¿Qué va a hacer el régimen para "ordenar" la Tarea Ordenamiento?

Elias Amor Bravo, economista

La derrota se vislumbra en el horizonte. Titulares como el último de Granma, van en esa línea “Consejo de Ministros: En la senda de perfeccionar el proyecto social y económico cubano”, y se añaden las palabras de Díaz Canel en la última reunión del consejo de ministros “Hay que trabajar con inteligencia, no es momento de estar apesadumbrados ni agobiados”. Mal asunto. Si ese es el estado de la sociedad cubana, apaga y vámonos.

Reconocer, como ha hecho Díaz Canel, las “complejidades” de la situación actual, es volver sobre el mismo tema de siempre. El gobierno comunista no puede decir que no fue advertido de la aventura a la que se iba a lanzar, y, por ello, ahora es tarde. De perdidos al río, como dice el refrán castellano, tiene poco que ver con los objetivos de un gobierno que dice actuar “con dedicación, inteligencia y trabajo intenso, sin pasividad, sin demora y con agilidad”.

¿Quién lo iba a decir? Díaz Canel entiende que su gobierno se enfrenta a tres grandes problemas: la implementación de la Tarea Ordenamiento, el enfrentamiento a la COVID-19, y la producción de alimentos. Dos de ellos, son responsabilidad directa y exclusiva del gobierno comunista. El otro, la pandemia, afecta en mayor o menor medida a todos los países del mundo, y por tanto, lo único que cabe es actuar de forma correcta, sin alardes, ni titulares forzosos.

Sin embargo, con la Tarea Ordenamiento y la alimentación del pueblo, los comunistas cubanos se han encontrado con una barrera que puede acabar poniendo fin al modelo. ¿Por qué decimos esto? Básicamente, porque se acaba el tiempo y tratar de pasar otro año sin divisas y contra las cuerdas, es imposible para la debilitada economía cubana. 

Reconocer ahora que el ordenamiento monetario se ha implantado en medio de complejidades, no oculta la responsabilidad de Díaz Canel que solo por razones políticas se ha lanzado a una operación en el peor momento posible, cuyas medidas no están teniendo un impacto favorable sobre la sociedad. Ya se advirtió en alguna entrada de este blog. 

Las políticas de ajuste, las “terapias de choque”, y la Tarea Ordenamiento lo es, suelen tener efectos negativos sobre las economías sobre todo, sobre todo, cuando no se aplican de forma adecuada y no producen los efectos esperados, como ocurre en Cuba. Ello, combinado con las obligadas medidas de control de la epidemia de la COVID-19 ha supuesto un impacto muy grave sobre la población. Y lo peor no ha llegado aún.

Y aquí viene lo sorprendente, porque las soluciones que plantea Díaz Canel para enderezar el proceso ni son las correctas, ni llegan en el momento justo, ni van a suponer mejora alguna en el control de ordenamiento. 

Por ejemplo las arengas para que los cuadros dejen atrás comportamientos burocráticos y muestren más sensibilidad con la población, no generan más producción y eficiencia. Achacar a los cuadros la responsabilidad del descontrol actual es injusto y no obedece a la dura realidad del día a día de estas personas que están al frente de las organizaciones.

Por otro lado, lograr que el sistema empresarial estatal sea más proactivo e innovador no se consigue a corto plazo y sin inversiones, sino que se debe plantear como un objetivo de medio y largo plazo, eso si, pasando por amplias y profundas reformas estructurales que los comunistas se niegan a implementar. 

Finalmente, culpar a determinadas entidades de no prepararse de forma adecuada para la Tarea Ordenamiento es lanzar piedras sin rumbo fijo trasladando responsabilidades a otros.

En concreto, y sobre este último punto, si determinadas actuaciones que tenían que implementarse de una determinada forma, se hicieron de otra, sin tener en cuenta lo dispuesto en las normas de la planificación central, en una clara referencia a los precios y tarifas, que quitan el sueño a los dirigentes del régimen, habría que investigar en profundidad lo ocurrido. Porque tal vez las normas de la planificación central son inútiles, no sirven, están mal diseñadas y crean más problemas que soluciones en caso de ser implementadas. Esa obediencia ciega a lo que dispone el estado intervencionista acaba siendo un grave problema para los gestores de la economía cubana.

Por ello, no se trata de un supuesto de actuar mal. Los cubanos están acostumbrados a padecer una pésima gestión de las decisiones públicas de sus gobernantes durante 62 años, y rara vez protestan. Implementar mal es un rasgo inherente a la gestión estatal de la economía, donde al ser imposible que los agentes económicos privados asuman el liderazgo de la misma, todo queda en manos del aparato burocrático del gobierno. La economía cubana funciona a pesar de los fallos del gobierno. El problema surge cuando se acaba el tiempo de rectificar para poder avanzar, y esto es lo que ocurre justo ahora mismo.

Es lo mismo que la arenga continua de Díaz Canel a producir más alimentos por los nacionales, al resultar imposible recurrir a las importaciones por la falta de divisas. Los agricultores privados quieren aumentar la oferta, e inundar los mercados con sus productos a los precios más competitivos posibles, pero necesitan para ello, otro modelo distinto de derechos de propiedad de la tierra, y eso ni está, ni se le espera. No cabe esperar mejorar en la producción a corto plazo. La amenaza va a continuar.

Exceso de confianza muestran los dirigentes por la iniciativa de aumentar el número de actividades autorizadas para el ejercicio del trabajo por cuenta propia. Ya han descubierto, finalmente, que el sector privado es el único que,con su crecimiento, facilita mayores ingresos estatales, y por tanto, escondiendo sus vergüenzas ideológicas, el régimen se ha dispuesto a aumentar el famoso de listado de 127 actividades autorizadas, para pasar a más de 2.000 en el Clasificador Nacional de Actividades Económicas, de las que solo se limitan, total o parcialmente, 124 de ellas.

Tampoco se autorizan las prohibidas expresamente por ley, como la caza y pesca de especies prohibidas y en peligro de extinción, la explotación de las plantas endémicas, el empleo infantil y el trabajo forzado, entre otras.

No conviene hacerse grandes ilusiones. Con esta medida, el régimen pretende incrementar sus ingresos tributarios. El Impuesto sobre ingresos personales es uno de los que más han aumentado en los últimos años, a pesar de las limitaciones que imponía el gobierno al ejercicio del trabajo por cuenta propia. Con datos oficiales de ONEI, entre 2015 y 2019 la recaudación total del estado cubano aumentó un 18%, con el impuesto sobre ingresos personales, la recaudación aumentó un 158% en el mismo período. Los dirigentes cubanos han descubierto la "vaca lechera" y se disponen a autorizar más licencias para el trabajo por cuenta propia para recaudar más. 

También esperan resultados positivos con el nivel de empleo del sector privado, que, por otra parte, se había quedado estancado en un 30% del total. Las peores expectativas del mercado laboral en las empresas estatales que previsiblemente no puedan superar la crisis de solvencia provocada por la devaluación (la terapia de choque de la Tarea Ordenamiento) aconseja autorizar trabajo por cuenta propia como una fórmula para aumentar el empleo ante la caída que se prevé en el sector estatal.

En este blog nunca se lanzará una sola crítica hacia el trabajo por cuenta propia, que se considera esencial para transformar la obsoleta economía cubana, por su mayor capacidad para atender las necesidades de los cubanos  La libertad económica cuando llega, abre caminos. Bienvenida sea la medida de autorizar a más emprendedores privados que puedan vivir de su trabajo independientes del estado comunista. Pero si que se cuestionará cualquier medida del gobierno destinada a crear asimetrías y desigualdades entre el sector estatal y el privado, para lo que es urgente una ley de empresa que ponga fin a la situación del marco empresarial cubano, obsoleto e inadecuado para los tiempos que corren.

La flexibilidad de los procesos de autorización, la agilidad de los mecanismos burocráticos, acentuando la responsabilidad sobre los organismos comunistas locales, y la relativa facilidad para obtener las licencias, confirma que el gobierno ha decidido apostar por el trabajo por cuenta propia para sacar la economía del bache en que se encuentra. Pero estos cambios no llegan gratis y aumentar el número de emprendedores exige mucho más que rapidez en las autorizaciones y un mayor espectro de oportunidades. 

El marco de los derechos de propiedad, la posible obtención y capitalización de riqueza por los emprendedores privados y las eventuales relaciones directas entre ellos y con los inversores extranjeros, son caminos prohibidos por el régimen comunista que tienen que ser abiertos para la iniciativa privada dentro de un nuevo entorno más favorable para la actividad económica privada.

Por lo que respecta al Decreto que ha sido publicado recientemente para establecer las contravenciones, multas y demás medidas a aplicar por la violación de las normas que rigen la política de precios y tarifas minoristas, las autoridades lo han justificado en función de las circunstancia actuales del país, y tratar de hacer frente a las violaciones de precios, en especial aquellos que se consideran abusivos y especulativos.

La señora Bolaños, como ministra del ramo, fue la encargada de hacer referencia a la panoplia de multas, comprendidas entre 2.500 y 15.000 pesos y las medidas de decomiso, venta forzosa de los bienes, la retención o no comercialización de mercancías destinadas a la venta a la población y la aplicación de precios abusivos y especulativos. Un aparato represor destinado a lo mismo de siempre, atemorizar a los que se encuentren en la tesitura de contravenir un precio.

Al Decreto de multas por los precios, se añade otro, igualmente reciente, que va destinado a sancionar las infracciones de las medidas sanitarias para la prevención y enfrentamiento de la COVID-19. Este trata de aumentar la responsabilidad individual, familiar y social, la exigencia, el rigor y el enfrentamiento a conductas de indisciplina y descontrol. Una última sugerencia. En cuestión de medidas sanitarias, lo primero que debería vigilar el gobierno son sus bodegas desvencijadas que sobreviven de los tiempos anteriores a 1959, en las que se distribuye la canasta normada con largas colas de pacientes personas que no tienen otro remedio si quieren conseguir los bienes que se suministran. Por extraño que parezca, sin embargo, es difícil que en las tiendas en MLC, bien dotadas de alimentos y otros productos, alguien pueda quejarse de las situaciones sanitarias. Que tomen buena nota de ello.



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