El régimen mete prisa con la bancarización, ¿Por qué?

Elías Amor Bravo economistas

Nos siguen llegando noticias de Cuba en las que la economía no sale bien parada. El eterno empeño de los comunistas de querer dirigir una economía a golpe de normas en la Gaceta oficial. Ahora quieren obligar un nuevo requisito de comercio Interior para, según dicen, “garantizar al consumidor optar por diferentes modalidades de pago”. Como si el problema del consumidor cubano fuera pagar. Qué poco se detienen a observar la realidad.

Pues bien, la referida norma exige que todos los establecimientos comerciales deben asegurar el acceso y uso a los canales electrónicos de pago, por orden de la jerarquía y sin tener en cuenta las necesidades de consumidores y vendedores. Y luego quieren que estas cosas salgan bien.

Otra Resolución, la 93, del Ministerio de Comercio Interior busca impulsar el desarrollo del comercio electrónico y garantizar el derecho del consumidor de optar por las diferentes modalidades de pago. Publicada este jueves en la Gaceta Oficial Ordinaria No. 106, del 2 de noviembre de 2023, la norma establece como requisito para los establecimientos comerciales objeto de inscripción en el Registro Central Comercial (RCC) de manera temporal o permanente, “poseer las facilidades de pago por las pasarelas nacionales o terminales de punto de venta (TPV) para la comercialización de bienes y prestación de servicios al consumidor”. Una obligación artificial sobre todo si se tiene en cuenta las preferencias de los cubanos por realizar las transacciones en efectivo y no por medios electrónicos.

La viceministra del Mincin, Inalvis Smith dijo que esta norma está amparada en lo establecido en el Artículo 8 de la Resolución 111, del Banco Central de Cuba, según la cual “todos los establecimientos comerciales deben asegurar el acceso y uso de los consumidores a los canales electrónicos de pago y que, en el caso del Mincin, se asegurará desde la misma inscripción”.

De modo que ministerio y banco central se han dado a la tarea de obedecer las consignas de la jerarquía política del país, sin tener en cuenta las necesidades reales de la población. De hecho, la norma será de aplicación a las personas naturales y jurídicas, que realizan actividades comerciales objeto de inscripción en el RCC.

Y así, los comunistas siguen dando datos triunfales sobre la evolución de la bancarización, a pesar de no contar con el respaldo de amplios sectores sociales. Al parecer, de enero a septiembre,  los ingresos que ha tenido el comercio de subordinación local en relación a diciembre 2022 por pago electrónico se incrementaron en un 57%, lo que lleva a ampliar el alcance al resto de los actores de la economía. Crecen las transacciones comerciales electrónicas, por obra y gracia de la manipulación política, pero ¿realmente eso significa que los cubanos viven mejor? Que nadie caiga en la trampa. Si ese aumento en las transacciones se controla por medio de la inflación, prácticamente se habría producido un escenario de estancamiento, más acorde con el entorno general de la economía. Hasta en esto mienten.

No obstante, el régimen hace cualquier cosa con tal de cumplir las órdenes de la jerarquía, incluso aunque vayan en contra de las demandas sociales. Santiago Secada, director del Registro, apuntó que “son sujetos de la obligación las empresas estatales y unidades presupuestadas, todas las modalidades de inversión extranjera, las cooperativas no agropecuarias y las agropecuarias, las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), los trabajadores por cuenta propia, productores agropecuarios independientes, los proyectos de desarrollo local y las formas asociativas no lucrativas que hacen comercio”. Es decir, que salvo los espacios activos de la economía informal que el régimen comunista no controla, es toda la economía la que entra en el plan de control. 

Además, la norma entra en vigor a los 30 días naturales posterior a su publicación en Gaceta Oficial y de momento, por alguna razón, se excluyen de lo dispuesto los establecimientos ubicados en las zonas de silencio, debidamente certificadas por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (Etecsa), donde no es aplicable el pago electrónico.

En tono de amenaza, se dice que las personas naturales y jurídicas, que a la entrada en vigor de la Resolución realizan actividades comerciales sin poseer las facilidades de pago por las pasarelas nacionales o TPV para la comercialización de bienes y servicios al consumidor, “disponen de 60 días naturales para garantizar dichas facilidades”. Nada de libertad ni de elegir. Tan pronto como dijeron que la bancarización sería progresiva y amable, que imponen un sistema que da solo dos meses  para alistarse.

Las plataformas Transfermóvil o EnZona, que funcionan con deficiencias, son las que validarán estos procesos, que ratificarán y tramitarán información a los especialistas del RCC de quienes cumplan con tener presencia en las actividades comerciales de una de las opciones de pago para prestar servicios, un proceso en el que se trabaja ya para tener la información preestablecida. Asimismo, en el “caso de los nuevos que se inscriban en el Registro, a partir de la entrada en vigor de la norma, serán la propia plataforma la que lo valide”.

Si pasan los dos meses y no se atiende la bancarización en los términos establecidos por la norma, entonces, está previsto “proceder a la imposición de contravenciones o el cierre de la actividad que realizan a quienes infrinjan la norma hasta que se cumpla el requisito, en correspondencia con lo establecido en el Decreto 184 del propio organismo”. Y sanseacabó.

Los comunistas están convencidos de que con estas acciones también van a lograr el fortalecimiento del control en el sistema de comercio interno en las actividades que se llevan a cabo. Se equivocan. Con estas acciones lo que van a lograr es el quebranto de aquellos establecimientos y entidades que, por las razones que sean, no quieran cumplir. La economía se resentirá y los ciudadanos también.