Un análisis de la ley tributaria castrista



Elías Amor Bravo, economista

Los cubanos no se deben engañar. No es cierto que no hayan pagado impuestos desde el triunfo de la revolución. Los han pagado con creces, a costa de unos niveles de vida bajos y miserables, con un estado totalitario estalinista, que extraía la práctica totalidad de los excedentes de los distintos sectores productivos al tener el control absoluto de la propiedad.
De ese modo, no hay que creer a la propaganda castrista cuando anuncia, a través de sus corifeos de turno, que se pone en vigor este 1 de enero la nueva Ley Tributaria de la “actualización” socialista. Falso. Los impuestos han existido, están en la base del sistema de planificación centralizada sin propiedad privada ni mercado. La masacre impositiva que se anuncia va dirigida a utilizar las fuentes de productividad que se vienen registrando en los negocios por cuenta propia, que son en este momento, los únicos capaces de generar excedentes en la obsoleta y paquidérmica economía castrista. Poco más.

Varias cuestiones deben ser planteadas.

En primer lugar, la ilegitimidad de una ley tributaria dentro del marco de un sistema antidemocrático en el que no existen libertades políticas, ni partidos, ni libertad de prensa o valores éticos similares a las naciones que poseen un pacto social con sus electores. En ausencia de ese contrato social inherente a la democracia, lo que está intentando el régimen castrista es reírse del mundo, obligando a los cubanos, sometidos por la coerción de un partido, estado y gobiernos, únicos, a pagar impuestos. 

En segundo, aunque la propaganda castrista se ha deshecho en referencias a la “cultura fiscal” de los cubanos, no tiene mucho sentido lanzar una ley tributaria en la que el número de exenciones y provisiones, supera al de nuevos impuestos, que alcanzan la cifra, nada desdeñable, de 25 figuras. ¿Quién en su sano juicio puede creer que un pueblo acostumbrado a “resolver” lo inmediato para subsistir, puede detenerse en el cumplimiento de unas normas tributarias que escapan de su conocimiento y ámbito de actuación? Me temo, en tales condiciones, que el castrismo, especialista en represión y violencia política contra los cubanos, utilice a partir de ahora la ley tributaria como un instrumento más de control y castigo. No tardaremos mucho en verlo. 

En tercero, cualquier experto en fiscalidad no puede estar de acuerdo con la afirmación del régimen de que la ley plantea “un enfoque que las autoridades califican de más “integral” y “flexible”, basado en “tendencias” internacionales y actuales”. Falso. La mayoría de los nuevos tributos pertenecen al ámbito indirecto, cuya base imponible afecta a todos por igual, lo que impide efectuar ese objetivo redistributivo. Vista en perspectiva internacional, la ley tributaria castrista, cuya derogación por un nuevo régimen democrático debería ser inmediata, se basa en una recua de figuras tributarias atrasadas, débiles en términos recaudatorios, y de una complejidad innecesaria.

Y lo que es peor, una ley contraria a la necesaria flexibilidad y mejoramiento que necesitan las nuevas actividades por cuenta propia para evolucionar. En contra de lo que afirma la propaganda, todo el peso recaudatorio recae sobre el único sector de la economía capaz de generar riqueza, de modo que los impuestos van dirigidos a frenar su crecimiento y mantenerlas bajo control.

En cuarto lugar, tampoco creo que esta ley vaya a resolver el problema financiero de la economía castrista. Su origen es distinto, y las soluciones van por otro camino. No es por la vía fiscal de los nacionales como la economía creada por los Castro puede salir adelante. Su problema es la financiación exterior, y para ello, se necesita ser más competitivo, vender más y a mejor precio a nivel internacional, para obtener un mayor valor por las exportaciones que por las importaciones. Ese no parece ser el resultado de la ley tributaria, cuyos mayores costes fiscales van a hacer que algunas actividades creadas dejen de ser competitivas en el exterior.

La ley, de momento, y para evitar males mayores, no fija tributos ni sobre los salarios, cuyo nivel es muy bajo y por tanto, no cabe extraer recursos fiscales, ni tampoco sobre las escasas transacciones de propiedades de viviendas.

Sin embargo, el armazón tributario está preparado para el momento en que las autoridades, con el elevado margen de arbitrariedad que tienen las decisiones de gobierno en la Isla, decidan. Y la lista es bien extensa, con tributos a la seguridad social, al desarrollo local, por ingresos personales, utilidades, uso de fuerza de trabajo, transporte terrestre, propaganda comercial y aduaneros. Para años posteriores, quedan postergados, entre otros, impuestos sobre servicios y productos en la red minorista, por el uso de playas, de aguas terrestres y por la propiedad de tierras agrícolas.

Los beneficios fiscales recaen, sobre todo, en la agricultura. Ultimo recurso del régimen para tratar de fomentar la producción en este sector. El “régimen especial” para los usufructuarios de tierras supone beneficios fiscales de un 50% en el tipo impositivo en comparación con otras áreas económicas. Como algunos analistas han venido explicando, esta decisión no es suficiente, ya que se requieren actuaciones más relevantes en el ámbito técnico productivo, que siguen esperando en los cajones de los ministerios.

Muchos cubanos recuerdan aún con mucho temor la decisión de Fidel Castro de introducir impuestos en 1994 para atacar a los emprendedores que durante el período especial habían conseguido aumentar sus recursos. Por más que Raúl Castro y la propaganda oficial se empeñen a fondo en mostrar las diferencias con aquel entonces, existe la convicción de que en cualquier momento se puede volver atrás. Nada en los “lineamientos” habla de una economía de mercado con propiedad privada, sino que se insiste en un modelo de “actualización del socialismo” que nadie sabe muy bien a dónde puede conducir.

La propaganda del régimen se ha empleado a fondo para contrarrestar estos temores. En las últimas semanas la televisión del régimen ha programado diversos espacios en los que, inusualmente, funcionarios del ministerio de finanzas han ido ofreciendo su versión oficial sobre  “los detalles y “beneficios” de la ley”, pero la realidad es que la mayor parte de las comunicaciones de los cubanos con el exterior, sus familiares, o en algunas webs oficiales, como Cubadebate, van dirigidas esencialmente a expresar ese temor, dudas y preocupación por la que se viene encima, una auténtica “avalancha” de impuestos que recaerá como una pesada losa sobre una sociedad de bajos salarios y escaso poder adquisitivo.

La consecuencia de todo ello es doble. De un lado, el escenario vuelve a cambiar, y aumenta la incertidumbre y la desconfianza a las autoridades, en un momento en que precisamente el régimen, si quisiera sacar adelante sus proyectos, debería estar creando las condiciones de estabilidad necesarias para ello. De otro lado, un amplio sector de los trabajadores por cuenta propia, de los que suponemos un espíritu emprendedor que entraña habilidades económicas superiores a la media, estudiará con detalle la ley tributaria e irá cambiando de actividad en función de esas “particularidades de la economía, sectores, o territorios en cada momento” según se establece en la ley. Es decir, que el pelador de fruta de La Habana tal vez observe que puede pagar menos impuestos si se establece en San Antonio de los Baños, y allí se moverá con lo que ello supone. Si, el régimen se ha metido en un buen lío, como en otros tantos, Ya veremos cómo sale. Si sale. 

Tomado de: (www.miscelaneasdecuba.net), 3 de enero de 2013

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