El presupuesto de Cuba para 2017 y sus efectos negativos sobre la economía (I)
Elías Amor Bravo, economista
La Oficina Nacional
de Estadística de Cuba ha publicado en su página web la Ley 122 del Presupuesto del
Estado castrista para el año 2017. Un documento que permite realizar
un diagnóstico de las políticas públicas y los aspectos
diferenciales de la economía castrista con respecto al resto del
mundo.
El presupuesto nace
con un elevado déficit, que previsiblemente aumentará a lo largo
del año. Un notable desequilibrio en las cuentas públicas con una
diferencia entre los ingresos y gastos que supone -7.330,4 millones
de CUP, alrededor del 8% del PIB proyectando la cifra de 2016 a 2017,
con los últimos datos que apuntan al estancamiento/recesión de la economía.
En un ejercicio en
que la economía no parece que vaya a registrar los necesarios
impulsos procedentes del exterior, el régimen castrista se embarga
en un déficit compensatorio fuertemente concentrado en la actividad
estatal, que pretende hacer frente a las lúgubres expectativas con
las que se trabaja y evitar así un brote de malestar social o un
estallido de consecuencias mucho más graves. Lo problemático es que
lo consigan.
El déficit está
provocado por unos ingresos que alcanzan 52.586,9 millones de CUP
frente a unos gastos de 59.042,3 millones de CUP. La insuficiencia de
los ingresos para cubrir los gastos lo es sólo en el papel, ya que
el peso que representan sobre el PIB de la economía cubana, un 60%,
confirma que el carácter estatal y centralmente planificado de la
misma se refleja claramente en las cuentas públicas. No hay margen
para la actividad privada. El estado necesita financiar su
estructura paquidérmica con todos los recursos disponibles.
Por otra parte, los
gastos, fuera de control, aumentan al 68% del PIB, de modo que la
participación de la actividad que se podría calificar como “no
estatal” (para diferenciar de lo que debería ser un sector privado
empresarial moderno y competitivo) queda relegada a poco más de un
30% del PIB.
Una cifra ajena a la
realidad socieconómica de otros países de la región o de la
sociedad occidental, en su conjunto. Nadie debe llamarse a engaño: las reformas raulistas no han
disminuido el peso aplastante del estado en la economía cubana, sino
que lo mantienen y si acaso, lo refuerzan.
Pero es que además,
la composición de los gastos del estado es claramente negativa, en
términos de su impacto sobre la economía. Así, por ejemplo, los 59
mil millones de CUP que se destinan a gastos, alrededor de 36 mil
millones son los que se producen en la denominada actividad
presupuestada, dependiente directamente del estado; en tanto que
otros 22 mil millones se destinan a transferencias a dicho sector, en
general, a empresas deficitarias e improductivas.
Un pésimo diseño
presupuestario en un ejercicio en que sería necesario practicar un
enfoque más austero, y que, en el lado opuesto, tan solo destina
4,8 mi millones de CUP, menos del 8% a los gastos de capital e
infraestructuras, que son fundamentales para el desarrollo económico
de la nación y supera así su atraso y baja competitividad. Con este diseño, se entiende por qué el régimen está tan interesado en que sean los inversores extranjeros quienes aporten el capital que no se desea movilizar.
A
resultas de ello, el presupuesto castrista de 2017 nace con un nivel
de endeudamiento “reconocido” de 14.193 millones de CUP, que se
pretenden financiar con el recurso a bonos con un
plazo de amortización desde uno hasta veinte años y un
tipo de interés 2,5% anual.
Muy propio del sistema de intervención estatal que dirige y controla la oferta y demanda monetaria del país.
Estos bonos serán adquiridos por el
sistema bancario nacional, ante el reconocido imposible acceso a los
mercados de capitales internacionales, en un ejercicio de colocación de estos títulos en el ahorro interno que dejará muy pocos recursos (prácticamente ninguno) a la actividad no estatal, lo que no resulta conveniente para las débiles
estructuras de la economía del país. De todo ello, cabe esperar que
los problemas acuciantes de financiación que golpean de forma
sistemática a la economía se vean especialmente agravados, sobre
todo, para los inversores extranjeros que deseen retornar beneficios
a sus casas matrices.
Tiempo
habrá en otro post de este Blog, para analizar la panoplia de
impuestos que recargan la actividad de los agentes económicos en
Cuba y mostrar la discrecionalidad en la aplicación de exoneraciones
y beneficios, más orientadas por los criterios políticos del
régimen que por el deseo real de estimular la actividad productiva.
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