Política comunista de control de precios: de fracaso en fracaso

Elías Amor Bravo, economista

El castrismo tiene numerosos problemas económicos, pero de todos ellos, sin duda, el que se ha puesto de manifiesto con mayor intensidad en las últimas semanas es el temido mal de la inflación. El aumento del nivel de precios es un fenómeno que incluso en economías altamente intervenidas por el estado, como la castrista, provoca daños irreparables en los procesos y decisiones de los agentes económicos, a la vez que es fuente de malestar social. En Cuba, históricamente, cada vez que los precios se tensan, el régimen aplica políticas de control, “precios topados”, que acaban provocando desabastecimiento en los comercios y racionamiento forzoso. Al parecer, esta vía es tolerada por amplios sectores de la población. Pero algo puede apuntar a que las cosas están cambiando.

Los mensajes del régimen comunista han sido claros. La directora de Política de Precios del Ministerio de Finanzas y Precios ha dicho en Granma que “ninguno de los sectores, estatal y no estatal, puede permitir el aumento de los precios que estaban vigentes. Regularlos en las entidades mayoristas, las producciones, las prestaciones de servicios, los márgenes comerciales de las comercializadoras y directamente a la población es imprescindible; y lograr ese control sistemático depende también de todos”, tras la adopción el pasado julio de una serie de medidas.

¿De dónde viene todo este proceso? El lector recordará que no hace mucho tiempo, el régimen acordaba, de forma unilateral y sin ofrecer justificaciones racionales, un incremento salarial y de pensiones, que sin ser excesivo, venía a trasladar un mayor poder adquisitivo a una demanda contenida de la población cubana. Ante esta reacción, absolutamente normal, que debería haber servido para estimular el crecimiento de la oferta, facilitando el aumento de productores y una menor presión estatal sobre los mismos, el régimen comunista hizo lo mismo de siempre: topar precios.

Y como se veía que la cosa no iba a ser como en ocasiones anteriores, el peso de la regulación se trasladó al Ministerio de Finanzas y Precios, que debe ser el único del mundo dedicado a estas tareas de las que se encargan los mercados, y además con mayor eficiencia. Las autoridades del régimen justificaron los controles para lograr que el aumento de los salarios beneficiara a la población, y de ese modo, se trasladó a los consejos de la administración provinciales comunistas, las tareas de inspección, denuncia y represión de los precios y tarifas máximos a aplicar por todas las figuras en sus respectivos territorios. El problema se vio agravado con el paso del tiempo cuando se comprobó que las decisiones en materia de precios no venían acompañadas de otras medidas comerciales, logísticas, de información y control. La tensión estaba servida.

De ese modo, los cubanos se encuentran actualmente ante un escenario en el que su Ministerio de Finanzas y Precios no consigue regular todos los precios de los productos y servicios, tan solo los que denomina “esenciales, reconocidos como productos vitales y de alta demanda para la población” al tiempo que las pocas cadenas de tiendas autorizadas a operar en el país, conservan la “facultad de aprobar los precios a la población del resto de los productos existentes, e informar cuáles son estos”.
Para mayor inri, como consecuencia de esta absurda política de precios, los cubanos observan que “en determinada capital de provincia los precios son unos y en los municipios otros, porque todo depende de las características del territorio. Las regulaciones toman en consideración los productos, pero también las especificidades del lugar”. Como dice Granma, “refrescos, maltas, confituras se cuentan entre los que varía su costo, en dependencia del lugar donde se adquieren”.

La economía de intervención estatal que viene funcionando desde 1959 se muestra incapaz de hacer frente a diferencias de precios entre lo que se puede vender en una tienda o en una cafetería y surgen diferencias de precios por la calidad y el confort del lugar, el servicio más ligero o rápido. Estos casos parece que se aceptan por el Ministerio.

Es curioso lo ocurrido con la carne de cerdo, porque al tratarse de un producto básico en la dieta de los cubanos, el Ministerio se ha empleado a fondo en su precio, con llamados a los vendedores en todas las modalidades no estatales que operaban bajo oferta y demanda para que no aumentaran los precios. Se han aprobado regulaciones, acompañadas de una labor de preparación con los trabajadores por cuenta propia y en los mercados, para que todos conozcan los límites permisibles, para que su economía no se afecte y la población reciba un precio razonable. Mientras se entretienen en esta burocracia comunista, la carne de cerdo desaparece de los mercados, o no llega.

Con el servicio de transporte, más de lo mismo. Un sector en el que las formas de gestión no estatal han alcanzado una cuota relevante, ante la desidia de los servicios estatales. No hace muchos días, llegaban noticias del alto malestar de los boteros y de los transportistas privados por las nuevas tarifas, muchos de ellos dejando de prestar servicios. De igual modo, el régimen ha procedido a incautar medios privados de transporte. La tensión va en aumento.

La conclusión es que nadie en su sano juicio se le ocurre proteger un incremento salarial topando precios. La alternativa es producir más, liberalizar la oferta con más productividad del trabajo y capital, pero esto tampoco está en el objetivo ideológico del régimen comunista. Lo relevante para las autoridades es el sistema de control con la participación de “las instancias superiores, las provinciales y luego las municipales” del régimen, que no renuncia a conservar su poder sobre la economía, escudado en un falso concepto de “pueblo” en el que nadie cree ya.

Una última reflexión. Las autoridades del Ministerio han anunciado que actualmente trabajan en la actualización de la política de precios cuando tal vez lo que deberían hacer es olvidarse del Ministerio. Pero sorprende que estén implicados en lo que llaman “observación de precios con métodos científicos”, para perfeccionar el índice de precios al consumidor. Ya me dirán cómo piensan hacer esto en una economía en la que, el 80% de la población, carece de libertad para elegir los productos que desea llevar a la cesta de consumo a diario. Un índice de precios al consumo depende de la libertad de elección y no de una libreta de racionamiento o una canasta normada cada vez más miserable. Mientras que esa dualidad sobreviva en la maltrecha economía castrista, cualquier información “científica” de los precios, será un cuento chino.

Eso si, el control y la represión, están al día. Por ejemplo, el Decreto 227/1997 “impone multas a quienes violan los precios y a las administraciones que lo permiten”. El Decreto citado permite adoptar medidas administrativas que, “acorde con la violación, pueden separar al trabajador de su puesto en el sector estatal y, en el caso del no estatal, retirársele la licencia que autoriza dicha actividad”. Granma informa que “actualmente hay poca detección de violaciones de precios, tanto en el sector estatal como en el no estatal, que quedó encargado a las direcciones integrales de inspección en los municipios y provincias. Tenemos que perfeccionar la exigencia del personal y los administrativos, pero también mejorar el esquema de inspección con grupos de trabajo que sumen a especialistas en materia de precios”. Es decir, cada vez irán apretando más. Ya veremos quién sobrevive a este proceso.