Recetas para la mejora del comercio en Cuba: en la dirección contraria de lo que pretende el régimen



Elías Amor

Uno de los sectores más atrasados y que presenta un mayor nivel de ineficiencia en la economía castrista es el comercio.

Tras el triunfo de la denominada “revolución”, los máximos dirigentes del sistema identificaron a los honrados profesionales del comercio, a los que se dedicaban a la actividad intermediaria y mercantil, como enemigos y usureros a los que había que suprimir de la escena económica. Muchos vieron sus comercios y negocios confiscados sin compensación alguna. Muchos quedaron sin propiedades, ni ahorros, ni capacidad económica tras muchos años de sacrificio, trabajo y ahorro. La demagogia radical y oportunista del régimen instauró una libreta de racionamiento, bajo una interpretación malévola del concepto de equidad, y nadie protestó. A resultas de aquella extraordinaria reforma, la circulación comercial en Cuba desapareció, y la otrora abundante y surtida oferta de los comercios en la isla, pasó a ocupar esa imagen de depauperación y pobreza que las fotografías trasladan todos los días.

El raulismo ha lanzado para su supervivencia la estrategia denominada “Lineamientos” que busca en el ámbito del comercio, un proceso de reordenación de las empresas estatales a fin de alcanzar una mejor gestión y control de sus recursos, una mayor precisión en la contratación y un incremento en la gestión comercial. En el diario oficial del régimen, Granma, se menciona de forma expresa el caso de la Unión de Empresas de Comercio y Gastronomía de La Habana, al parecer inmersa en este proceso de cambios.

La importancia de este proceso es muy significativa. No conviene olvidar que La Habana  concentra el 25 % del total del comercio del país.

Cabe preguntarse qué cambios son los que se están produciendo y qué efectos cabe esperar de los mismos. En esencia, estamos hablando de pequeños retoques estéticos en la deteriorada oferta comercial del régimen que no van a resolver los problemas de fondo. Básicamente “los programas iniciados el pasado año con la venta de materiales de la construcción, la venta de insumos agrícolas, de productos de aseo y de renglones alimentarios liberados de la canasta básica”. Pretender mejorar la situación de poder de compra de los cubanos con estas acciones descoordinadas y poco efectivas, es querer y no poder.

Las autoridades del régimen carecen de la visión global e integral que posee una economía cuando todos los mercados se ponen en relación unos con otros a través del efecto combinado de la información procedente de precios y salarios, rentas y gustos y preferencias. Dicho en otras palabras, de nada sirve practicar pequeños y tímidos ajustes en determinados renglones de la actividad económica, si todavía existe un elevado porcentaje en manos de la ineficiente maquinaria estatal que se guía por otro tipo de decisiones políticas. Solo una amplia participación de la iniciativa privada en la economía podrá superar el atraso existente y dar a los cubanos libertad y capacidad de elección. Liberalización, privatizaciones y apuesta decisiva por la economía de mercado, con la conveniente regulación administrativa, es lo que debe hacerse y además cuanto antes.

En el mismo artículo de Granma se alude a la necesidad de “garantizar el desarrollo y fortalecimiento de los nuevos modelos de gestión”. Suena extraño. El comercio en Cuba antes de 1959 estaba a la altura de los más avanzados del mundo. Fórmulas explotadas con éxito en la Isla, trasladadas tras las confiscaciones castristas al exterior, dieron resultados espectaculares en países como España, donde El Corte Inglés es digno heredero de aquella época. Los grandes almacenes de La Habana estaban al alcance del gran público y la sociedad de consumo se había desarrollado en la Isla a unos niveles difíciles de encontrar en España o Italia en aquellas fechas.

Volver a aquella situación a partir del drama económico del castrismo es ciertamente difícil porque el régimen se resiste a aplicar las recetas necesarias para que los cubanos puedan elegir nuevamente bienes y servicios en condiciones de calidad y variedad. Cuando las autoridades declaran que “a los proveedores, en el otro extremo, también deba subírseles la parada” no hacen más que confirmar una vez más el absoluto desconocimiento de las reglas de funcionamiento de una economía moderna.

A nadie más que al fabricante de un producto le interesa que su actividad se encuentre sometida a un marco estable y previsible contractual y de confianza. El rigor en la contratación se consigue cuando los acuerdos entre fabricantes y distribuidores son mutuamente benéficos. La participación y o presencia del Estado en este ámbito de la relación mercantil es innecesaria. Las condiciones de entrega y de facturación están en el origen del interés asociado a la actividad comercial, no hace falta regulación alguna.

No deja de ser curioso que quienes acabaron con la ordenación contractual y jurídica de la economía cubana en virtud de una ideología estalinista de resultados dramáticos medio siglo después, se encarguen ahora de indicar que el comercio debe respetar “el contrato como instrumento jurídico”, que “debe consolidarse, así como la relación entre el personal administrativo, encargado de las negociaciones y concertaciones con los proveedores, y los abogados”.

La pregunta inmediata es ¿pero es que no se ha hecho siempre así?¿cómo se ha venido gestionando la actividad comercial en el régimen castrista?¿cuáles eran los canales del productor al consumidor?
Y qué decir del control económico, sobre el que insisten las autoridades como elemento fundamental de las reformas. ¿Quién dejó de controlar los recursos financieros y materiales?, ¿quién relegó a meros trámites la mayoría de las inspecciones y auditorías, tanto internas como externas, casi siempre utilizadas con fines malévolos?

El control económico de la actividad comercial es fundamental para su sostenibilidad. Esto lo saben bien tanto las grandes superficies que trabajan con “marcas blancas” como los establecimientos detallistas altamente especializados. Y no es cierto, como pretenden las autoridades del régimen, que el control económico mejore con “los mecanismos de fiscalización de las operaciones económicas y comerciales que comienzan por garantizar que esté bien confeccionada la documentación primaria de cada unidad de base y que se le exija por ella a cada administrador”. Esa burocracia fiscalizadora y controladora puede ser un obstáculo para que el comercio pueda evolucionar libremente, acumulando riqueza, redistribuyendo beneficios e invirtiendo en nuevas tecnologías de gestión para ofrecer a los clientes productos de mayor calidad y diversidad.

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