Fracaso anunciado de la política de entrega de tierras


Elías Amor

Sinceramente, no me alegro de haber acertado en las previsiones, pero contemplo con tristeza que las mismas se van cumpliendo. Varios medios se han hecho eco de que el proceso de entrega de tierras en usufructo, que comenzó en 2008 como una de las primeras medidas del raulismo para estimular la producción de alimentos, “presenta notables retrasos y limitaciones por motivos burocráticos y prácticos, como la falta de condiciones y experiencia de los nuevos agricultores”.

Incluso, el director del Centro Nacional de Control de la Tierra, Pedro Olivera, responsable de que este proceso, y que ya debería haber sido cesado, o liberado como dicen los castristas, por los resultados obtenidos, señaló en una rueda de prensa “que el proceso ha sido entorpecido y limitado por problemas como la demora en la aprobación de solicitudes”, para añadir, que “existen entidades estatales que no declaran toda la superficie ociosa bajo su administración”, así como la "lentitud y retraso" en la explotación de las tierras entregadas por falta de "control y seguimiento", la escasez de insumos para trabajar el campo y la poca experiencia y capacitación de los usufructuarios.

En suma, un diagnóstico bastante completo de la gama de problemas que ya anunciábamos que se iban a producir ante un proceso que supone actuar sobre uno de los elementos fundamentales sobre los que se cimenta el poder del régimen comunista: la ausencia de propiedad privada.

Desde que se anunciaron las entregas de tierras en usufructo, señalamos que tal medida, lejos de contribuir al desarrollo económico de la agricultura, iba a generar no pocos problemas de articulación institucional. La tierra es un bien de producción que, o está en manos de quien la trabaja y produce, o no hay mucho que hacer. En Cuba, como consecuencia de la política de confiscaciones de propiedades de la llamada revolución, en el inicio de este proceso de cambios el 51% de la superficie cultivable de la isla se encontraba ociosa o mal explotada, en manos de empresas estatales, de organismos de la administración, lo que podríamos denominar “manos muertas” e improductivas.

Las medidas adoptadas fueron parciales e incorrectas.

Primero porque sólo se aceptó vincular al proceso una cierta cantidad de la tierra de propiedad del Estado, que se pudo comprobar desde el inicio que era la de peor calidad, infesta de marabú, tras el cierre de la industria azucarera decretado por Fidel Castro a comienzos de 2002.

Segundo, porque el sistema de arrendamiento en usufructo es contrario a la actividad económica al convertir en aparceros sin tierra a los que dedican todo su esfuerzo a producir  en condiciones realmente adversas. Ni siquiera en los países capitalistas, la fórmula de aparcería es la más adecuada para el desarrollo de la actividad agrícola.

Con estas dos coordenadas, el régimen instauró un sistema burocrático para la concesión de tierras que, por un lado pretendía no liberalizar en exceso el sector, y por otro, mantener bajo estricto control político cualquier proceso de crecimiento económico.

A ello se tiene que añadir la lentitud del proceso, sólo 194.000 solicitudes que afectan a poco más de 1,4 millones de hectáreas, de los 2 millones inicialmente planeados para la entrega. El proceso ha sido tan deficiente que incluso, unos 14.000 arrendatarios han sido eliminados del proceso con posterioridad al renunciar por “incapacidad” a conseguir que la tierra sea productiva.

Este modelo de usufructo de tierras, dirigido por la cúpula del régimen, pretende convertir al Estado comunista en arrendador de tierras a los agricultores, limitando la superficie y las condiciones de la producción, a la vez que impide cualquier proceso de concentración de tierras que mejore la escala de los rendimientos o garantizar el destino libre de la tierra, la realización de inversiones de mejora o los equipamientos necesarios para producir.

El mantenimiento del statu quo basado en la propiedad estatal de los medios de producción, y el control político de la actividad económica no sólo se encuentra en la agricultura, sino en la lista limitativa y excluyente de actividades autorizadas para el trabajo por cuenta propia, lo que garantiza al régimen el control político de la economía.

Y la economía, para funcionar, no puede estar sometida a este tipo de miedos, prevenciones y dirigismos. La libertad de empresa significa que los productores deben determinar, libremente, el destino de sus bienes de producción para obtener los máximos rendimientos de los mismos. De nada sirve limitar entregas de tierras a 13 hectáreas para 10 años, porque ello supone un freno a cualquier proceso de mejora asociado a la gestión eficiente de los negocios.

Si el régimen no conoce estas cuestiones, que se retire e instaure el libre mercado y la propiedad privada como ejes de la actividad en la agricultura. Los cambios serán espectaculares y en muy poco tiempo. Si la producción de alimentos en un asunto de “seguridad nacional”, que se lo tomen realmente en serio.  Hace años ya contemplábamos la entrega de tierras como un “parche” sin visos de futuro. No hemos tenido que esperar mucho tiempo.

Ni aumenta la producción, ni se mejoran los rendimientos, ni se estimula la competitividad del sector cooperativo o estatal. Los mercados siguen desabastecidos, y a unos precios que escapan de los bajos sueldos de los cubanos. ¿Cuánto tiempo puede durar esta situación? Mucho me temo que no demasiado, porque es insostenible.

Desde hace mucho tiempo, las recetas económicas que más éxito han dado en otros países para superar el atraso del modelo comunista, no se han puesto en marcha en el régimen castrista, anclado en una absurda ideología que enuncia una serie de objetivos por un lado, que en la práctica no se pueden cumplir por las propias restricciones existentes. La política de entrega de tierras ha sido un buen ejemplo. Vendrán muchos más.
Tomado de Misceláneas de Cuba, 30 de marzo 2012

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