Pero ¿respetan las empresas castristas los derechos humanos?

Elías Amor Bravo, economista

¿Respetan las empresas castristas los derechos humanos?¿Es posible, de alguna manera, identificar algún tipo de práctica empresarial en línea con lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el estándar internacional que garantiza el reconocimiento de libertades individuales y condiciones de vida dignas a todas las personas del mundo?

No es una cuestión de respuesta fácil. La información disponible es limitada. Pero me temo que este tipo de cuestiones, por desgracia, no están presentes en la agenda de prioridades de la dirección económica del régimen castrista. Tendremos ocasión dentro de unos días cuando se reúna la asamblea nacional y se puedan leer los informes elaborados por los dirigentes económicos del régimen. No habrá referencia a los derechos humanos por parte de las empresas. Eso es seguro.

Algunos podrían pensar que corresponde a los gobiernos el papel de garante de los derechos. Y si en Cuba esa garantía brilla por su ausencia, como no resulta difícil constatar, qué se puede pensar de la relación entre los derechos humanos y las empresas.

La realidad es que en muy pocas ocasiones se piensa que en el escenario de la globalización en que se mueve la economía mundial, el respeto a los derechos humanos debe ser una prioridad para todos los actores, no sólo los políticos. La legislación castrista en materia de atracción de inversiones extranjeras no presta atención a esta cuestión, y así le va. Desde esta perspectiva de gestión, las empresas, cuyas actividades tienen amplias repercusiones sociales, deben desarrollar actuaciones concretas en la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, un error podría llevarnos a suponer que este tipo de práctica solo es recomendable para las grandes empresas con proyección global, lo que dejaría a las empresas castristas, alrededor de unas 10.000 según datos de la ONE, en su mayoría orientadas al interior del país, fuera de este cuadro de recomendaciones. No es así.

El objetivo del denominado Pacto Mundial, que surgió en 2000 y que es la primera iniciativa a nivel internacional en este ámbito, es que todas las empresas puedan tener un papel relevante en relación a la protección y defensa de los derechos humanos.

El Pacto Mundial ha definido un conjunto de Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos aprobados en 2011 por Naciones Unidas para trabajar en defensa de los derechos humanos. Una simple revisión de esos principios en el día a día de las empresas castristas nos permite constatar lo alejadas que están de ser consideradas empresas responsables.

Para ello sería necesaria su implicación con los derechos humanos en cinco grandes objetivos:

En primer lugar, deben aprobar una política de compromiso. Un paso que se considera imprescindible para garantizar el respeto de los derechos humanos en cualquier organización. En esa política se debe hacer constar el compromiso con el respeto de los derechos humanos y la forma en que se va a actuar para cumplirlo. No existen estadísticas actualmente de cuántas empresas cubanas tienen algún tipo de compromiso con los derechos humanos. El dato es inexistente.

En segundo lugar, se deben identificar los riesgos derivados de la actividad empresarial en materia de derechos humanos y ofrecerles una solución concreta. Este paso analiza los principales riesgos en derechos humanos que pueden provoca las actividades de la organización por medio de una auditoria en profundidad realizada por personal especializado. Entre otros indicadores, se deben tomar en consideración los países en que se opera, los riesgos específicos del sector y estudiar la cadena de valor de la empresa. Posteriormente, se actúa para prevenir y mitigar los riesgos. Cuando se estudia el modelo de perfeccionamiento empresarial que se sigue en muchas empresas estatales del régimen se podría pensar que este tipo de consideraciones se tienen en cuenta, pero la realidad es que rara vez aparecen de forma explícita. Por tanto, tampoco aquí se puede ser optimista.

En tercer lugar, se debe contar con mecanismos de reclamación. Con ello se quiere dar la palabra a las personas que han visto afectados sus derechos como consecuencia de las acciones de la empresa. A fin de afrontar este reto es preciso disponer de mecanismos que permitan la recepción de quejas y reclamaciones, así como ofrecer soluciones concretas a las mismas. ¿Reclamaciones en la economía castrista? Allí donde no existe libre elección y los consumidores se ven obligados a aceptar lo que el estado les suministra por medio de una canasta normada, la posibilidad de quejarse y de recibir alguna contestación está fuera de contexto. Más de 57 años operando de esta forma hace que las empresas castristas no muestren la menor consideración hacia estas cuestiones.

En cuarto lugar, las empresas deben comprometerse a dar formación sobre derechos humanos a sus trabajadores, integrando el respeto a éstos en la cultura de la empresa por medio de acciones de formación y sensibilización. Solo de ese modo los trabajadores y departamentos de la empresa tendrán información de cómo actuar de forma responsable y sin provocar impactos negativos. La formación sobre derechos humanos en las empresas estatales del régimen castrista es inexistente. Más bien, todo lo contrario. Lo que suele ocurrir es que a los trabajadores se les obliga a participar en actividades militares y de vigilancia y guardia en los fines de semana y tiempos de descanso, lo que tiene poco que ver con el respeto a los derechos humanos.

En quinto, se debe evaluar a los proveedores. El respeto a los derechos humanos no sólo afecta a a la empresa de manera directa por sus operaciones, sino también a través de las indirectas, procedentes de sus proveedores. Se estima que 1 de cada 6 trabajadores a nivel mundial trabaja en la cadena de suministro de otra compañía, por lo que es importante evaluar a todos los proveedores para ver si ellos producen algún tipo de impacto sobre los derechos humanos. De ese modo, la empresa en cuestión evita ser cómplice de vulneraciones a la vez que extiende su modelo de actuación responsable a toda la cadena de valor. En una economía donde el sector logístico es inexistente porque está controlado por el estado que se niega a ceder sus competencias en este ámbito en favor de las empresas privadas, la cadena de valor y la evaluación de sus impactos es otro asunto que interesa muy poco, por no decir nada.

La somera revisión de los cinco ejes que constituyen el compromiso empresarial con los derechos humanos en la economía castrista deja un amargo sabor de boca. Tal vez, la desaparición de Fidel Castro debería servir como punto y aparte para empezar a trabajar sobre estas cuestiones estratégicas. Los cubanos deben saber que esto es muy importante para el futuro de Cuba y el atractivo de su economía en el mundo. No se si realmente los dirigentes tendrán algún interés.

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