La guerra contra los precios abusivos y especulativos: nueva vuelta de tuerca

Elías Amor Bravo, economista

Los comunistas cubanos creen que la guerra que han abierto contra lo que llaman “precios abusivos y especulativos” acabará dándoles la victoria. Es de tan simpleza el análisis económico, que a veces no se sabe si es mejor llorar o reír. Incluso, afirman que precios abusivos son aquellos cuyo crecimiento esté por encima de un rango razonable, en comparación con productos similares, y que buscan un nivel de ganancia desmedida. Entonces, sean claros. No están hablando de precios, que es la denominación en moneda nacional del valor de una cosa.

Cuando se refieren a precios abusivos lo que realmente quieren decir no es otra cosa que “incrementos de precios”, es decir, inflación. Actúen con sensatez y criterio para evitar confusiones en un tema que no es de poca importancia. E incluso, la definición que ofrecen de “precios especulativos” es todavía más hilarante, entendiendo como tal el fijado a productos, principalmente de primera necesidad, superior al establecido por la autoridad competente, vinculado a operaciones de recompra, reventa o ambas, con el objetivo de obtener ganancias. Para qué hablar. En la economía de mercado, no hay “autoridad competente” que fije precios.

Y no es un tema de poca importancia este de los precios, porque la guerra despiadada que las autoridades han inaugurado contra los precios abusivos y especulativos va a tener consecuencias mucho más graves de lo que creen, y lejos de ganar, se van a encontrar con problemas mucho más complejos que van a tensar el estado de opinión y el malestar general que se percibe en amplios sectores de la sociedad. Sobre todo si las autoridades creen que los “precios abusivos” se pueden contrarrestar o que no se permitirán, para o cual han diseñado una serie de medidas de contención y severas sanciones a los que incumplan.

El problema es que cada día es mayor el número de ciudadanos que se lanza contra la policía nacional revolucionaria cuando incautan la mercancía de un carretillero o se lo llevan preso, y que las delaciones que el régimen pretendía conseguir no se han producido. La gente está harta de lo mismo de siempre. La sociedad cubana quiere ir por un camino pero el gobierno quiere que sea el suyo. Un camino peligroso y trataremos de indagar en las razones.

Del conjunto de medidas de la Tarea Ordenamiento, superado el susto inicial con el tipo de cambio del peso, que no se acepta por el mercado informal que ya lo devaluó en un 100% en menos de un mes, los precios han sido el problema de mayor impacto social. No lo digo yo, lo dice una comisión de diputados de la Asamblea nacional comisionados por su presidente, Lazo, a investigar los problemas que aquejan a los cubanos.

Pero también, me sumo a los diputados y afirmo que la influencia sobre los precios de la medida devaluatoria, los aumentos de salarios, la reducción de subsidios han provocado una tensión inflacionista que las autoridades no pueden ni saben controlar, dentro del modelo social comunista que rige los destinos de país desde hace 62 años. El terreno ha estado bien abonado para la inflación desde hace tiempo, y en numerosas ocasiones, lo hemos señalado en este blog.

Los precios tienden a subir en una economía cuando la cantidad de dinero en circulación es elevada, como ocurre en Cuba. Según datos oficiales de ONEI, el agregado monetario M2 (dinero en efectivo y cuentas bancarias) ronda el 102% del PIB, uno de los porcentajes más elevados del mundo. El descontrol de la masa monetaria, dada la velocidad de circulación del dinero, promueve incrementos de precios que si no son mayores es gracias, o mejor dicho, por culpa del estado de la economía a punto de colapsar, con una caída del PIB del 11% en 2020, que recuerda en ocasiones a lo ocurrido en pleno período especial.

Sin control monetario, no es posible sostener la moneda, con lo que las presiones para devaluar el peso arreciarán pronto, y el régimen comunista tendrá que volver a devaluar, aumentando el impacto inflacionista en la economía. La otra fuente que promueve el aumento de la inflación viene de la gestión pública, con un déficit situado en el 20% del PIB, de los más elevados del mundo, que ha situado el endeudamiento en las proximidades del 30%, en una economía en la que el 75% del PIB depende del estado, que es el que ha descontrolado totalmente sus cuentas. Esa tensión del déficit se traslada a la competencia por los escasos recursos que quedan en la economía, generando inflación.

En tales condiciones, para estabilizar la economía, se precisa reducir la cantidad de dinero en circulación y controlar el déficit, y además, hacerlo cuanto antes. Y ello no implica más control de precios, centralizados o topadas, sino todo lo contrario. La idea es liberalizar la oferta para que su crecimiento frene las tensiones inflacionistas. Tanto la oferta privada, que por supuesto es fundamental en la producción de alimentos, como la oferta estatal, las empresas estatales y las entidades del sector presupuestado, que tienen que gestionar mejor sus recursos para producir más y hacerlo de forma más eficiente. Incrementando la oferta, los controles de precios serán inútiles, ya que se irán ajustando a la baja vía exceso de oferta. La economía podrá salir del colapso en que se encuentra, generar más empleo, ingresos, prosperidad y riqueza.

Y para ello, sobran medidas penales y sancionadoras como el Decreto 30, De las contravenciones personales, sanciones, medidas y procedimientos a aplicar por la violación de las normas que rigen la política de precios y tarifas, que fue publicado en la Gaceta Oficial No. 8 Extraordinaria, de 29 de enero de 2021, y que como ya se ha señalado en una entrada anterior en este blog es el instrumento del régimen comunista para hacer frente a las indisciplinas y el descontrol, así como incrementar el rigor de las políticas. Las sanciones y las multas que se establecen por comportamientos que, en absoluto, caen en la categoría de delitos penalizables, es muy variada, y la mayoría se dirigen a la actividad comercial, tanto la mayorista, como la minorista, aunque también se incluyen sanciones en otras actividades como la construcción o la gastronomía, entre otras.

En otra entrada de este blog se analizó la notable dispersión de los importes de las multas, sanciones y las medidas de incautación y confiscación que se aplican en cada caso. El régimen ha descubierto que lanzándose a esta peligrosa aventura puede echar mano de los atávicos argumentos de la llamada “revolución” contra las fuerzas vivas de la sociedad, los agentes económicos privados, los únicos que aportan crecimiento, prosperidad y riqueza a la economía nacional, frente a la parsimonia del estado. Mal asunto es recentralizar la economía por la vía de los golpes, las incautaciones y las multas. Posiblemente, este tipo de prácticas les funcionaron a los comunistas cubanos en plena guerra fría, pero en 2021 ha llovido mucho desde entonces, y nada es como en aquellos años de sufrimiento para el pueblo cubano.

La cuestión que se dirime es quién manda y quién obedece. No conviene dar más vueltas al asunto. La sanción máxima, establecida entre 12.000 y 15.000 pesos, se destina a aquellos que ordene no aplicar o no aplique las medidas dispuestas por la autoridad facultada para subsanar los resultados nocivos provocados por la contravención. Es decir, quien desobedezca. Dentro de la revolución, todo. Fuera de la revolución, nada.


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