¿Pero qué está pasando en la economía castrista?

Elías Amor Bravo, economista
 
El consejo de ministros castrista, presidido por Raúl Castro, se reunió para analizar los resultados de la economía cubana en el primer semestre del año y formular una previsión de su comportamiento para lo que resta de 2016. La noticia ha sido divulgada en la mayoría de los medios dependientes del estado, pero la realidad es que no han trascendido cifras al uso, es decir, estimaciones del crecimiento económico o de las principales variables.

Como viene siendo habitual en estos cónclaves, la información fue facilitada por el titular del ministerio de economía y planificación, Marino Murillo y aprobada, sin más, por los miembros del consejo de ministros. Sería deseable que en los próximos días, cuando este informe se traslade a la Asamblea Nacional, se presenten los datos numéricos que permitan realizar una valoración objetiva del estado de la economía castrista y sus perspectivas. De momento, solo podemos basarnos en lo que dice Murillo.

En todo caso, las cosas no deben estar bien. En la reunión, Murillo ofreció explicaciones del escenario económico del semestre, del que solo ha trascendido que “se garantizan aquellas actividades que posibilitan mantener la vitalidad del país, en particular las que generan ingresos y sustituyen im­portaciones”. Esta es la misma historia del siempre. Nunca hay margen para el crecimiento sostenible. Siempre las cifras de la economía castrista se mueven en el filo de una navaja de la escasez en la que se hacen malabarismos para “ahorrar, no gastar y reducir”, en vez de apostar por la libertad y el dinamismo de las fuerzas productivas de la economía, su expansión y crecimiento. La única receta que puede servir para que la economía castrista supere su atraso.

Esa obsesión compartida por el equipo dirigente del régimen de destacar la necesidad de eliminar “gastos innecesarios y aprovechar las reservas de ahorro y eficiencia que existen en la economía”, se viene repitiendo, en mayor o menor medida, desde los años 60 del siglo pasado, una doctrina comunista de viejo cuño, autárquica, cuartelera, basada en el racionamiento impuesto a la población provocado por la falta de una oferta en cantidad y calidad adecuada a las necesidades sociales e individuales.

Con los escasos datos que se han ofrecido, poco podemos apuntar al respecto. Solo se sabe que la mi­nistra de finanzas y precios, Lina Peraza, aprovechó el consejo de ministros para presentar la li­quidación del presupuesto del estado en el año 2015, que también será trasladada a los diputados de la Asamblea, sin precisar cuándo. El dato más alarmante ofrecido por la señora Peraza es el aumento, una vez más, del déficit del estado, uno de los desequilibrios estructurales de la economía castrista que la impiden crecer plenamente. El desajuste entre ingresos y gastos ascendió a 5.055 millones de pesos que representa el 6,1% del PIB, una cifra insostenible para una economía poco productiva como la castrista. Según la señora Pedraza Rodríguez, la actividad presupuestada que en el caso de Cuba representa más del 65% del PIB, “se comportó en el entorno de lo aprobado, concentrando el 54% de los gastos en los sectores de la educación, la salud pública y la asistencia social”, en tanto que las infraestructuras, de las que tan necesitada está la economía nacional, ni se habló. Mientras el gasto corriente siga disparado, provocado déficit, la economía seguirá mostrando su debilidad para crecer y satisfacer plenamente las necesidades de la población, y ya van así 57 años.

Como dato curioso, la ministra informó que se destinaron recursos para subsidiar acciones constructivas en las viviendas por 1.117 millones de pesos, de los que se ejecutaron 809 millones. Totalmente insuficiente. Con esta financiación se beneficiaron más de 16.469 personas, aunque quedaron re­cursos pendientes de distribuir al cierre del ejercicio, lo cual “denota que los órganos en provincias y municipios deben agilizar este proceso”. Es evidente que los procesos de gestión existentes en el sector presupuestado castrista no facilitan el dinamismo de la economía, incluso en un sector clave para el bienestar de la población, como es la vivienda, que se sigue moviendo a unos niveles muy bajos. Se hace necesario dar rienda suelta a la empresa privada en el sector de la construcción y dejarse de fórmulas alternativas.

El otro punto fuerte del consejo de ministros económico lo lanzó Gladys Bejerano, Contralora general del régimen, que centró su exposición en explicar el centenar de acciones de control al proceso de liquidación del pre­supuesto del estado del 2015 y a la elaboración del anteproyecto del 2016. La Contraloría funciona a pleno rendimiento para atacar “las limitaciones y deficiencias en el control de los recursos en unidades presupuestadas y entidades de base”. Una función que se complementa con la vigilancia atenta del “comportamiento de las indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones de co­rrupción administrativa reportadas en el 2015”.

La Contraloría sigue castigando lo que denominan “hechos delictivos que ocurren en las organizaciones económicas” y confirma que las “acciones desarrolladas para disminuirlos no tienen aún todo el efecto deseado, pues prevalece en algunas administraciones un ambiente de descontrol e impunidad”. Para añadir que “estos se concentran en entidades de base y fundamentalmente en la subordinación local, con mayor incidencia en la actividad del comercio y la gastronomía y en el sector agroalimentario”, que son precisamente las actividades que han avanzado, en mayor medida, hacia la gestión privada.

Los hechos denunciados por la Contraloría van desde “la conducta asumida por parte de quienes se asocian para delinquir o faltar a la ética en beneficio propio y de terceros; los fallos en los sistemas de control interno; la inobservancia de los deberes funcionales; y el abuso en el ejercicio del cargo y en la utilización de facultades por parte de los directivos y funcionarios”, ni más ni menos.

Se tiene la impresión que la economía castrista, pese a estar bajo absoluto control del estado y no permitir el ejercicio jurídico de la propiedad privada, presenta numerosas deficiencias que están en el origen de su pésimo funcionamiento. La cuestión es que tal vez la vía elegida para corregir esos problemas, “desde la mejora de la calidad de los análisis sobre el comportamiento del presupuesto en los consejos de dirección y colectivos laborales, así elevar la exigencia sobre los compromisos de aportes, contribuciones y la disciplina en el cumplimiento de los convenios de pagos de la deuda tributaria” no parece que esté dando los frutos deseados.

La sensación de desconcierto que se trasmite, con este tipo de informaciones en los medios dependientes del régimen, no ayuda para mejorar la credibilidad externa de la economía, tan necesaria para atraer capital extranjero. Es todo un galimatía que se tiene que resolver de otro modo, propiciando las libertades económicas, el ejercicio de la propiedad privada y la gestión responsable, combinando con un papel del estado regulador, no intervencionista.

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