De pagar impuestos, nada

Elías Amor Bravo, economista

Un artículo en Granma titulado “Impuestos: una responsabilidad social” nos obliga a realizar unas reflexiones sobre el significado de una política tributaria en un régimen autoritario, no democrático. Es cierto que el pago de los impuestos es una actividad que permite a los gobiernos obtener ingresos para financiar sus actividades.

Pero la acción fiscal pertenece al ámbito de la actuación del sistema democrático y de derecho, en el que el gobierno responde de sus actuaciones ante los electores y se encuentra limitado por los poderes parlamentario y judicial. En Cuba, actualmente, esas condiciones ni se presentan, ni cabe esperar que el régimen castrista las vaya a impulsar. En tales condiciones, la política fiscal democrática es imposible. El estado castrista tiene que dirigir su voracidad recaudatoria hacia otras bases impositivas. Generalmente, no tributarias, intentando con ello escapar de ese control democrático que los ciudadanos deben realizar de la recaudación de los impuestos.

En Cuba, el estado recauda a partir de las rentas obtenidas por sus activos. En una economía en la que los derechos de propiedad privada se encuentran proscritos o referidos a un conjunto de actividades de bajo nivel de productividad, las fuentes principales de renta ya se encuentran en manos del estado autoritario. No se necesita, en tales condiciones, el establecimiento de un sistema tributario que recaiga sobre las rentas obtenidas por las empresas y los individuos. En Cuba, toda la riqueza y el capital productivo de la economía están controlados directamente por el estado. No se a qué cuento viene la idea de los impuestos como responsabilidad social.

El nivel tan bajo de los salarios nominales de los trabajadores viene motivado por la exacción de rentas que practica el estado directamente en la productividad del trabajo. Lo que no se conoce en ningún otro país del mundo. El régimen castrista recauda ingresos con los sueldos de los trabajadores. Y si no que lo pregunten a los médicos y profesionales en misiones en el exterior, o las nuevas condiciones salariales de los trabajadores que prestan sus servicios en las empresas de capital extranjero. El modelo no admite costuras. La capacidad del estado para recaudar es absoluta. Donde quiera que exista una fuente de ingresos, el estado castrista recauda y se hace con la riqueza excedente. Incluso en los pequeños trabajadores por cuenta propia a los que somete a una vigilancia y control absoluto para frenar su crecimiento.

En tales condiciones, cabe preguntarse qué sentido tiene este artículo de Granma sobre la relación entre impuestos y responsabilidad. Me temo que este periódico está recogiendo una preocupación de las autoridades, en este año de recesión económica cercana al llamado período especial, y es la caída espectacular de los ingresos del estado, de la recaudación. Si la economía no crece, las tasas impositivas aplicadas a una renta menor suponen una menor recaudación. Esto ocurre en todas partes. La economía castrista, que limita y ahoga a los sectores más dinámicos y productivos, y ahí está el ejemplo reciente de los “boteros” en La Habana y no hace mucho tiempo, la agresión a los vendedores de los mercados de oferta y demanda, se encuentra atrapada por un ejercicio en el que las previsiones de ingresos caen en espiral, y el déficit inicial de la Ley 122 de presupuestos, estimado en un 7% se puede quedar muy por debajo de la realidad.

Más grave aún cuando el acceso al crédito internacional del régimen castrista es nulo, a pesar de las favorables condonaciones de deudas y préstamos por el Club de Paris hace apenas un año. Sin ingresos en el interior y sin financiación internacional, el régimen quiere exprimir más aún a los cubanos, y trata con este tipo de artículos en Granma de mencionar la responsabilidad del contribuyente, sin reconocer que ese comportamiento es propio de los sistemas democráticos y plurales en los que políticos de distintas ideologías se someten a escrutinio público cada cuatro años para ofrecer a sus votantes políticas y programas acordes con sus preferencias. En el modelo socio económico castrista, qué puede ofrecer el único partido autorizado, el que gobierna durante más de 55 años bajo la dirección castrista. Nada.

Si con este tipo de artículos el régimen quiere aprovechar la oportunidad para ofrecer una imagen de normalidad con respecto a lo que ocurre en otros países conviene recordar a los cubanos que actualmente casi el 75% del PIB generado en la economía cubana cada año está bajo control del estado, un porcentaje que no se observa en ningún otro país del mundo, y que no justifica en modo alguno ese llamado a la responsabilidad fiscal.

En todo caso, debería ser el régimen el que da ejemplo apretándose el cinturón presupuestario, en vez de financiar tanto gasto corriente y despropósito en la forma de las organizaciones de masas que soportan la estructura política. Si en vez de ello, priorizara la inversión productiva en infraestructuras, el escenario podría ser bien diferente.

Los cubanos deberían entender que la ONAT, aliada de la policía política del régimen, no tiene justificación en un sistema político no democrático, y que, en todo caso, es un instrumento más al servicio del poder para no se sabe bien qué, salvo perseguir y acosar a aquellos que generan riqueza y prosperidad.

Ya lo he expuesto en alguna ocasión anterior. Mala herencia está dejando el régimen autoritario al futuro con estas prácticas fiscales que no se corresponden con el statu quo no democrático que impera en el país. Los cubanos hacen bien de no pagar sus impuestos, y deberían convocar una huelga de pago de impuestos porque lo que reciben a cambio es menos libertad y más represión y una agenda de servicios que cada vez tiene menos calidad y utilidad. Los años de las vacas gordas se acabaron, si es que alguna vez existieron después de 1959. La hora de la libertad económica y la democracia ha llegado, y de nada sirven ni las bonificaciones ni los aplazamientos, cuando más del 90% de la renta generada por un trabajador cubano se la lleva el estado directamente.

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