Nuevas sanciones de la OFAC al régimen castrista

Elías Amor Bravo, economista

Las autoridades del régimen de La Habana no han tardado ni un minuto en reaccionar con dureza a las nuevas sanciones aprobadas la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a determinadas transferencias y viajes con destino a Cuba.

En el peor lenguaje, y con un tono agresivo, la prensa estatal, que escribe a impulso del bloque de poder político, ha señalado en una nota de Cubadebate, que estas sanciones “prueban el cinismo de las afirmaciones estadounidense de que sus acciones van enfiladas contra el gobierno cubano, ya que estas limitan a ciudadanos estadounidense impedidos de viajar libremente a Cuba y atentan contra los negocios privados de ciudadanos cubanos, además del efecto directo que tienen en el nivel de vida del pueblo cubano”. El régimen parece seguir la máxima, “reparte daños y luego, ya vendrán tiempos mejores”, pero esta vez también se equivoca.

Lo cierto es que esta reacción de los dirigentes comunistas no ha causado sorpresa. Lo que sí que ha llegado de forma inesperada es el combinado de sanciones que Estados Unidos ha emitido para ejercer una influencia sobre las transacciones financieras y viajes de ciudadanos de Estados Unidos a Cuba. Hasta ahora, las sanciones se concentraban, por medio de cirugía fina, en causar el máximo daño posible al consorcio de poder económico del régimen GAESA y asociados. Las sanciones que van a entrar en vigor el 30 de septiembre han ampliado su espectro, pero los resultados se tienen que interpretar con sumo cuidado.

Desde La Habana se califica, de forma estridente, estas sanciones como “medidas que forman parte de la política de asfixia y castigo colectivo aplicadas por el gobierno de Estados Unidos contra el pueblo cubano, amparadas en la Orden Ejecutiva del pasado 1ro de mayo, que establece acciones directas y medidas secundarias para intentar aislar a Cuba del comercio internacional”.

Y en realidad no es así, ya que a pesar de que el conjunto de entidades sometidas a sanciones se ha ampliado en esta ocasión, se está lejos de ese “castigo colectivo” del que hablan los dirigentes comunistas. Basta revisar las nuevas sanciones para contrastar que su diseño sigue estando muy segmentado.

En primer lugar, la prohibición a cualquier ciudadano bajo jurisdicción de Estados Unidos de viajar a Cuba para participar u organizar reuniones profesionales o conferencias, a partir de del 30 de septiembre, no parece que vaya a causar efectos negativos a un gran número de personas. Tal y como está la situación económica y social en la Isla, este tipo de actividades llevan reducidas a la mínima expresión desde hace tiempo. Las sanciones en este ámbito tienen un efecto limitado y en su caso, muy concentrado y para nada afectan al pueblo cubano, en general.

En segundo lugar, las sanciones prohíben los viajes grupales educativos bajo la fórmula "people to people”, que estaban previamente autorizados por la OFAC. Al igual que en el caso anterior, no parece que vaya a afectar a mucha gente, porque esta fórmula había caído en desuso y nunca llegó a tener éxito, y desde luego, al pueblo cubano que padece los apagones, las basuras, la falta de agua, de alimentos, les da exactamente igual que se autoricen o prohíban esta modalidad de viajes.

En tercer lugar, y en la misma línea, se inscribe la prohibición de viajes educativos a Cuba realizados por personas sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos. A partir de ahora, estos viajes, en su caso, deberán realizarse bajo los auspicios de una organización sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, y casi todos los viajeros deberán estar acompañados por un representante de la organización patrocinadora.  Lo dicho, el impacto que esto pueda tener en el conjunto del pueblo cubano es prácticamente inapreciable.

Y, si las sanciones relativas a viajes apenas afectan al conjunto del pueblo cubano, la ampliación de la prohibición para que las personas sujetas a jurisdicción estadounidense no puedan realizar transacciones financieras directas ni indirectas con entidades incluidas en la Lista Restringida de Cuba. Esta sanción se relaciona de forma más estrecha con las que se implementaron en órdenes anteriores, y afecta, sobre todo, a las entidades que integran el consorcio de poder económico militar, y sus efectos sobre el conjunto de la población son escasos.

En quinto lugar, se destaca la eliminación de la autorización para la realización de las transacciones bancarias “U-Turn”, que permitían a instituciones financieras estadounidenses procesar determinadas transferencias relacionadas con Cuba cuando el origen y el destino del dinero estaban fuera de Estados Unidos, puede causar ciertos efectos negativos en los perceptores de remesas residentes en Cuba, si bien esta fórmula era utilizada de forma limitada para envíos de remesas sobre todo, por su elevado coste. No obstante, el texto de las sanciones hace una salvedad para mantener las remesas humanitarias, así como la venta de alimentos, medicamentos y equipos médicos de Estados Unidos a Cuba, por lo que tampoco la medida va a tener los efectos colectivos que constata el régimen.

En sexto lugar, la medida más controvertida de este paquete de sanciones es la que prohíbe a las instituciones bancarias de Estados Unidos abrir y/o mantener cuentas bancarias para ciudadanos cubanos que sean empresarios independientes del sector privado. Se desconocen los motivos de esta decisión. El caso es que, a partir de este 30 de septiembre de 2026, las instituciones bancarias que previamente mantuvieron cuentas para dichas personas de conformidad con la derogada sección 31 CFR § 515.584(h)(2) están obligadas a bloquear todos esos fondos y cuentas e informarlos a la OFAC, a menos que la OFAC autorice un tratamiento diferente.

El acceso a los fondos bloqueados de estas cuentas va a requerir una licencia específica de la OFAC. Lamentablemente, no cabe duda de que esta sanción puede causar contratiempos a los emprendedores privados cubanos que están aumentando sus negocios y concentrando operaciones con Estados Unidos. Parece que la OFAC pretende segmentar, y concentrar las sanciones en aquellos emprendedores que se encuentran vinculados con el conglomerado económico de poder político y militar, de aquellos que son realmente independientes. Si este es el caso, ojalá acierten.

El régimen ha dicho que estas sanciones provocan efectos negativos en la superación de la crisis que ya se empieza a dibujar por la aplicación de las "transformaciones", pero este argumento no solo es falso, sino que cae por su propio peso. No hay mejora económica ninguna en un solo indicador, y las dificultades que el modelo económico comunista plantea a las iniciativas privadas impiden que la economía cubana funcione.