La autarquía en la agricultura: otra vía equivocada del régimen castrista


Elías Amor, Economista

¿Por qué Cuba debe producir los alimentos que necesita? Buena pregunta la que se formula Freddy Pérez en un artículo del mismo título publicado en el diario del régimen, Granma. El autor sostiene que “resulta inadmisible continuar gastando cada año cifras millonarias en la compra de alimentos, muchos de los cuales pudieran producirse aquí, si el sector agropecuario fuera más eficiente y utilizara como es debido los adelantos de la ciencia y la técnica en favor de aumentar los rendimientos”.

En cierto modo, lleva razón. No es posible comprender cómo Cuba, que antes de 1959 producía lo suficiente para consumo interno y exportación en alimentos de todo tipo, tiene que dedicar alrededor de 1.700 millones de dólares anuales para comprar productos alimenticios en el mercado mundial.

Si se tiene en cuenta que los cambios producidos por la llamada “revolución” en la economía cubana trastocaron el sistema productivo eficiente y competitivo del pasado en un paquidermo ineficiente y agónico, la respuesta a la pregunta es inmediata, y no hace falta mucha más reflexión.

Sucede que en el castrismo, desde la aprobación de los “Lineamientos”, existe una cierta obsesión por superar ese atraso productivo que hipoteca las cuentas externas a los alimentos básicos para la población. Pocos países del mundo no consiguen garantizar las necesidades alimentarias de sus ciudadanos. El castrismo en Cuba es uno de esos casos.

El problema no se debe situar en términos de la estática comparativa internacional, o a factores exógenos como los precios en los mercados mundiales. Hacer esto es lo de siempre, lanzar las responsabilidades propias sobre otros, sin asumir el verdadero origen del estado de postración de la economía. No cabe duda que si Cuba, por ejemplo, mantuviera niveles de producción de azúcar en el entorno de los 6 millones de toneladas, los ingresos que podría obtener por exportaciones prácticamente resolverían esa carencia de alimentos. El problema nos lleva, una y otra vez, a las decisiones del régimen, todas ellas alejadas de la racionalidad económica. Cuba, la otrora potencia azucarera mundial en 2011 tiene que importar azúcar para atender las necesidades de consumo de la población. Esa y no otra es la dura realidad.

Si la economía castrista no hubiera destruido las bases de un régimen de derechos de propiedad, el espíritu empresarial, la relación entre vocación y formación, y el desarrollo de iniciativas dirigidas a la rentabilidad y la acumulación, la situación actual habría sido bien distinta. A pesar de los aumentos de precios de los alimentos en los mercados mundiales, Cuba podría exportar otros bienes y servicios, por ejemplo azúcar y sus derivados, con los que equilibrar sus cuentas externas e incluso obtener superávit.

Sin embargo, el régimen decidió apostar por un sistema basado en las regalías de la subvención soviética que limitaba las potencialidades productivas de la economía, convirtiéndola en una entidad financiada a largo plazo, con un nivel básico de satisfacción de necesidades, acordes con la doctrina igualitaria del racionamiento y la carestía de tan penosas consecuencias.

Los años no pasan en balde, y en este comienzo de siglo XXI, la apuesta del castrismo y la llamada “revolución” lleva a la economía cubana a depender del exterior en la satisfacción de sus necesidades alimentarias de la población, por cierto, a niveles de calorías muy inferiores a los de otros países similares, y con una menor capacidad de elección para la población.

¿Qué hacer? Desde luego, nada de lo que se está impulsando actualmente sirve. Hace unos días, Carlos Alberto Montaner en un artículo formidable, comparaba Cuba y Taiwan en siete indicadores sociales y económicos para explicar la distinta evolución los dos países. Algunas propuestas se pueden obtener de ahí.

Lo primero, es modificar cuanto antes y un giro de 180º el sistema de relaciones institucionales y jurídicas que han conducido a este fracaso histórico.

Segundo, promover la iniciativa privada en el sector agroalimentario, con una amplia redistribución de la propiedad a favor de explotaciones orientadas por el criterio del beneficio y competitivas a la hora de decidir producciones y precios.

Tercero, abrir el sector agropecuario cubano a la inversión internacional con máxima prioridad a todo aquello que suponga transferencia tecnológica, inversiones en la formación y adiestramiento de los recursos humanos, y promoción de las exportaciones.

Cuarto, orientar los centros de investigación agroalimentaria (semillas, fertilizantes) existentes en la Isla, así como las universidades especializadas en el mismo sector, hacia el sector privado a nivel de toda América Latina, fomentando intercambios científicos, y la gestión y explotación de patentes por parte de las empresas pertenecientes al sector de servicios.

Quinto, liberalizar los procesos de retribución, selección y contratación en el sistema agropecuario para fomentar el atractivo del trabajo en este sector, promoviendo empresas individuales, sociedades limitadas y favoreciendo el desarrollo empresarial a todos los niveles.

La autarquía alimentaria que transpira este artículo de Granma es una aberración en la economía global en la que nos encontramos. El principio de la división internacional del trabajo, ya descrito por los economistas clásicos del siglo XVIII, debe ser la orientación de toda la política económica del régimen, si quieren salir adelante. No se trata de producir para autoconsumo como en las aldeas de la edad media.

El comercio existe como un medio para aumentar la riqueza a partir del intercambio mutuamente benéfico. A nivel multilateral las posibilidades son incontables. La “seguridad nacional” que este planteamiento autárquico y trasnochado pretende conseguir, puede crear muchos más problemas a medio y largo plazo, al fomentar una estructura productiva poco competitiva, de reducidas dimensiones, orientada al mercado interno, poco especializada, que podrá ser barrida con facilidad en el momento por la oferta internacional, que tarde o temprano ha de llegar, cuando Cuba se abra al mundo.

Ni existe caos global, ni tampoco un mundo que se ha dedicado a comprar alimentos y no a producirlos. Todas esas majaderías que se enumeran en el artículo de Granma son inventos que no se corresponden con el entorno real de la actividad global. Nos encontramos ante un escenario en el que la doctrina castrista ha entrado en grave crisis, debe reaccionar cuanto antes, no lo está haciendo en la dirección correcta, y se están inventando una historia que no existe para justificar sus “lineamientos”.

Hora es de decirlo claramente, y de afirmar que la vía elegida es inútil y no va a resolver problema económico alguno, sino a agravar los que ya existen de forma permanente. La llamada “revolución” tiene en el sector agroalimentario su gran fracaso, y cuanto antes lo reconozca mejor será.

En lo único que puedo estar de acuerdo con el artículo es con una frase final en la que dice textualmente, “se impone un cambio de mentalidad y desatar los nudos que atan el desarrollo de las fuerzas productivas, barriendo las trabas objetivas y subjetivas que impiden avanzar con la mayor celeridad en la solución de esta disyuntiva”. Hasta ahí, de acuerdo. El ¿cómo? Es lo que se tiene que discutir.







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