Hacen falta otras medidas de comercio exterior e inversiones

Elías Amor Bravo, economista

El régimen cubano sigue adelante con la presentación en la prensa estatal de las transformaciones estructurales del modelo económico. Ahora le toca a la inversión extranjera y al comercio exterior. Para informar comparecieron en la Mesa Redonda Carlos Luis Jorge Méndez, viceministro primero del Mincex, y Déborah Rivas Saavedra, viceministra del propio organismo. Lo que allí expusieron ofrece un panorama de en qué dirección se van a mover las actuaciones del régimen.

Carlos Luis Jorge Méndez, viceministro primero del Mincex, tomó la palabra en primer lugar, y señaló  que la inversión extranjera debe dejar de ser un complemento, para convertirse en un pilar fundamental en la dinámica económica del país. El argumento es válido, pero el problema es cómo lo logra.

Con ello, reconoce el absoluto fracaso de las normas reguladoras de inversión extranjera, desde la primera Ley 118 de 2014, y la posterior incapacidad del régimen para atraer capital foráneo con el Decreto 325/2014, de ese mismo año, que se ha visto modificado por el Decreto 153/2026.

Y a continuación, la segunda derivada es que, para conseguir inversiones del exterior, se pretende lograr la participación de cubanos residentes en la diáspora que puedan apoyar al sector privado, porque se considera ahora “que es vital”. 67 años han tenido que pasar para que el régimen implore a los cubanos del extranjero que inviertan en Cuba. ¿Lo conseguirán?

Formulada esta petición, los dirigentes se reafirman en que esto no representa un retroceso al capitalismo y que, bajo ningún concepto “se venderá al país al mejor postor” citando comentarios en redes sociales, ni tampoco que las medidas sean una “manera de comprar tiempo ante la agresión de Estados Unidos”. Por el contrario, dijeron que las transformaciones responden a un programa de gobierno, lo cual no es verdad ya que no existe una identidad de objetivos e instrumentos, y que “su principal objetivo es el de poner todos los activos del país, tanto los recursos como el material humano, en disposición de generar ingresos, divisas y desarrollo”. ¿Qué quieren que les diga?, el relato de las transformaciones cada vez se parece más al de la campaña de los 10 millones de 1969.

En tales condiciones, los dirigentes afirman que no queda otra que generar en la economía “condiciones más atractivas para los inversionistas extranjeros, y eso pasa tanto por la infraestructura como por acondicionar el marco legal para que sea posible”. Reconocido en parte el origen del problema, la forma de abordar las soluciones es parcial e intrascendente, y no va a surtir los efectos buscados.

Para comenzar, del déficit de infraestructuras apenas se habló en el programa, por lo que puede haber pasado sin pena ni gloria a pesar de su destacada importancia, al igual que la escasez de finanzas en el interior para dar apoyo al capital extranjero. No se habló de estos problemas que se tienen que atender ya mismo.

De lo que sí se habló es de que los negocios de inversión extranjeras ya no tengan que contratar empleados mediante entidades empleadoras. Una de las medidas aprobadas que, en efecto, puede ser una buena iniciativa, pero no resuelve el problema. Cierto es que la dinámica introducida por la Ley 118 de 2014 obligaba a los empresarios extranjeros a contratar a trabajadores cubanos enviados por unas agencias de colocación del régimen bajo una supuesta protección de los derechos de estos trabajadores. 

Esta fórmula de injerencia laboral del régimen había creado no poca insatisfacción entre los empresarios extranjeros, pero suprimir este mecanismo beneficia a los que ya están operando en la Isla, y no contribuye a despertar el interés de otros. Es difícil hacer entender a los dirigentes comunistas que la construcción de una casa no se puede empezar por el techo, porque se les acabará cayendo todo encima. La contratación de trabajadores por las inversiones extranjeras es una combinación de disponibilidad, talento y compromiso. Lo demás es todo un cuento chino.

Pero, de nuevo, vuelve a la cuestión de la propiedad. El reconocimiento de los derechos de propiedad privada de los medios de producción sigue estando proscrito en la economía marxista leninista, de modo que los dirigentes se han sacado de la chistera una fórmula que, ya podemos advertir desde el primer momento, que a los inversores extranjeros no les interesa.

Me refiero a la extensión del límite de usufructo y la diversificación del tipo de actividades, así como el otorgamiento de hasta 90 años para derechos de superficie. Mientras que el régimen de cesión en usufructo sea el que condicione el acceso a los medios de producción, nadie invertirá un centavo en la Isla, porque es tirar el dinero y no obtener la rentabilidad que precisan los negocios para funcionar.

Que los comunistas sigan empeñados en respetar y mantener el principio de que Cuba no cede la propiedad del suelo, y que solo otorgará derechos para la explotación y el uso de terrenos, entonces, que se olviden de recibir capital foráneo, sobre todo de los cubanos residentes en el exterior. Precisamente, en contra de lo que afirman los dirigentes, que se olviden de inversiones en el sector inmobiliario, porque si en Cuba no se autorizan los derechos de propiedad en las operaciones de compra y venta de residenciales, los inversores podrán dirigirse sin grandes problemas a República Dominicana o Costa Rica, donde ello es posible hacerlo sin los complejos aberrantes de una ideología obsoleta.

El resto de las medidas, como la posibilidad para los negocios con capital extranjero de utilizar cuentas bancarias en el extranjero sin que medien instituciones bancarias cubanas es otra medida que viene a dar sentido a una antigua reclamación de los actuales inversores en la Isla. Y, sobre todo, el reconocimiento de la mediocridad con la que los operadores internacionales perciben el funcionamiento de la banca estatal comunista.

Por otro lado, la medida relativa el ofrecimiento para operar con una mayor facilidad en un entorno de dolarización parcial no solo es el reconocimiento del fracaso de la política monetaria del Banco Central de Cuba sino una advertencia a los operadores sobre una pérdida de valor de la moneda nacional, y un crecimiento de las transacciones en divisas dentro de la economía cubana, concretamente del dólar, y ello pese a que “los bancos cubanos han sido de las instituciones estatales más atacadas por el bloqueo estadounidense”.

Las autoridades siguen empeñadas en que las medidas de las transformaciones amplíen las opciones para las empresas cubanas tanto del sector estatal como del privado, en suma, que los negocios vengan, inviertan, generen empleo y riqueza, y sobre todo que sean exitosos y beneficiosos para todas las partes.

Pero, si quieren de verdad lograr este objetivo, no basta con los esfuerzos en agilizar trámites y documentación para la aprobación de proyectos de inversión extranjera, descentralizar la aprobación de negocios y generar condiciones atractivas para atraer capital foráneo. Eso es atacar la superficie del problema, con un maquillaje que se borra enseguida, obviando lo más importante que es el núcleo, los cimientos. Más claro, agua, en concreto, con un sistema económico como el descrito en la constitución de 2019 difícilmente el capital privado apostará por la economía cubana, básicamente porque nadie arriesga su capital para acabar perdiéndolo.

La viceministra del Mincex, Déborah Rivas Saavedra, intervino a continuación para señalar que las medidas dirigidas a atraer la inversión extranjera deben ir acompañadas de otras que respondan a la necesidad de generar ingresos en divisas externas y lograr una balanza comercial superavitaria. Y puso como ejemplo, la medida número 127, “que autoriza a las empresas estatales, privadas y cooperativas a realizar directamente operaciones de comercio exterior, previa aprobación del Ministerio”. Esa previa autorización administrativa vuelve a mostrar el rostro perverso del sistema económico basado en la planificación central, el control y la injerencia en la economía.

Mientras que la decisión del autorizo corresponda a un ministerio, los actores con capacidad para operar en comercio exterior, ya sea para adquirir insumos, materias primas o importar productos terminados, por mucho que se esfuercen y lo hagan bien, no podrán dedicarse a ello sin la preceptiva autorización, que, en el caso del régimen cubano, tiene mucho que ver con las decisiones políticas.

La dirigente citó también la medida número128, que aplica el principio de nomenclatura negativa para las operaciones de comercio exterior, lo que calificó de “un cambio sustancial” ya que, en lugar de autorizar listados de productos para cada entidad, se establecerá una única lista de productos no autorizados (salvo permiso expreso), lo que simplifica y agiliza los trámites. Autorizar, permitir, son verbos que dominan el funcionamiento del sistema económico cubano haciéndolo ingobernable, ineficiente e improductivo. Hasta que no se reconozca la plena libertad de los actores económicos en las distintas ramas de la economía, nada hay que esperar de todas estas medidas superficiales. La desconfianza está servida.

La viceministra también se refirió a dos medidas del Eje temático 15 relacionado con el sector exterior. En concreto, la medida número 129, que fomenta las exportaciones mediante incentivos diferenciados e integración productiva con el capital extranjero, previamente autorizadas por el ministerio nuevamente; y en la medida número 130, que autoriza la venta de propiedades intelectuales, como marcas y patentes, igualmente previa autorización.

Este tipo de medidas buscan poner en valor el talento y el capital humano de la economía cubana, en concreto, en la industria biofarmacéutica, y la venta de intangibles es una práctica global competitiva que genera beneficios, pero que los dirigentes comunistas quieren promover con una estricta protección de derechos, de manera inteligente, y distribuyendo la riqueza obtenida entre la población. Y de nuevo, volverán a fracasar.

Por último, se destaca la autorización a las representaciones comerciales de entidades extranjeras establecidas en el país (sucursales) a realizar operaciones de comercio exterior, algo que antes estaba prohibido por el Decreto 32.

Con vistas a incorporar estas medidas, se prevé la modificación de dos leyes fundamentales –la Ley 118 y el Código Civil–, así como decretos, resoluciones y otras normas complementarias. Sin embargo, la viceministra enfatizó que el cronograma “no es una camisa de fuerza” y que ya se trabaja en la práctica de las decisiones adoptadas. Ya se verá hasta dónde alcanzan los cambios promovidos en las dos normas citadas.

Por otro lado, para reducir la burocracia, el Mincex ha diseñado un sistema de trabajo ágil que incluye, como no podría ser de otro modo, “la creación de un grupo especializado con seguimiento diario y reporte sistemático al gobierno”. De hecho, a finales de julio y primeros días de agosto, se prevé que la Ventanilla Única de Inversión Extranjera y la de Comercio Exterior comiencen a recibir todas las solicitudes y trámites, con un proceso “muy orgánico de atención y seguimiento, para que esto tenga una ejecución en un tiempo realmente rápido y conforme a la necesidad que tiene el país de crear el clima de inversión y el clima de negocios”.

Cerrando el programa, los dos directivos afirmaron que las nuevas oportunidades se ofrecerán, en primer lugar, a las empresas que han acompañado a Cuba en los momentos más duros, a pesar del recrudecimiento del bloqueo estadounidense, al tiempo que “se mantiene el criterio de que Cuba no distingue el capital por su origen, aunque se priorizarán las relaciones con socios estratégicos y países con mayor complementariedad económica”. De hecho, con estas medidas, el régimen cubano reafirma su decisión de profundizar las transformaciones estructurales del modelo económico, con el objetivo último de generar divisas, dinamizar la producción y elevar el bienestar de la población, en un contexto de bloqueo y desafíos externos. Se equivocan. Están completamente perdidos.