anuales reales superan en centenares de miles las cifras del régimen castrista.

Un sistema en el que todavía funcionan las llamadas “donaciones”, de las que las autoridades han ofrecido igualmente información, 10.660 donaciones de viviendas y 6.700 de vehículos, según declaró la directora de Notaría y Registro Civil del Ministerio de Justicia, Olga Lidia Pérez Díaz, en Granma.

El mecanismo administrativo que el régimen castrista dispuso a finales de 2011 para autorizar Cuba, por vez primera en medio siglo, la transmisión de propiedades de inmuebles y vehículos de los cubanos, no está dando los resultados esperados. De poco va a servir. Las cifras son muy mediocres, lo que significa que, o bien la gente desconoce la normativa, o que no tienen nada que intercambiar porque la oferta existente es limitada. Lo más probable es que se trate de una combinación de ambos factores, de ahí que, una vez más, los cambios impulsados por el régimen proyectan una imagen muy distinta a la que consiguen realmente.

La normativa venía a fijar para todos los cubanos la disponibilidad de una sola vivienda en la ciudad, que obviamente no se puede prescindir, y, en su caso, otra en zonas de recreo en la playa o el campo, fijando la regulación de la propiedad con el requisito de firma notarial y pago de un impuesto. Parece que la mayoría de operaciones relacionadas con las viviendas se han concentrado en este tipo de construcciones playeras.

Detrás de estas medidas, algunos analistas quisieron observar un cierto retorno a un marco más transparente en relación con los derechos de propiedad. Otros entendieron la medida como un medio más para recaudar tributos. Finalmente, no cabe duda que el aspecto más positivo ha sido la articulación de un rudimentario mercado de compraventa de viviendas y vehículos, tras medio siglo de prohibiciones, o de la necesidad de afrontar múltiples trámites burocráticos.

Bajo el régimen de permuta que el castrismo soportaba para evitar cualquier tipo de estallido social en un país en el que el sector de la vivienda ha sido incapaz de atender las demandas sociales, miles de autos y casas pasaban de mano en mano de manera informal, en operaciones semi clandestinas que trataban de dar solución a muchos problemas habitacionales.

La nueva regulación incorpora a las operaciones comerciales la figura de las notarías, fedatarios públicos que en pleno fervor revolucionario fueron barridos de la circulación, y a los que ahora se recurre, más como agentes de información que como operadores de arancel destinados a dar personalidad jurídica a las operaciones que se realizan.

En ese sentido, las autoridades, como explicó la funcionaria del gobierno, se han empleado a fondo en controlar la actividad de estas nuevas notarias, con una intensa campaña de visitas en los tres primeros meses del actual ejercicio, con la revisión de 4.200 escrituras, 20% de los instrumentos certificados. No cabe la menor duda que las autoridades del régimen están teniendo especial cuidado en visar qué tipo de viviendas salen al mercado de compraventa, aquellas sobre las que no recaen títulos de propiedad que en su día fueron confiscados y que, en puridad, deben ser retornadas a sus legítimos propietarios como parte de las compensaciones que en su momento tendrán lugar para restaurar el sistema de derechos de propiedad que el castrismo eliminó.

En cualquier caso, las autoridades no han ofrecido informaciones que son necesarias para evaluar el alcance de las operaciones de compraventa, como por ejemplo, el tipo de vivienda más vendido, de acuerdo con sus características, o los precios de venta, y las fórmulas de financiación. Datos que deberían servir para orientar a oferta y demanda en este mercado, relevante para el bienestar social. Con respecto a los vehículos, no me cabe la menor duda que las operaciones que se realizan pueden ir dirigidas a mejorar la infraestructura de servicios a los turistas extranjeros, o a proporcionar a los nuevos cuentapropistas sistemas de transporte más adecuados que compensen la parsimonia de las empresas estatales. Lo que sería deseable es que las autoridades proporcionen más información sobre estos procesos que, sin lugar a dudas, pueden ser fundamentales para contribuir a la consolidación de los cambios económicos en la Isla.



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