El régimen no quiere resolver el problema agropecuario en Cuba

Elías Amor Bravo, economista

El régimen tiene un grave problema: los alimentos escasean y la gente se queja. Las protestas van a ir en aumento, y no hay forma de atender las necesidades sociales dentro del marco del modelo social comunista. No se quiere tocar este sistema integrado a calzón en la constitución de 2019, y se aplican parches de urgencia que no resuelven la situación. 

Lo último que se ha conocido es un paquete de medidas incluidas en la Gaceta Oficial No 49 del 4 de mayo de 2001, destacando el Decreto 35/2021 y varias resoluciones, que pretenden dar un mayor protagonismo al productor y al municipio en la comercialización mayorista y minorista.

En este blog se ha señalado en numerosas ocasiones que querer resolver los problemas de oferta en la agricultura cubana con medidas comerciales es como matar moscas a cañonazos. Pueden morir algunas, pero si no se ataca el foco del que salen, volverán y el problema continuará manifestándose.

Y entonces, ¿Cuál es el problema? También se ha explicado, y no está originado en la fase de la distribución, que obviamente presenta sus deficiencias que se pueden corregir con relativa facilidad mediante más competencia e incentivos por los cumplimientos. El problema se encuentra en las condiciones técnico productivas en que se desarrolla la actividad agropecuaria, y se manifiesta de forma evidente en el régimen jurídico de derechos de propiedad, que impide al productor agropecuario ser el dueño de los medios de producción.

Por eso, estas iniciativas del régimen para “fomentar la equidad y la coexistencia entre las formas de gestión, la autonomía y la competitividad, por medio de la comercialización de productos agropecuarios” son tan solo un parche que no puede resolver problemas mucho más graves y profundos que están anclados en el modelo social comunista que rige los destinos de los cubanos desde hace 62 años.

Cierto que se puede hacer mucho desde el ámbito de la comercialización de los productos agropecuarios para mejorar la eficiencia de los suministros a la población. Bastaría con privatizar la distribución mayorista, suprimir acopio y dejar que los vendedores privados se abastecieran directamente con los productores. Apartar al estado intervencionista del sector de la distribución comercial no plantea problema alguno y se puede resolver con un par de decretos para hacerlo con la ley desde la ley.

Pero si se quiere mejorar la distribución comercial es necesario que haya productos para ello, por lo tanto, el problema principal radica en despejar las trabas, obstáculos y límites que impiden a los productores agropecuarios cubanos escalar sus explotaciones y alcanzar rendimientos crecientes. Y ahí se puede observar que el marco legal existente no sirve y, actúa justo en la dirección contraria, restando los necesarios incentivos para la producción. Incentivos que se encuentran ligados a la libertad de elegir qué producir, cuánto producir, a qué precios, con quién distribuir y dónde aprovisionarse de insumos. Sin esa libertad, la economía agropecuaria no puede prosperar y crecer en la oferta.

¿Qué es lo que regula el decreto antes citado? Asombrosamente, presta atención a las tareas de la selección, el empaque y el procesamiento de los surtidos por los productores, en definitiva, la posibilidad de realizar el beneficio a la producción “elevar el valor agregado de los productos agropecuarios” por parte de los trabajadores por cuenta propia, las familias, las cooperativas agropecuarias, así como por las entidades especializadas y comercializadoras mayoristas. Todo el mundo a empacar los productos para su distribución a la red mayorista, una tarea que se debería realizar por esas agencias que, precisamente, cumplen esa función a gran escala y ahí es donde obtienen su rentabilidad.

Los comunistas cubanos han creado un auténtico batiburrillo con la comercialización y ponen a dirigentes locales a controlar todo el proceso. La norma establece la creación de un “comité de contratación”, con funciones dedicadas a “evaluar el nivel de actividad de las producciones a partir de las posibilidades del territorio, proponer el orden de prioridad de los destinos que se contratarán, y también elaborar el balance de los productos agrícolas a su nivel, donde se establecen los ratificados de producción para el próximo mes y el estimado de la comercialización para los dos siguientes en la actividad acopiadora”. 

Lo mejor de todo es que este comité está presidido por el gobernador y el intendente, según el nivel. Ya dirán qué sentido tiene que estas autoridades políticas representativas entren en el proceso de la distribución comercial, tratándose de una tarea profesional y de gestión.

Por otra parte, la autorización para ofrecer a la población productos lácteos a precios por acuerdos y promover el acceso de los productores de leche fresca de vaca, búfala y cabra, así como sus derivados a los diferentes mercados, ha sido regulada en la Resolución 139/2021.

Desde que se anunció esta medida, los dirigentes expresaron su deseo que sirviera para aumentar la producción de lácteos y derivados, pero el procedimiento diseñado es burocrático, intervencionista y jerarquizado, y supone que, para poder acceder al mismo, el ganadero debe obtener primero, el certifico de la Empresa Láctea que acredite la suscripción y el cumplimiento del contrato para la entrega de leche a la industria y al comercio minorista, teniendo en cuenta los indicadores de la ganadería y los de calidad e inocuidad establecidos. Sin ese papel, no hay nada que hacer.

Y ya se sabe, los criterios de concesión son discrecionales y en ningún momento se hace referencia a los mismos. Un buen ejemplo, el precio de acopio para la compra del litro de leche fresca de vaca se fija en 7,50 pesos. Si el productor cumple o sobrecumple el plan de entrega del mes, se bonificará con 1,50 pesos por litro. ¿Quién dice qué se cumple o sobrecumple, cómo y por qué? Y el precio posterior, ¿en base a qué se determina sin un mercado que asigne los recursos?

La norma dispone, en concreto, la práctica liberalización de la venta de leche de cabra, búfala y sus derivados, que se pagará por acuerdo entre el productor y los compradores, a fin de buscar ingresos en divisas que tributen al desarrollo de la ganadería. ¿Ingresos en divisas? ¿Dónde y cómo?

La otra Resolución publicada, la No 140/2021 establece el procedimiento para autorizar el sacrificio, consumo y comercialización de las carnes de ganado bovino por los productores, tiene como objetivo aumentar la oferta a la población de productos cárnicos a precios por acuerdos, y promover el acceso de los propietarios a los diferentes mercados.

Una vez más, el procedimiento establecido viene cargado de mecanismos de control e intervención, burocracia y jerarquía que exigen a los productores estar acreditados y actualizados como tenentes en los registros de la Tierra y de Control Pecuario. Se exige cumplir con el encargo estatal; que se fijan en función de las tasas de extracción anual y pesos de sacrificios establecidos por los productores (aquí sí que parece que existen indicadores más o menos objetivos), y cumplir la entrega mínima de 520 litros de leche, en el caso de quienes tengan hasta diez vacas, y 550 para aquellos con más diez.

Otro requisito exigido es mantener el crecimiento del rebaño de vacas y el rebaño total. Por eso puede sacrificar, para su consumo y comercialización, en la categoría establecida, un animal de cada tres que incremente en su rebaño. Solo entonces se autorizará el sacrificio, en mataderos acreditados de los machos en categoría añojo, torete y toro, y las hembras de desecho no aptas para producir, certificadas por la autoridad debida.

Estas nuevas normas entrarán en vigor el 4 de junio con el objetivo de eliminar la dispersión y las contradicciones normativas sobre la comercialización de productos agropecuarios. Los dirigentes insisten que lo más importante es que todos los actores estarán en igualdad de condiciones, y podrán realizar la compraventa en función de sus condiciones financieras, lo que evitará las dañinas y recurrentes cadenas de impagos y las pérdidas de productos. 

La normativa establece una actualización y divulgación semanal de los precios, busca crear “mercados de nuevo tipo” y modificar los existentes para que impacten por su imagen, limpieza, organización y por brindar otros servicios como mensajerías, ventas online y métodos electrónicos para el pago, incentivar el beneficio de los productos elaborados o semielaborados, con diferentes calidades y precios, permitir a las empresas del sistema de la Agricultura y de otros organismos arrendar recursos (desde locales, medios de pesaje hasta transporte) a los productores o cooperativas para facilitar la actividad de comercialización de manera directa. 

Ni una sola medida trata de modificar el marco jurídico de derechos de propiedad de la tierra, de modo que se mantiene el modelo actual. Mal asunto. Además, el papel del estado se ve reforzado y aumenta sus competencias plenas en la regulación, el seguimiento y control de la producción, la contratación, el establecimiento de las prioridades en los destinos, los balances de productos, el control de los precios, la comercialización en condiciones excepcionales (como ciclones), la siembra y el uso de la tierra. Es decir, todo. 

Antes del verano, tendremos ocasión de valorar el fracaso de estas medidas. El ganado no crece de forma explosiva, sino de forma lenta y con una gran exigencia de trabajo y dedicación. Lo saben bien los productores. Los dirigentes comunistas, al parecer, no.