La vivienda de lujo en Cuba: especulación y derechos de propiedad

Elías Amor Bravo, economista

La disposición, por parte del presidente de Estados Unidos para retirar a Cuba de la lista de países patrocinadoras del terrorismo y abrir una embajada con el objeto de tener contactos más regulares y de consultar sobre muchos asuntos con intereses comunes, ha situado en las portadas de los principales diarios y medios de comunicación la cuestión de la venta de propiedades, sobre todo señoriales.

El anuncio de la venta de un ático en Cuba por 1 millón de euros ha despertado una gran curiosidad. El ático en cuestión tiene amplia terraza, suelos de mármol y espectaculares vistas al mar. Sin duda, muy caro para un país comunista en el que el salario medio apenas alcanza 20 dolares mensuales. Lo que está claro es que la infraestructura de vivienda de Cuba se vende al mundo y a precios internacionales. Así lo ha señalado quién afirma ser el dueño de este ático, John Jefferis, un hotelero de las islas Bermudas.

Muchas de estas viviendas señoriales pertenecen a la etapa anterior a 1959. Fueron construidas en las décadas de los años 30, 40 y 50 durante el boom de la economía cubana y de sus clases medias y profesionales. Otras, incluso, son anteriores, y pertenecen a las explotaciones señoriales de la época colonial. En su mayoría, estas viviendas pertenecieron a familias y empresas que sufrieron las expropiaciones sin indemnización, que el régimen castrista aplicó durante los primeros años de su andadura. En cualquier caso, en derecho internacional, estas mansiones y sus terrenos tienen unos legítimos dueños y, en su caso, herederos, que tendrán que ser debidamente compensados. El problema que se plantea es que cualquier transacción realizada sobre estos inmuebles condiciona al comprador y vendedor, si no se tiene acceso a la escritura original de propiedad y los legítimos titulares del derecho de propiedad confiscado.

La facilidad con la que el régimen quiere lanzar este proceso de venta de viviendas ha llevado a algunos analistas a pensar en las enormes posibilidades que se abren para que Cuba experimente una auténtica revolución inmobiliaria asociada al sector del lujo.

En la Isla, el mercado negro ha sido el espacio en que se han formalizado numerosas transacciones, casi siempre a precios muy bajos, entre 10.000 y 12.000 dólares, y en condiciones oscuras y poco transparentes, dado que se estaban realizando transacciones sobre activos que, en muchos casos, eran titularidad del estado castrista. Desde las recientes reformas a la compra venta de viviendas introducidas por Raúl Castro, muchas operaciones realizadas han observado alzas de precios hasta los 60.000 CUC (unos 65.000 dólares) en las zonas de nivel medio alto, como El Vedado de La Habana.

Con un nivel adquisitivo muy bajo, la posibilidad de la población cubana para acceder a estos activos depende de la ayuda exterior. Si las normas anunciadas por Obama se llevan a término, las familias residentes en Estados Unidos podrán mandar 2.000 dólares a Cuba cada tres meses. Una cantidad que permite el acceso a este tipo de activos.

Los residentes en el exterior, cubanos, han provocado la aparición de dos segmentos de mercado cuyas posibilidades de crecimiento son muy destacadas. 

El primero, está integrado por quienes compran una vivienda para pasar los últimos años de vida, después del retiro, en su lugar de origen.Una opción legítima que abre posibilidades de desarrollo para la construcción, con su impacto en términos de empleo, sueldos y beneficios.

El segundo segmento de mercado se ha dirigido a la compra de viviendas para destinarlas al alquiler a extranjeros, tras las últimas reformas legales del régimen. Este segmento está orientado claramente al negocio, y los analistas piensan que muchos pequeños hoteles y casas rurales pueden surgir conforme los residentes en el exterior observen que estas actividades se benefician del aumento que se espera de turistas, sobre todo de EEUU.

Los cubanos que están participando de esta ola expansiva asociada al sector vivienda, presentan un nivel de vida más elevado que la media. Las desigualdades económicas están apareciendo a gran velocidad cuestionando la ideología central del régimen, cada vez más distante de los principios revolucionarios.

Por otra parte, no conviene olvidar que hasta la fecha, los extranjeros tienen muy limitada la adquisición de viviendas en suelo cubano salvo casos muy concretos. El régimen tendrá que afrontar una revisión de esta política cuanto antes, pero no parece que exista interés en las autoridades para hacerlo.

Finalmente, la apertura diplomática entre Washington y La Habana está provocando muchas especulaciones sobre lo que podría ocurrir si los estadounidenses compran legalmente propiedades en Cuba. Por ahora, el embargo económico permanece vigente: los estadounidenses no pueden comprar propiedades en Cuba ni viajar como turistas. Esto no impide que algunos usen resquicios del sistema para hacerse con inmuebles. Es arriesgado. 

La legalidad de las transacciones, sobre todo, las que se realicen con viviendas cuyos legítimos propietarios son ciudadanos de Estados Unidos o cubanos de esa nacionalidad, sigue siendo una cuestión pendiente de las compensaciones por las expropiaciones. El mercado está ahí, pero su desarrollo y extensión exige que el régimen castrista cumpla con el derecho internacional y asuma su responsabilidad. Es de justicia.

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