¿Qué falló?¿Qué hicimos mal?¿Donde nos equivocamos? Respuesta a tres sencillas preguntas



Elías Amor

La cosa se debe estar poniendo bien fea cuando en una reciente reunión del Consejo de Ministros ampliado presidida por Raúl Castro Ruz se lanzaron afirmaciones del estilo de “No podemos convivir con la impunidad”. En estos términos se proclama un artículo publicado en el diario oficial del régimen Granma, al que hago referencia en esta crónica.

En dicha reunión se prestó atención a una agenda repleta de temas conflictivos, como los procesos de reducción en el número de Organismos de la Administración Central del Estado, el grave problema de la vivienda, el  denominado  “perfeccionamiento de los ministerios de Finanzas y Precios y de Trabajo y Seguridad Social”, la transformación del Ministerio de la Industria Básica (MINBAS) en el Ministerio de Energía y Minas, o la creación del Ministerio de Industrias; también al estado de la educación, con graves dificultades para asegurar la cobertura de la oferta, o la evaluación realizada por la Contraloría General de la República respecto al Ministerio de la Construcción (MICONS).

Pero, por si no fuera poco la relevancia de los temas tratados el consejo de ministros ampliado prestó atención a los resultados de una investigación desarrollada por la Fiscalía General y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) al proyecto de construcción del acueducto del municipio de Manzanillo en Granma, cuya ejecución se inició en el año 2002.  Este es el asunto que nos interesa más en este artículo.

En dicha investigación se ha señalado que, a pesar de dar por concluida la inversión en el 2005, entre los años 2007 y 2011 se asumieron gastos adicionales superiores a los 2 millones de CUP para solucionar las deficiencias del proceso inversionista y las irregularidades detectadas en el funcionamiento del acueducto. 

¿Sobrecostes a la vista? 

Según Granma “la investigación demostró que no se realizó una adecuada preparación de la inversión, la cual no tuvo un proyecto integral, confeccionándose los proyectos por objetos de obra en la medida en que iban a ejecutarse”. Bueno, si el estado es el único responsable de todo este proceso, es evidente que ya está identificado el actor.

Y añade textualmente lo que parece más grave por cuanto puede acabar siendo un problema de orden público, “se identificaron violaciones de las medidas de protección establecidas para minimizar los posibles impactos sobre la calidad del agua, lo cual, además de los posibles riesgos para la población, evidenció el incumplimiento de las disposiciones de Planificación Física”.

Y los cuchillos salieron del cajón, anunciándose “medidas administrativas, disciplinarias y jurídico-penales a adoptar con los responsables de las violaciones e ineficiencias detectadas”.

Lo más significativo es que la catarsis en relación con este turbio asunto de las inversiones hidráulicas provocó la intervención del mismo Raúl Castro, poco dado a este tipo de actuaciones, llamando “a tomar experiencia de los errores cometidos y la importancia estratégica de todas las inversiones que se realizan hoy para aprovechar la disponibilidad de agua”, para terminar afirmando lo más sorprendente, “como este hay cientos de casos en el país”, e insistió en que “ninguno de estos hechos puede quedar impune, pues no podemos convivir con la impunidad”.

Un viejo refrán castellano dice que “no hay peor ciego que el que no quiere ver”.  El régimen sostiene que este tipo de sucesos se pueden resolver con el “trinomio de oro”, con el sota, caballo y rey del “manual del buen revolucionario” que se contiene en los “Lineamientos”, y que son “orden, disciplina y exigencia”.

“No vamos a permitir que se cometan una y otra vez los mismos errores” dijo Raúl Castro y luego se preguntó: ¿Qué falló? ¿Qué hicimos mal? ¿Dónde nos equivocamos?  Cuestiones que tienen una respuesta tan fácil que parece mentira que se tengan que reflexionar en los consejos de ministros y de estado del régimen. Preguntas sobre las que, seguramente, ninguno de los asistentes se atrevió a decir ni pío.

¿Qué falló? Respuesta: la elección de un modelo económico ineficiente y absurdo para el control político de una economía dinámica y competitiva, convertida por obra y gracia de esa elección carente de toda legitimidad democrática en un auténtico caos. Y sobre todo, que no se haya renunciado hace más de treinta años a ese modelo en el momento en que las condiciones lo permitieron.

¿Qué hicimos mal? Respuesta: todo, absolutamente todo. Suprimir la propiedad privada como elemento regulador de los derechos de los individuos, condenar a los ciudadanos a una existencia basada en la obediencia y la consigna ideológica, romper con los principios de mérito, esfuerzo, trabajo y recompensa, valores esenciales para el individuo. Todo eso alejó y destruyó los cimientos de la sociedad civil en Cuba empujando al exilio a más de dos millones de habitantes en búsqueda de una vida mejor y libre.

¿Dónde nos equivocamos? Respuesta: desde el 1 de enero de 1959, cuando se cometió el latrocinio de trastocar lo que había sido el marco evolutivo de la economía de la República desde su nacimiento en 1902. Ha habido muchas equivocaciones después, que han ido acumulando el daño cometido inicialmente, y muy pocos aciertos, casi ninguno. Los llamados “logros de la revolución” se podrían haber conseguido igualmente con un modelo de economía mixta más competitiva y eficaz.

Y como conclusión, un pronóstico. Los problemas van a continuar, van a ser cada vez más graves y no habrá solución dentro del modelo porque la actualización del socialismo castrista es imposible y no tiene referente alguno en la historia. Más vale poner en orden las cosas antes de que sea demasiado tarde. Con este tipo de reflexiones, desde luego, no se va a ningún sitio. Dejamos para otra ocasión el análisis de los incumplimientos en la zafra azucarera.

Comentarios

Entradas populares de este blog

Los trabajadores por cuenta propia y el régimen castrista

La unificación monetaria: un reto a la vista

Las reformas que necesita la agricultura cubana