Ellos le llaman “reordenamiento laboral”



Elías Amor Bravo, Economista

El proceso de “reordenamiento laboral”, uno de los hitos de las reformas anunciadas por Raúl Castro,  se está ralentizando más de lo previsto, y a ello Granma le dedica un artículo en su edición de hoy.

Según se señala, el número de empleados estatales que recurre a los tribunales laborales en demanda de justicia, al ser expulsados de sus trabajos, es decir, “reordenados”, está aumentando de forma inesperada. 

Y los tribunales no lo dudan. Muchos se están poniendo del lado de los trabajadores, obligando al empresario, es decir, al estado que pretendía reducir su volumen de empleo, a volver a admitir al trabajador cesante.  

El “reordenamiento laboral”, que empezó siendo una acción necesaria, porque, según palabras del propio Raúl Castro en la Asamblea nacional a finales del pasado año, “la economía cubana está al borde del abismo”, no acaba de funcionar correctamente y por eso se ha venido frenando de manera muy destacada. 

Muchos trabajadores cubanos no aceptan la privación de un puesto de trabajo, mal pagado y sin expectativas de futuro, por una situación de desempleo temporal hacia un trabajo por cuenta propia, que era el diseño que las autoridades habían venido fijando como meta.

¿Estamos ante un ejemplo de la división interna dentro del castrismo? Si ello fuera así, tendríamos de un lado, digamos, el “reformista”, al propio Raúl Castro, empeñado en reducir empleo y despedir trabajadores del estado para que crezca la iniciativa privada. De otro lado, la burocracia comunista que se resiste, su organización sindical paralela, y por qué no, muchos miles de cubanos que no aceptan perder sus empleos, mal retribuidos y sin futuro, en el estado, a cambio de una experiencia incierta en el ámbito del cuenta propismo. La verdad es que las cosas no son ni blancas ni negras, y como siempre, hay que ir a las tonalidades grises intermedias.

El punto de discordia, al parecer, se encuentra en la denominada “idoneidad”, que es el mecanismo que se viene utilizando para dejar cesantes a los trabajadores estatales, y que está propiciando más de un dolor de cabeza en su implementación. En un país en el que no existe un marco de relaciones laborales como el existente en otros países democráticos, basado en el diálogo social y la concertación, se hace difícil obtener alguna conclusión sobre qué es lo que está sucediendo realmente. Tal vez por ello, el artículo de Granma sea especialmente interesante.

En dicho artículo se insiste en que las “administraciones deben proceder con transparencia durante este proceso de reordenación laboral, y las organizaciones sindicales y políticas, velar para que el principio de transparencia se cumpla”. Nada que objetar si se tiene en cuenta el intervencionismo que caracteriza a la economía castrista. Las relaciones laborales son un instrumento al servicio del funcionamiento ordenado de la economía, y lo que se pretende conseguir es un escenario de justicia y de compensaciones que no perjudique al trabajador, pero tampoco al empresario. Pero al mismo tiempo, el artículo se pregunta, “si esto no ocurriese, ¿con qué cuenta el trabajador para solicitar un mejor derecho?”.

La clave de todo esto se encuentra en la medición del desempeño laboral en una economía colectivista. 

Porque si esta tarea es difícil en la economía de mercado libre, y en ocasiones resulta especialmente compleja, qué podemos afirmar de un sistema en el que la propiedad de los medios de producción es teóricamente de todos, es decir estatal, y los objetivos se miden con otro tipo de criterios. Si no fuera por el drama personal que supone perder un empleo, tendríamos oportunidades de tomar a puro choteo cubano los referidos “parámetros de eficiencia, como el aprovechamiento del recorrido, el valor del litro de combustible, el índice de consumo, el aporte a la propina colectiva, elementos que resultaron ser medibles para todo el colectivo con el mismo perfil de cargo", en la empresa estatal de taxis que se menciona en el artículo.

La consecuencia de todo este proceso de reclamaciones, es que los tribunales están obligando a la reincorporación de los trabajadores despedidos a sus puestos de trabajo, lo que crea una sensación de incertidumbre en los gestores de las empresas y organizaciones que, lejos de carecer experiencia sobre estas cuestiones, se encuentran con que sus decisiones son sistemáticamente tumbadas por los jueces laborales.

La Central de Trabajadores de Cuba aparece como un agente muy activo en todo este proceso. La idoneidad para el despido, según esta organización, que dice defender los derechos sindicales de los cubanos, “debe partir de una evaluación integral de cada trabajador. Deben existir elementos que prueben que uno es más idóneo que otro. Ahí pueden entrar a jugar los resultados de la evaluación del desempeño y otros factores que demuestren que estamos ante el trabajador más idóneo para el cargo". Y añaden "si la norma orienta que en el proceso de disponibilidad tiene que estar garantizada la transparencia, la administración no puede entrar en favoritismo, discriminación o distinción entre un trabajador u otro que afecte el principio de idoneidad".

Al parecer, cuando Raúl Castro anunció los despidos de las empresas estatales, no sabía que la evaluación del desempeño es una técnica de gestión prácticamente inexistente en las empresas y organizaciones de la Isla, de modo que “las deficiencias que subsisten en muchos centros para reconocer al trabajador más idóneo tienen que ver con irregularidades que se suscitaron —y todavía se suscitan— en algunos centros de trabajo con la evaluación del desempeño”.

Es decir, más que incumplimiento de la norma o falta de transparencia y favoritismos, una vez más, nos encontramos con un escenario de desconocimiento de las reglas básicas de gestión de una economía moderna, en este caso, de la dirección de recursos humanos. 

Por medio de la evaluación del desempeño, la determinación objetiva de los candidatos a la “idoneidad” sería mucho más fácil y objetiva. Pero una vez más, los intentos de avanzar se encuentran limitados por la herencia del sistema, insensible a este tipo de técnicas de gestión muy extendidas en la economía de mercado libre.

Y lo que es peor, la pregunta que muchos se están haciendo es ¿para qué evaluación del desempeño, si lo que se tiene que hacer es despedir trabajadores? Como en otras muchas ocasiones, el cántaro antes que la vaca viene a poner de manifiesto que el cuento de la lechera es un rasgo característico de la economía castrista, lo mismo que la entrega de tierras en usufructo y los distintos experimentos con los que pretenden aligerar la pesada carga de la economía colectivista de base estalinista.

No seré yo el que defienda como se están llevando las cosas. Por supuesto que las empresas pueden corregir los errores e irregularidades cometidas con los procesos de despido. Nada hay que lo impida. Para eso están los tribunales de justicia. Pero el aumento de reclamaciones, sobre todo cuando éstas se están alentando desde la organización sindical, que parece haber despertado de un letargo de casi medio siglo en todo este proceso, hace presagiar otro escenario de incertidumbre para la deteriorada economía cubana. Visto desde fuera, el caos está servido. La construcción de una economía de trabajadores por cuenta propia pende de un hilo.

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