Carta abierta a Leyanis Isabel Zorrila Romero

Elías Amor Bravo, economista

Me veo en la obligación de matizar algunas de sus afirmaciones contenidas en el artículo “Cuba: el futuro económico está escrito” y publicado en Cinco Días, hoy 12 de abril. Mal empieza, al definir “los escenarios de continuidad y gradualidad en la política económica en Cuba” porque créame, ninguno de los dos han dominado la gestión de las políticas públicas en materia de economía. Se han puesto en marcha medidas que han sido retiradas urgentemente por presiones comunistas, y viceversa. Lo que realmente caracteriza la situación es la incertidumbre y la obsesión por ganar tiempo.

No es cierto que en Cuba haya una “legislación garantista, para hacer compatible la economía de Estado y la gestión privada de importantes espacios socioeconómicos”. La legislación castrista no es garantista de nada, por cuanto coloca al estado por encima del ciudadano. La Constitución prohíbe los derechos de propiedad. Las libertades políticas no existen. De momento no se ha abierto ningún espacio socioeconómico importante, tan solo escenarios de propaganda como la Manzana de Gómez y el lujo, que excluyen al pueblo cubano.

En cuanto a la afirmación que “la desfiguración de la realidad por motivos meramente ideológicos resulta lesiva para los intereses de los empresarios e inversores que ven una oportunidad de negocio solvente en Cuba”, quiero decir que si hay alguien desfigura la realidad por motivos ideológicos es el régimen y el partido comunista dirigente, que quieren situar a Cuba en un escenario político ajeno a la sociedad occidental, al mundo y a la propia historia de Cuba desde su nacimiento como nación. Ese modelo llamado la “revolución” ya no tiene justificación y es un factor limitante de los negocios en Cuba y de las libertades públicas.

Tampoco es cierto que “la desaparición de Fidel Castro no tiene incidencia directa en el proceso de apertura de la economía cubana”, o que “desde 2000 en el país se ha venido desarrollando paso a paso el paradigma de cambiar lo que debe ser cambiado”. La desaparición física de Fidel y Raúl Castro es condición necesaria, pero no suficiente, para los cambios. Cuando finalmente el menor de los hermanos Castro deje este mundo se producirá el detonante de los cambios, si es que la orfandad ideológica comunista no es capaz de aportar una justificación a su continuidad. Ha ocurrido en otras dictaduras unipersonales a lo largo de la historia y en Cuba no tiene por qué ser diferente. Puede tardar más o menos, pero acabarán llegando los cambios. Hoy por hoy es imposible porque los núcleos de poder del régimen permanecen intactos e incluso se han reforzado en los últimos años.

Por otra parte, los llamados “Lineamientos” no son una política económica en el sentido que se conoce este término por los expertos sino un enunciado semi voluntarista de ideas y propuestas sin concreción monetaria y presupuestaria que dejan al régimen todo el poder para realizar los cambios a su antojo, tiempos, magnitud e incluso dirección y sentido.

De igual modo, el proyecto de conceptualización de 2016 tampoco es un programa al uso, sino tan solo una marcha atrás en el proceso de reformas iniciado tímidamente en 2008, provocada por las presiones del ala comunista más reaccionaria. El conglomerado estatal de empresas y negocios vinculado con la seguridad del estado presiona para la apertura al exterior, pero los comunistas aún concentran poder ideológico, una rémora para el futuro de Cuba.

En “cuanto al papel primordial de la propiedad socialista, base actual del sistema; pero abre el escenario económico a la propiedad privada” es falso. En Cuba la propiedad privada, su acumulación, reparto y crecimiento siguen estando prohibidas por la legislación, y el propio Raúl Castro lo ha dicho en reiteradas ocasiones: la economía gira alrededor de la empresa estatal socialista. Además, las medidas que introduce el gobierno, fiscales, tributarias, administrativas van dirigidas a evitar la acumulación de riqueza por los empresarios privados.

Por lo que “respecta al reconocimiento de las empresas que abre la posibilidad de sinergias y complementariedad con otros actores del entramado jurídico”, tampoco es cierto. En las condiciones actuales, ni siquiera se utiliza el término convencional de empresas, sino que se habla de “nuevas formas de propiedad”. Usted misma lo utiliza en su artículo, como si el término empresa no pudiera entrar en el ámbito de la libertad económica en Cuba. Tan solo el reconocimiento de actividad privada está limitado a los trabajadores por cuenta propia y se restringe de forma notable su modelo de actuación y su número total. Nada que ver con el resto del mundo. No se debe confundir a nadie con esta cuestión.

La realidad es que en ningún caso, los emprendedores privados en Cuba pueden desarrollar libremente los principios de acumulación, crecimiento de la riqueza y logro de escala eficiente propios de la actividad empresarial. Los “propietarios” en Cuba son meros gestores sin capacidad sometidos al control del estado, del partido y a una tutela jurídica que penaliza cualquier comportamiento no autorizado por el régimen.

En cuando “al papel de las formas de propiedad vinculadas a la inversión extranjera directa, reconociendo su potencialidad como fuente de desarrollo y vía de acceso a capitales, tecnologías, mercados y experiencia gerencial, para la solución de los importantes desequilibrios estructurales del país”, tengo que afirmar que la realidad es que la inversión extranjera no puede formalizar acuerdos con los empresarios privados cubanos, lo que impide transferencia de tecnología y capitalización de conocimientos en beneficio de la actividad privada por cuenta propia. Es una limitación importante.

Experimentos en curso “como la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, la Cartera de oportunidades de Inversión por sectores priorizados, el trabajo del Estado en la eliminación de trabas burocráticas”, no han conseguido movilizar interés internacional en Cuba como consecuencia de la reserva por el estado de la llamada “acción de oro” en todos los proyectos y ocupar el 51% del capital y la capacidad de decisión. Las inversiones extranjeras llegan a cuenta gotas y se encuentran con numerosas barreras legales y administrativas. No hay simplificación burocrática alguna, más bien todo lo contrario. Hasta se han fijado impuestos sobre los salarios de los trabajadores en empresas de capital extranjero distintos al resto. Un ejemplo final, la “Cartera de oportunidades de inversión” no refleja la realidad económica del país sino aquellas actividad que prioriza el régimen para captar capital extranjero en su propio beneficio.

Por otra parte, la afirmación que “la seguridad jurídica del inversionista se ha venido garantizando mediante la existencia de un compromiso estatal positivado”, tampoco es cierto. Existen numerosos episodios de inversores extranjeros que se han visto obligados a abandonar sus proyectos por distintos motivos que nada tienen que ver con la seguridad jurídica. La inversión extranjera se encuentra con graves problemas de financiación de la contraparte, la ausencia de mercados financieros y crediticios internos, la obligatoriedad en la contratación de trabajadores y lo que es peor, la repatriación de beneficios no es libre y debe ser autorizada por el control de cambios ejercido por el Banco central. En última instancia, la expropiación sigue estando en el texto constitucional que está por encima de la ley de inversión extranjera. Los inversores acaban perdiendo interés en las inversiones u cierran sus negocios.

Se afirma igualmente que “la disponibilidad del derecho de los inversionistas –salvo limitadas excepciones– de pactar el foro donde dirimir los conflictos y los disímiles acuerdos de promoción y protección recíproca”, pero la realidad es que los arbitrios siguen siendo impracticables, porque la separación de poderes no existe en Cuba y los tribunales populares son marionetas al servicio de los comunistas.

Por último, en relación con la economía cubana no conviene distorsionar la realidad ni pecar de exceso de voluntarismo. La prudencia es buena consejera. La realidad es que no es posible que la economía y la sociedad cubana se transformen con el paradigma normativo del régimen, y eso es más que evidente. Se trata de un callejón sin salida que aumenta la incertidumbre con respecto al futuro.El ejemplo más evidente: Cuba está en recesión desde el segundo semestre del año pasado, y todo hace pensar que el actual no será mejor y que conforme avance el año, los ajustes ya anunciados menguarán más las cifras de crecimiento. Eso si, la culpa será del embargo. Seguro.
 
Las leyes poscastristas no sirven para crear las condiciones para la libertad económica, la flexibilidad de los agentes económicos y la eficiencia de la economía. Consagran un sistema dual en la economía que impide una articulación de los mercados. Nada de lo que se ha hecho en los últimos años es útil para enderezar la economía nacional. Los cubanos lo saben y por eso quieren ideas claras y rapidez. Algo que el régimen, empeñado en ganar tiempo, no va a conceder.

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