Rebajar expectativas, por lo que pueda pasar

Elías Amor Bravo, economista

La prensa internacional ha acogido con expectación favorable las recientes medidas del régimen comunista cubano de autorizar 2.000 licencias de actividad al trabajo por cuenta propia, y limitar a 124 las que no se pueden ejercer (entre ellas, las profesiones médicas, arquitecto, contable, consultor o periodista, por citar algunos casos relevantes). Tanto que algunos han llegado a la conclusión de que vuelve el sector privado a la economía cubana. No tan rápido.

Lo cierto es que desde finales del pasado año, los dirigentes cubanos han puesto en marcha una serie de medidas para hacer frente a la grave crisis económica que sufre el país como consecuencia de los efectos de la pandemia del COVID-19 y del agotamiento del modelo social comunista que rige los destinos económicos. La economía cubana registró un declive del -12% en 2020, y las estimaciones de un posible rebote para 2021 se cuestionan como consecuencia del freno del turismo mundial, que es el sector esencial para obtener las valiosas divisas que necesita el país.

Pero los dirigentes comunistas han estado especialmente activos. Empezaron a finales de 2020 con la autorización a los inversores extranjeros para realizar inversiones y controlar el 100% de los activos, lo que supone incumplir el precepto constitucional de que la propiedad de los medios de producción es colectiva, de todos los cubanos.

Desde estas nuevas normas de captación de una inversión extranjera que ha estado llegando a cuenta gotas, se pretende que los capitalistas extranjeros que pongan en marcha en Cuba inversiones en sectores considerados como estratégicos, el turismo, el comercio mayorista, la biotecnología y la industria farmacéutica, sean los propietarios del activo industrial, de modo que el régimen deja de ejercer su derecho a la acción de oro. Las medidas fueron implantadas por el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca.

El mismo que anunció y puso en marcha un sistema para la exportación de los trabajadores por cuenta propia basado en la obligatoriedad de contar con entidades intermedias del estado que cobran una comisión del 20% por las labores de apertura de mercados. La venta del capital productivo del país a los extranjeros, algo que estaba prohibido hasta la fecha, no ha sido cuestionada por nadie y se ha asumido con toda tranquilidad. Eso si, las inversiones extranjeras no se pueden canalizar a los pequeños negocios privados de los trabajadores por cuenta propia, sino solamente a los proyectos de la Cartera que año tras año da a conocer el ministerio de Malmierca, para ofrecer todo tipo de facilidades al capital extranjero privado.

Después, el 1 de enero tuvo lugar el “día cero” de la Tarea Ordenamiento una reforma monetaria, cambiaria, de precios, salarios, pensiones y subsidios y gratuidades que ha pillado por sorpresa, ciertamente desagradable, a todos los cubanos, atizando un entorno de inflación descontrolada, inquietud e incertidumbre, y percepción de incompetencia de los dirigentes como gestores de la economía.  

En esencia, se trataba de hacer desaparecer la moneda instrumental creada en tiempos de Fidel Castro para frenar la dolarización de la economía cubana,  el CUC y dejar solo como moneda de curso legal en la isla el CUP, con su correspondiente tipo de cambio fijo con el dólar y principales divisas. Esta decisión se ha acompañado de una devaluación asimétrica del CUP que solo pretendía afectar al sector empresarial, pero que ha trasladado sus efectos negativos a los precios de todos los bienes y servicios, invalidando los aumentos salariales (sin referencia de productividad) y de pensiones. La eliminación de los subsidios y gratuidades ha acentuado más aún la pérdida de poder adquisitivo. Muchos cubanos opinan que la Tarea Ordenamiento se ha implementado en el peor momento, solo para cumplir fines políticos de Díaz Canel ante el próximo congreso comunista en que quiere sustituir a Raúl Castro al frente del poder.

Y mientras los cubanos digieren con especial dificultad los efectos de la Tarea Ordenamiento, el pasado 6 de febrero, el régimen anunciaba la liberalización del trabajo por cuenta propia, que ha despertado la atención mundial, bajo la idea de un presunto resurgir del sector privado en Cuba.

En principio, nada de eso. La medida ha sido diseñada para continuar la implementación de los llamados “Lineamientos” y pretende permitir el paso a la economía formal de muchas actividades que se venían realizando en el ámbito informal, a la vez que se saca el máximo provecho a las cualificaciones y competencias de la población.  Hay quienes observan detrás de esta medida un instrumento para facilitar el acceso a empleos de trabajadores que van a perder los suyos en las empresas que no podrán sostener su viabilidad como consecuencia de los efectos de la devaluación del peso. También, se piensa que existen motivos de sobra para justificar la decisión del gobierno para recaudar más por el impuesto de ingresos personales que pagan los trabajadores por cuenta propia, que es el que más ha crecido desde 2015, un 150% frente al 18% del conjunto de la recaudación.

De sector privado, nada. La constitución comunista de 2019 lo dice muy claro en el Título II de los Fundamentos económicos, por si alguien tuviera la menor duda. Las reformas de la inversión extranjera, la Tarea Ordenamiento o el trabajo por cuenta propia son parches que no resuelven los graves problemas de fondo de la economía, que cada vez se están complicando más. Por ejemplo, muchos trabajadores por cuenta propia vinculados al turismo y sus trabajadores contratados, no solo contemplan un trato distinto en materia de salarios con respecto a los empleados de las empresas estatales, sino que la suspensión de licencias, está provocando una pérdida del tejido productivo que se había construido con no pocas dificultades, cuya recuperación resultará problemática.

Lo peor de todo es pensar que existe alguna posibilidad de regresar al pasado. La etapa en que Obama decidió recuperar las relaciones de EEUU y Cuba quedó atrás en el tiempo y en los seis años transcurridos han sucedido muchas cosas que impiden volver atrás, de la misma forma que es imposible regresar a 1959 o a 1968 antes de la ofensiva revolucionaria. Nadie debería esperar cambios por parte de Biden hacia el régimen de La Habana, no hay espacio para un acercamiento que es difícil de concretar mientras que los ciudadanos de EEUU no puedan relacionarse directamente con el sector privado cubano, y esta prohibición se mantiene. 

La convivencia del régimen comunista con sus emprendedores privados nunca ha sido positiva, y lejos de confiar en este importante sector, todo han sido trabas, obstáculos y dificultades haciendo muy difícil la relación que nunca se ha desarrollado en un marco normal de colaboración, como ocurre en otros países. La ideología dominante en Cuba, el marxismo leninismo, rechaza la iniciativa privada empresarial, prohíbe la acumulación privada y considera que la empresa estatal es el núcleo de la economía. 

Ni siquiera estas medidas de aumentar el número de licencias para el trabajo por cuenta propia debe contribuir a esperanza alguna de posibles cambios. Con un cónclave comunista a pocas semanas de distancia, no cabe esperar cambios relevantes en la economía cubana que permitan superar los obstáculos que le impiden crecer y prosperar. Visto lo visto, las autoridades son las únicas responsables de esta situación que dura 62 años, echando culpa de su incompetencia de gestión a escenarios cuya solución es realmente fácil.

Es más, adoptar las medidas en este preciso momento, de notables dificultades y complejidades para todos, no es más que una boutade, una provocación que pretende trasladar al sector privado una responsabilidad de su futuro muy superior a la que cabe pedir, porque la actividad privada no tiene capacidades en el marco actual para liderar la defensa de sus derechos. Nada cambia, porque todo sigue igual, incluso, a peor, conforme avancen los efectos desastrosos de la Tarea Ordenamiento.

 

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