En torno a las medidas contra trabajadores por cuenta propia publicadas en la Gaceta de 31 de julio (I)

Elías Amor Bravo, economista
La publicación en la Gaceta Oficial Extraordinaria Número 31 de una serie de medidas diseñadas para el “perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia” supone al menos de momento, el cierre del proceso de creación de una economía privada de emprendedores libres en el régimen castrista.
Las medidas llegan cuando la cifra de emprendedores se encuentra estabilizada, son 567.982 personas las que ejercen el trabajo por cuenta propia en Cuba, en un porcentaje de apenas el 12% de los ocupados en el país. Según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y con referencia al artículo de Granma, la composición de estos emprendedores es variada: un 32% de los incorporados son jóvenes; el 33% mujeres; un 16% trabaja como asalariado en algún centro estatal; y un 11% pertenece a la población jubilada.

El artículo de Granma da una de cal y otra de arena. Se extiende en los beneficios del trabajo por cuenta propia, al que atribuyen “su validez como opción de empleo, que ha facilitado el proceso de reordenamiento laboral, y al mismo tiempo aumentar la oferta de bienes y servicios con niveles de calidad aceptables, así como aligerar gradualmente la carga del Estado para permitir que este se concentre en actividades trascendentales para el desarrollo económico cubano”.

No se equivocan. De todas esas razones, tal vez la más importante es el deseo de libertad, autonomía e independencia que domina la personalidad de ciertos individuos, cuyo proyecto de vida no consiste en estar a las órdenes de un burócrata planificador, sino poner en marcha su creatividad, innovación y capacidad de asunción de riesgos para obtener riqueza. Este beneficio, sin duda el más importante para cualquier emprendedor, no se menciona en el régimen, donde la riqueza, como ya se aprobó en la Asamblea nacional, está prohibida.

Por ese motivo es que el número de emprendedores apenas ha aumentado desde que en octubre del 2010 se empezó a aplicar medidas para flexibilizar y ampliar el ejercicio del trabajo por cuenta propia en el país. En aquel momento se produjo un boom en forma de efecto champagne que no ha tenido una continuidad posterior. Y si bien es cierto que la eliminación de prohibiciones para el otorgamiento de nuevas autorizaciones y la comercialización de producciones y servicios así como la aprobación de la protección al sector a través de un régimen especial de seguridad social eran medidas dirigidas a conseguir que más cubanos se lanzaran a la actividad emprendedora, el balance final deja mucho que desear.

La razón: que un sistema económico de libertad de emprendimiento no se puede construir a base de medidas administrativas, reglamentos y autorizaciones. Y mucho menos, orientando toda la actuación pública a la vigilancia, orden, control y persecución de lo que llaman “desviaciones en la implementación de la política”. Por eso, las medidas que se contienen en la Gaceta Oficial extraordinaria del 31 de julio no van a servir de nada. Tiempo al tiempo.

Ya pasó lo mismo allá por los años 90 cuando se eliminaron todos los vestigios de actividad privada generados durante el período especial, e incluso, a finales de los años 60, los cubanos vivieron la nefasta experiencia de la llamada "ofensiva revolucionaria" que terminó de liquidar los vestigios de actividad privada que las confiscaciones de los primeros años de la llamada "revolución" habían dejado en pie. Siempre que aparece riqueza económica, el castrismo la elimina. Esta es una práctica bien conocida y que sabíamos que tarde o temprano iba a llegar. Pues bien, ya llegó, y esta vez con un disfraz que dificulta saber cuáles son los efectos perseguidos.

¿Qué pretenden las medidas adoptadas y por qué van a ser un fracaso?

La respuesta la tenemos en el artículo de Granma.

La burocracia castrista quiere implementar “un proceso sistemático de revisión y perfeccionamiento, encaminado a corregir deficiencias, de manera que ninguna acción quede al margen de la legalidad”.
¿Cuáles son esas ilegalidades? Las cito textualmente: “la utilización de materias primas, materiales y equipos de procedencia ilícita; el incumplimiento de obligaciones tributarias y la subdeclaración de ingresos; falta de enfrentamiento y solución oportuna a los problemas; imprecisiones e insuficiencias en el control; deficiencias en la contratación económica para la prestación de servicios u oferta de productos entre personas jurídicas y personas naturales”.

Por mucho que digan no pretenden frenar la expansión de la actividad emprendedora, estas medidas ni van a consolidar la organización y el control del trabajo por cuenta propia, ni van a servir para que pueda continuar avanzando de manera ordenada y eficiente. Estas medidas son un freno a la actuación de los libres emprendedores porque están basadas en el sistema jurídico de derechos de propiedad e intervención estatal que domina al conjunto de la economía. Y los nuevos emprendedores, precisamente, no quieren someterse a unas normas que son la antítesis de lo que necesitan para prosperar. El conflicto está servido.

Para empezar, la regulación aprobada establece que “no se concederán nuevas autorizaciones para un grupo de actividades hasta tanto concluya el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia”. Se frena así de facto la autorización de nuevos emprendedores y se sitúa en el mismo plano que la actividad de las empresas estatales y su perfeccionamiento.¿Qué es eso del perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia? Si tuvieran alguna idea de cómo funciona una economía, sabrían que ese perfeccionamiento no necesita experimentos del gobierno ni medida de ningún tipo, porque es el mercado con sus informaciones de precios y cantidades, quién se encarga de poner a cada uno en su sitio. Visto desde esta perspectiva, los comunistas no quieren que avance el mercado como instrumento de asignación de recursos y lanzan una ofensiva contra aquellos emprendedores más orientados hacia estas prácticas.

En concreto, se anuncia que de manera definitiva, en lo adelante no se otorgarán autorizaciones en las actividades de “vendedor mayorista de productos agropecuarios, vendedor minorista de productos agropecuarios, carretillero o vendedor de productos agrícolas de forma ambulatoria, comprador vendedor de discos y operador de equipos de recreación para los equipos rústicos”. Es decir, al haber menos oferta, los precios de los productos tenderán a subir o los mercados a desabastecerse. Nada nuevo en la economía castrista. Las quejas no tardarán en llegar.

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