Balance de la construcción en Cuba en 2013: otro año perdido

Elías Amor Bravo, economista

Basta con pasear por las calles de cualquier población o de las principales ciudades, y de manera especial La Habana, para comprobar que el estado del patrimonio inmobiliario de Cuba no es el más adecuado. Una vez más, las decisiones confiscatorias de la llamada “revolución”, desposeyendo a los cubanos desde comienzos de los años 60 del derecho a la propiedad de sus viviendas, están en el origen de los problemas.

Durante más de medio siglo, varias generaciones de cubanos se han visto obligados a “ocupar” de forma irregular viviendas y edificios cuya titularidad oficial era de otros, en general, exiliados que al abandonar el país perdían todos sus derechos, incluido el de la vivienda. La prohibición legal de un mercado de compraventa de viviendas hizo el resto. Sin incentivos ni recursos para mejorar los hogares, y necesitando destinar los ingresos a otros bienes y servicios, necesarios y urgentes, el panorama de la vivienda en la isla es desolador. El sector de la construcción apenas da empleo a poco más de un 5% de la población ocupada, uno de los porcentajes más bajos de América Latina, según los datos de CEPAL. Sus niveles de productividad son igualmente muy bajos, lo que refleja su atraso relativo y baja eficiencia.

No existen mercados de suministros de materiales de construcción, el suelo disponible está controlado por el estado y tan solo existe una cierta actividad constructiva en las zonas turísticas, si bien frenada notablemente en los últimos años como consecuencia del estancamiento de la cifra de viajeros.

En tales condiciones, el balance de este sector en 2013 no puede ser más negativo, tal y como fue presentado por las autoridades del Ministerio de la Construcción (MICONS). Ni se ha conseguido avanzar en el “perfeccionamiento del sistema de la vivienda ni tampoco en la producción de materiales de la construcción, la eficiencia empresarial y la calidad”, de modo que 2013 se puede calificar como un año perdido para la vivienda en Cuba.

En ese sentido, conviene destacar que de los seis objetivos fijados por “el sistema de la construcción en el 2013”, el resultado más desfavorable se presentó en la producción de materiales. Las autoridades culpan de ello a los “problemas organizativos y de los directivos de las entidades, la baja ejecución de las inversiones aprobadas y la insuficiente realización del capital de trabajo previsto”. Si se analiza con detalle cada uno de esos problemas, se concluye que los mismos tienen su origen en el modelo institucional que elimina el mercado libre como instrumento de asignación de los recursos y limita la vocación emprendedora en este tipo de actividades.

No deja de ser significativo que alguien tan relevante como Ramiro Valdés hiciera un llamado a “eliminar de una vez los problemas en materia de calidad e ineficiencia, así como los delitos que existen hoy en el sector de la construcción”. ¿Delitos? ¿Por qué siempre hay que esconder la ineficiencia tras la denuncia de sucesos que, con otro marco legal distinto, no tendrían esa consideración de delitos? Hasta cuando el régimen castrista seguirá otorgando el carácter de delitos “al aprovechamiento de la jornada laboral, la utilización de las reservas y el rescate de las capacidades de producción”, entre otros. ¿Dónde esta el delito realmente?

Eso sí. En el balance del MICONS en 2013, todo ha sido alabanzas a la participación en la Zona de Desarrollo Especial del Mariel, cumplida ya al 85 % según los responsables ministeriales. Otra inversión con poca o nula rentabilidad, porque la realidad es que no se sabe muy bien que es lo que se va a comercializar a través de la misma. Para el presente año se prevé la construcción del ferrocarril que unirá la Terminal de Contenedores con otros territorios, así como la conclusión del dragado de la bahía.

Me recuerda la misma política de los tiempos históricos de la colonia, con la construcción del "ferrocarril Habana Güines", el primero de España, para transportar azúcar al puerto. La elevada concentración de actividad y recursos nacionales y extranjeros en el Mariel  hace que otras actividades se vean restringidas en su capacidad de desarrollo, a pesar de su notable importancia.

Una vez más, y para 2014, el MICONS ha realizado una propuesta de objetivos y metas de trabajo para perfeccionar el sistema de la vivienda, con el objeto de desarrollar el stock existente y su impacto positivo en el bienestar social. Por otro lado, se han establecido igualmente objetivos para controlar la eficiencia en el cumplimiento del plan de construcciones y montaje para inversiones.

Nada de ello puede dar resultado. El comportamiento de la construcción en la Isla depende del desarrollo de una adecuada política de infraestructuras públicas que el presupuesto del estado totalitario niega de año en año. La economía castrista presenta uno de los porcentajes más bajos de inversión en infraestructuras respecto al PIB de América Latina. Mientras no se supere esa situación, no hay mucho que hacer para el desarrollo del sector.

Por otra parte, la vivienda exige una transformación del sistema de derechos de propiedad para que vuelva a funcionar un mercado en el que compradores y vendedores estimulen el crecimiento de la oferta y de las empresas de construcción y reparación, así como el resto de la industria auxiliar de materiales. Nada de eso se conseguirá con los planes del MICONS de modo que el año entrante estaremos ante los mismos problemas, solo que más agrandados.