Réquiem por las UBPC (III)


Elías Amor Bravo, economista ULC

Tal y como hemos expuesto en varios trabajos anteriores, las UBPC son un foco de problemas para la economía castrista por su ineficiencia y notables pérdidas. Las soluciones que se plantean por el régimen, no son las más adecuadas.

En esa obsesión por no dar a las cosas su nombre, que caracteriza al régimen las UBPC desde su creación se concibieron como entidades cooperativas, y su funcionamiento se regía por el Reglamento General, el Interno, y por su Asamblea General como máximo órgano de dirección.

De hecho, la Asamblea contaba con facultades para decidir el porcentaje de las utilidades a distribuir entre sus miembros (excepto si arrastran pérdidas acumuladas, cuando solo podrán disponer de hasta el 50 %). Desde el primer momento, se les otorgó una serie de funciones que otras unidades productivas de la economía no tenían, como “comprar con cheques o en efectivo, directamente, productos tales como sal, azúcar, vinagre y envases en la red minorista y mayorista del MINCIN, así como materiales de construcción a precios sin subsidios para la edificación de viviendas y otras instalaciones”.

El régimen considera, por tanto, que “los obstáculos al desempeño de las UBPC y el estrechamiento de su marco de autonomía —hasta prácticamente niveles insostenibles— al parecer tienen su origen en una serie de prácticas no amparadas por la norma legal que les dio origen”.

El nuevo Reglamento General, contenido en la Resolución 574 del 13 de agosto del 2012, del Ministerio de la Agricultura, publicada por la Gaceta Oficial el 11 de septiembre se presenta como un intento de superar los problemas que afectan a estas entidades, a la vez que, como ya he señalado en un artículo anterior, en vez de apostar por una mayor autonomía de gestión de las UBPC, se transita justo en la dirección opuesta, por lo que se establece que  “los controles estatales los ejercerán los órganos, organismos y entidades del Estado con tales facultades”. Y añade que  “la empresa a cuyo sistema de producción se vincula la UBPC, solo velará por el cumplimiento de las normas técnicas de los procesos productivos y la contratación que responda a la demanda estatal. Lo no contratado o el excedente de sus producciones, podrá ser comercializado libremente”.

Por lo tanto, a las UBPC se continuará prestando ayuda financiera si son “obedientes” y no se saltan el guión marcado por las autoridades centrales. A partir de 2013, para asegurar que el cerrojo económico funciona, “las cifras del Plan de la economía serán desagregadas hasta el nivel de la UBPC, facilitando así que estas pacten relaciones con todas las personas naturales y jurídicas, siempre con base contractual, para la compra directa de productos y servicios en correspondencia con el plan aprobado, así como para su abastecimiento interno —posibilidad también reconocida dentro del nuevo Reglamento General”, pero después del cumplimiento de la demanda estatal y los compromisos adquiridos con ésta. Lo que en suma, es más de lo mismo que antes.

Las autoridades prevén que este plan no será fácil de ejecutar y que previsiblemente puede haber “errores de  desconocimiento”. Por ello, se plantea, “un programa emergente de capacitación, dirigido a los directivos y juntas de administración de las UBPC, así como a los empresarios y cuadros estatales del sistema de la Agricultura”, a la vez que se exigen los “procesos asamblearios en cada Unidad Básica de Producción Cooperativa, con el objetivo de estudiar el nuevo Reglamento General y proceder a la reelaboración de los internos”.

Todo menos libertad económica, autonomía y capacidad de decisión, al margen de la intervención estatal. No han aprendido suficiente, y no quieren reconocer que esa dependencia de las empresas en la economía castrista de la “demanda estatal”, y de los “compromisos de naturaleza estalinista” no se corresponde con los requisitos de eficiencia, competitividad y productividad que deben regir en un sistema productivo. La reforma convierte a las UBPC en instrumentos al servicio del estado, financiadas por el estado y en situación de ventaja con respecto a trabajadores por cuenta propia y otros tipos de cooperativas.

Casi dos décadas después del nacimiento de las UBPC el régimen les coloca los grilletes para ponerlas al servicio de la ideología. En vez de otorgarles la necesaria libertad, esconden algunas actuaciones para cubrir el expediente y terminan, con la penosa fusión o disolución de “aquellas que no tienen posibilidades de recuperación (casi 300), sin pensar que muchas de ellas, tal vez, podrían ser empresas rentables en el marco de una economía de mercado y con derechos de propiedad.

Después vendrá la segunda fase, con las cooperativas de Producción Agropecuaria y de Crédito y Servicios, que en muchos casos presentan problemas muy similares a los de las UBPC, que continuarán medrando bajo la protección de los presupuestos estatales, al servicio de la ideología y arrastrando un cuadro de ineficiencia y baja productividad que sólo una privatización de la economía y la creación de un mercado libre a pleno funcionamiento, puede corregir.

Tomado de Miscelánea de Cuba, 14 de septiembre 2012 

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