Dudas sobre la política de inversiones extranjeras en la economía castrista

Elías Amor Bravo, economista

Conforme se van conociendo más datos de la nueva Ley de la Inversión Extranjera castrista mas dudas aparecen, y desde luego, contradicciones difíciles de corregir.

¿Cómo, si no, interpretar lo que dicen los Funcionarios del MINCEX en un diálogo con Granma publicado el 9 de abril?, y cito textualmente, “La Ley no busca vender el país, regalar el patrimonio nacional o las tierras. Se trata de potenciar el crecimiento económico de la nación, respetando los principios socialistas y nuestras proyecciones en el proceso de actualización económica”.

Lo primero que se desprende de un enunciado como el anterior es un absoluto desconocimiento de lo que significa la inversión extranjera en la globalización, sus procedimientos, objetivos y fines. Tengo la impresión que las autoridades del régimen castrista continúan pensando en un tipo de inversión más propio de la época colonial que de los movimientos de capital   internacional en el siglo XXI. Así se entiende cuando hablan de “vender el país o regalar el patrimonio nacional o las tierras”. Un lenguaje, a todas luces, desafortunado.

Lo cierto es que cuando una multinacional de componentes de alta tecnología se instala en Costa Rica para fabricar piezas o una factoría de automóviles hace lo propio en España, dudo mucho que sus objetivos sean los que denuncian las autoridades castristas. La conclusión es que con ese tipo de prejuicios, los inversores extranjeros ya pueden saber con qué personajes se van a encontrar cuando empiecen a negociar sus proyectos en Cuba. No les arriendo ganancia.

Vaya por delante, además, que si los “principios socialistas” que se quieren respetar son los que representan Fidel Castro, o su hermano, Raúl, apaga y vámonos. Conocida es la experiencia catastrófica que para la economía cubana ha supuesto la imposición de esos “principios socialistas” durante medio siglo. La otrora economía productiva y competitiva de la República antes de 1959, convertida en un caos de ineficacia, baja productividad y falta absoluta de estímulos.

Y para concluir, la “actualización económica” de los Lineamientos, no se debe olvidar porque lo han dicho en repetidas ocasiones, no es más que la “actualización del socialismo”, el sistema que les ha llevado al caos. Insisten por tanto en la inviabilidad del modelo, y además, avisan. Por muchas precauciones contra posibles expropiaciones y demás, convendría ir con mucho cuidado a la hora de confiar el dinero a quienes confiscan y no pagan. Al menos así lo han hecho históricamente.

La realidad es que han desperdiciado una gran oportunidad para devolver a Cuba al mundo occidental, y situar a la economía en unas coordenadas de racionalidad capaces de atraer capital extranjero en condiciones adecuadas. Pero no han hecho los deberes. Ni siquiera se lo han planteado. El pulso de fuerza lo ha vuelto a ganar la ideología absurda que controla el país desde hace 55 años. En mi opinión, muy mal lo tiene Déborah Rivas Saavedra directora general de inversiones del MINCEX, si pretende ir por ese camino. Yo le recomiendo que lo deje cuanto antes. Puede ser peor el remedio que la enfermedad.

Y entrando en materia, lo primero que viene a colación es que no existen tantas diferencias entre la nueva norma y la antigua de 1995. Es verdad que los “aspectos sectoriales no estaban contemplados en la anterior, al igual que un reglamento detallado que establece los procedimientos a seguir por los inversionistas desde que se conciben los proyectos hasta su término”, pero en contra de lo que se afirma, en absoluto el nuevo procedimiento contribuye a respaldar la forma jurídica.

Mientras que el sistema político, económico e institucional castrista, supedita las decisiones económicas a los criterios políticos, la confianza de un inversor extranjero en la Isla escapa de cualquier medición objetiva de riesgo calculado.

Un ejemplo del camino elegido, son las agencias empleadoras, que van a fijar quién y cómo va a poder trabajar en las empresas con capital extranjero que se inauguren al amparo de la Ley. Si la directora general cree que los inversionistas pueden tener un mejor servicio con estas agencias empleadoras, se equivoca, porque la base de cualquier proyecto de capital extranjero es contar con los recursos humanos más cualificados, y no depender de decisión burocrática alguna. Insisto, por ese camino, van mal.

El supuesto de que los inversores desconocen el país y que la agencia empleadora ofertará trabajadores idóneos, es una quimera, y basta darse una vuelta por cualquier país del mundo para comprobar que esos obstáculos no frenan la acción de los inversores extranjeros. Precisamente, lo contrario, el intervencionismo castrista, suele paralizar cualquier decisión emprendedora.

Menos preocupante es que no se deje invertir servicios médicos, educacionales y la defensa del país. No creo que Cuba posea atractivo alguno en los mismos para el capital extranjero, pero el régimen ha utilizado este eje como una propaganda más para anteponer una falsa defensa de los intereses del país. Y qué decir de la llamada “cartera de oportunidades” para los inversores extranjeros, en sectores como turismo, hidrocarburos, energías renovables. Una vez más un intento de dirigir a los inversores extranjeros que son los dueños del capital y por tanto tienen el derecho legítimo a destinar sus recursos a lo que quieren y cómo quieren.  De esto no parece que se hayan enterado. Bueno, no pasa nada. Otros 55 años sin recursos son mucho tiempo. Esperemos que antes, el retorno a la libertad y democracia, cambien ese panorama desolador del régimen castrista,

Esa obsesión por el control absoluto es lo que lleva a Rivas Saavedra a decir que “los proyectos de inversión serán analizados, caso por caso, por una Comisión de Evaluación de Negocios con Inversión Extranjera, integrada por un grupo importante de Organismos de la Administración Central del Estado y otras entidades”. Burocracia, intervencionismo y discrecionalidad. Ingredientes magníficos para que los inversores extranjeros huyan de la ratonera en la que pueden ser atrapados en la Isla.  

Otros aspectos merecen atención.

Por ejemplo, dicen que el  marco legal de las inversiones extranjeras es “transparente y brinda seguridad jurídica”. Falso, por lo expuesto anteriormente. Sostienen que en la Isla “existe un clima social y político estable”, impuesto por una dictadura totalitaria que limita y restringe el ejercicio de los derechos democráticos y las libertades que existen en los países de procedencia de las inversiones. También presentan como un activo “el alto nivel educacional y la preparación del capital humano” para luego interponer la agencia empleadora en la selección de los trabajadores, restando libertad a las empresas.

Por otro lado, dicen que los cubanos que viven fuera del país pueden invertir en Cuba, pero por otro se afirma que la capacidad para autorizar la seguirá teniendo el país apostando por proyectos que puedan ser de su interés. Discrecionalidad que dejará fuera a los cubanos exiliados que lógicamente no sean del agrado del régimen o formen parte de las listas negras de la seguridad del estado, atenta a todos estos movimientos por las consecuencias que se pueden derivar de los mismos.

En cuanto a la fijación de los salarios de los empleados que presten sus servicios y sus cuotas máximas? No parece que el asunto esté completamente cerrado, ya que remiten a la competencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Tan solo enunciados vagos “el salario estipulado en la región latinoamericana para cargos similares y el salario promedio en Cuba”, que servirán para establecer un coeficiente más compatible entre lo que paga el inversionista y lo que percibe el trabajador. La única diferencia con la Ley anterior es que ahora paga el inversor extranjero directamente al trabajador.


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