Los controles de precios no van a ayudar
Elías Amor Bravo, economista
No hace muchos días, el régimen castrista anunció aumentos de
salarios a los trabajadores del sector presupuestado y de las
pensiones para los jubilados, como parte de una política de corte
populista, dirigida a recuperar el poder adquisitivo de la población,
una de las principales quejas que se escuchan en la isla.
Y
al mismo tiempo, viendo el descontrol interno que la
decisión iba a suponer,
promovió un control de
precios para
un
determinado conjunto
de bienes y
servicios a la población, en
un desesperado intento por frenar la espiral inflacionista que ello
podría suponer.
El
último espacio televisivo
de la Mesa
redonda de Randy Alonso, se ha dedicado a esta cuestión, teniendo
como protagonista a la ministra de finanzas y precios, entre
otros.
Allí se han dicho muchas cosas. Algunas no tienen desperdicio.
La
señora Bolaños, titular
del ministerio responsable
del desaguisado, volvió a justificar las medidas de control
calificándolas como “necesarias para sostener en el tiempo no
solo
tal aumento, sino también la capacidad de compra creada en más de
un millón 400 mil cubanos que
laboran en el sector
presupuestado”.
Al
parecer la ministra cree que esto es posible y que, además, puede
tener efectos muy positivos para la población, que va a “tener
mayores ingresos para poder
adquirir los bienes que necesitan las personas para su satisfacción
personal y la de su familia”.
Parece
que la ministra tiene claro que el
precio se determina en función de la relación y del equilibrio
entre la oferta y la demanda, pero
comete un error al pensar que los controles de precios pueden servir
para “generar más bienes
y servicios, a fin
de que no se produzcan efectos como la inflación”.
Todo lo contrario, ministra. Al topar los precios, muchas empresas y
agentes económicos dejarán de producir y de prestar los servicios
porque verán que ya no son rentables, al cambiar las condiciones
técnicas y productivas de la oferta, como consecuencia del aumento
de salarios. Una vez que se vacíen los mercados, tras el impacto
inicial del aumento de salarios, no llegarán reposiciones y los
anaqueles se vaciarán.
Cualquier alza de costes, en este caso, los salarios, obliga a los
actores económicos, si desean actuar de forma eficiencia, tanto del
sistema empresarial estatal y las formas de gestión no estatal, a
incrementar los precios. Esa decisión es tan inevitable, como
racional. Es la que exige el mercado para que oferta y demanda puedan
nuevamente alcanzar un equilibrio.
Otro error de la ministra Bolaños. Creer que “no ha existido un
incremento de los costos para la conformación de los productos que
justifique un aumento de precios”. Los incrementos salariales,
decididos de forma discrecional por los gobiernos, que no se
corresponden con aumentos similares de la productividad de los
factores, generan tensiones a nivel macroeconómico sobre los costes
unitarios de producción, que se dispersan rápidamente por toda la
economía. Aparece lo que llaman los economistas, las tensiones
inflacionistas, que generan expectativas de mayores aumentos de
costes y precios.
Este
proceso no se controla con ningún "Observatorio
de precios". Esto
es perder el tiempo con más organismos burocráticos que no resuelven
el problema. Además, ¿de
verdad se puede confiar
en la información que
suministra el índice de precios al consumo que labora el régimen
castrista actualmente?
¿Cómo se puede tener en cuenta este indicador cuando en Cuba casi
el 30% de la canasta de bienes es suministrada por el régimen a la
población a precios subsidiados? No es una crítica a los
profesionales de la ONEI, como se puede entender, es una crítica al
modelo económico existente, que no es compatible ni
con el índice de precios al
consumo, tal y como lo conocemos.
La ministra debe saber que el monitoreo de precios no sirve cuando se trata de medir
expectativas de inflación, que es el problema actual de la economía,
y que irá a más. Para anticipar cuál va a ser el comportamiento de los
precios no hace falta "Observatorio" alguno. Los precios van
a aumentar porque las expectativas de los agentes así lo creen. Y en
caso contrario, es decir, si no aumentan aparecerá la escasez y como
consecuencia, el racionamiento.
Además, no se debe hablar de “incrementos no justificados de precios en una economía, ni tampoco precios abusivos”. En una economía donde oferta y demanda equilibran los precios, esos desniveles se corrigen automáticamente porque los agentes operan con señales e información suficiente para alcanzar el equilibrio. Si los precios son altos, la gente deja de comprar, si son abusivos, el mercado rechaza al productor. Nadie tiene que venir a salvar a nadie. La gente es mucho más racional que los burócratas planificadores.
Otro
error ¿Qué sentido tiene asignar a
los consejos
de la administración
locales
y a las OSDEs
una serie de mecanismos
de control para
regular los precios de los bienes y servicios ofertados por las
formas no estatales y los Trabajadores por Cuenta Propia (TCP),a partir de las condiciones económicas de cada territorio, la
capacidad de ingreso de la población, y las características en que
se desenvuelve la actividad?
Pienso
que esta forma de proceder
supone perder de vista que para luchar contra las tensiones
inflacionistas, por la vía del aumento de la oferta, lo que se debe
alcanzar son dimensiones eficientes de la escala de operaciones de las empresas y
los mercados, y no fragmentarlos y dividirlos, como se hace en Cuba,
apostando por los “territorios” en vez de la unidad de mercado de
la nación.
Y
qué decir del “incentivo
a la delación, el espionaje y el chivateo de la población con sus
quejas y denuncias al ministerio para que intervenga”. Vergonzoso estimular desde el gobierno estas prácticas antisociales. Acaso ¿no
sería más razonable y eficiente que estas quejas de los
consumidores se hicieran llegar directamente a las empresas y los productores, y
que fueran estos los que dieran respuestas acordes, sin la
intervención del aparato estatal? En todo caso, los órganos de la
administración están para dar servicio a los agentes económicos,
no para reprimirlos y acosarlos con la PNR, la fiscalía o los CDRs.
¿Dónde se ha visto esto?
La
propia ministra reconoció en la Mesa redonda, que muchos TCP han
tenido una
reacción positiva, cuando se les ha explicado “la necesidad de
regular los precios en beneficio no solo
de los trabajadores pertenecientes al sector presupuestado, sino de
la familia cubana en general”. ¿Cómo
no lo van a hacer? Pues claro que si. Los TCP dependen de los
clientes, y su viabilidad está en función de proporcionar un buen
servicio a los que compran sus productos y servicios. Ellos, y no
ustedes, son los que pueden liderar una economía y proporcionar el
mayor bienestar y
poder adquisitivo de toda la población.
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