Balance del consejo de ministros del pasado 28 de marzo

Elías Amor Bravo, economista

Ellos dicen que son “importantes temas vinculados a la actualización del modelo económico cubano”, pero sinceramente tengo mis dudas que lo crean realmente así. Me refiero a la panoplia de asuntos que se abordaron el pasado viernes durante la reunión del consejo de ministros presidida por Raúl Castro, y de la que se ofrece alguna información en Granma.

Como primer aspecto de la jornada, se volvió por enésima vez a debatir el tema escabroso de las relaciones del Consejo de Ministros y los Organismos de la Administración Central del Estado (OACE) (lo que se podría calificar como el poder político), con las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE) (que entrañan el poder económico). No me extraña que este sea un asunto complicado. El régimen totalitario, que concentra todo el poder en unas pocas manos, no quiere dispersión del mismo. Al parecer el “perfeccionamiento” institucional establece que los OACE tan solo puedan ejecutar funciones estatales, en tanto que las OSDE serán responsables de las funciones empresariales, aunque su dependencia y creación responda a decisiones políticas. Lo dicho, una de cal y otra de arena. La integración de lo político, económico y público sigue siendo un pesado lastre que impide a la economía castrista prosperar y que refleja el intenso debate y las notables contradicciones que existen en amplios sectores de la dirigencia del país. En lo único que están de acuerdo, y tal vez sea el punto más controvertido, es en la exigencia de “orden y disciplina”, que es el auténtico origen del desastre acumulado durante 55 años.

No veo pues fácil solución al problema, porque la ideología sigue situándose por delante de las decisiones económicas. La solución a la que han llegado es que los principios que regulan las OACE con los organismos superiores de dirección empresariales se apliquen “de forma sostenida y gradual en estrecha vinculación con el perfeccionamiento funcional de los organismos y del sistema empresarial propiedad de todo el pueblo”. Dicho en otro modo, mejor es no hacer nada y parar que meterse en aguas procelosas.

Un segundo tema que se abordó por el consejo de ministros ha sido la propuesta de política para la elaboración de la Ley de funciones y servicios policiales, en correspondencia con el Lineamiento 140 aprobado por el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba que tiene como finalidad garantizar la tranquilidad ciudadana.

Un estado policial, en el que la obsesión por el control totalitario, la vigilancia y la delación han sido la nota más característica a lo largo de su existencia desde 1959, que haga una apuesta por  lo que denominan “ la institucionalización de las funciones y los servicios policiales” parece burlarse ante el resto del mundo, sin otorgar prioridad a lo que es realmente fundamental, y es que los cubanos puedan comer diariamente sin padecer la espada de Damocles del racionamiento.

Para el régimen de los Castro, parece que es mucho más importante “disponer de una Ley para garantizar el orden público, la defensa y la protección de los derechos ciudadanos, en cooperación con los órganos y organismos estatales, entidades económicas, instituciones sociales y los ciudadanos; así como fortalecer la autoridad, la protección y el respaldo legal de las fuerzas”. Como si no se hubieran empleado a fondo en ello durante más de medio siglo.

Por mucho que ahora digan que la actuación policial viene referida "al respeto a la Constitución y las leyes, el trato profesional, ético y humano, la actuación bajo identificación previa, así como la celeridad y racionalidad en el trabajo", la existencia de márgenes de discrecionalidad en la aplicación de las normas, la existencia de los grupos de respuesta que acosan a los disidentes en sus domicilios, o el mantenimiento de la represión policial y de la seguridad del estado contra aquellos que se atreven a reivindicar los principios fundamentales de respeto a los derechos humanos y la democracia liberal, ensucian cualquier anuncio en este ámbito de la política policial. La impresión es que el régimen se está preparando de manera concienzuda para cualquier estallido social que ponga fin a la experiencia más traumática de la historia de la Isla.

Un tercer aspecto del consejo de ministros afectó a las competencias de la inefable, Lina Pedraza Rodríguez, ministra de Finanzas y Precios. Como si los “precios” fueran objeto de la actividad ministerial, y a la que sugiero un cambio rápido del nombre de su departamento, porque provoca cierta risa. Pedraza volvió a realizar el mismo análisis de siempre, “sobre la evolución y tendencias de las cuentas por cobrar y por pagar en el país, con cierre en el mes de diciembre del pasado año”.

Al parecer, la buena noticia es “los saldos vencidos respecto a diciembre de 2012 se han reducido”. Normal. Si existe más dinero en circulación y no se respetan los equilibrios en la inexistente política monetaria, la tendencia más favorable en la liquidación de las cuentas, es inevitable. Como viene siendo habitual, “los resultados aún no son los óptimos pues se mantienen indisciplinas, desorganización, falta de prioridad a esta tarea, e imprecisiones y formalismos en los contratos, por lo que resulta necesario continuar prestando atención y control sistemáticos a dicho proceso”. Dicho en otros modos, el desbarajuste económico alcanza proporciones alarmantes y las autoridades del régimen, o sea Lina Pedraza, no tienen capacidad para resolver el problema. Un problema que, por otra parte, es de fácil solución, simplemente dejando que las fuerzas del mercado ajusten el comportamiento de las variables económicas, como sucede en el resto del mundo. Ese empeño ideológico por vincular “finanzas y precios” sinceramente produce hilaridad.

En cuarto lugar, el consejo de ministros, abordó los resultados del llamado “plan de inscripción de inmuebles estatales del año 2013, periodo en el cual se asentaron en los registros de propiedad 63396 inmuebles, de un plan de 65329”. La información fue ofrecida por María Esther Reus González, ministra de Justicia, que también anuncio para el período 2010 a 2014, prácticamente finalizado ya, que deben inscribirse 302801 inmuebles  y que al término del 2013 se habían inscrito 225814, con un 76% de cumplimiento”. Datos que fueron aplaudidos por Raúl Castro, que reiteró “que esta es una tarea a la cual le debemos continuar prestando la mayor atención, pues contribuye al ordenamiento del país”. Ciertamente asombroso para quién fue responsable, allá por los años 60 al poco tiempo de iniciar el proceso de revolucionario, de poner patas arriba a todas las notarías y registros de propiedad existentes en la República desde sus orígenes, y que en Cuba habían permitido una de las ordenaciones más adecuadas de toda América Latina. Ciertamente asombroso, como el tiempo acaba poniendo las cosas en su sitio.

El consejo de ministros continuó en quinto lugar con “el análisis sobre el uso del agua al cierre del 2013 teniendo en cuenta la productividad agrícola, industrial y en los servicios asociados a este recurso, lo cual está respaldado en el Lineamiento 300, donde se expresa que el balance del agua constituirá el instrumento de planificación mediante el cual se mida la eficiencia en el consumo estatal y privado”. Correspondió a  Inés María Chapman Waugh, presidenta del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), la labor, señalando que al concluir el pasado año, en los 242 embalses existentes se almacenaban más de seis mil 400 millones de metros cúbicos de agua lo que representa alrededor de un 70% de la capacidad total.

Explicó que la agricultura se ratifica como la principal consumidora, seguida por el abasto a los sistemas de acueducto. “Entre ambas consumen el 80% del total nacional”, afirmó. Las pérdidas provocadas por las deficientes infraestructuras que apenas han recibido inversiones desde la década de los años 50, está en el origen de estos datos.

Tal y como expuso respecto a la ejecución del programa de rehabilitación de redes y conductoras de acueducto, y cito textualmente “se avanza, pero no se logra medir su impacto en términos de eficiencia debido a que persisten el limitado metraje, las pérdidas en interiores de las viviendas y otras instalaciones socio administrativas, así como tarifas inadecuadas”. En fin, que en este asunto, estamos más o menos como al principio. Sensación de tiempo perdido, de ineficiencia en la gestión de las inversiones públicas y de pésimo uso de un recurso esencial para la economía nacional.

Como viene siendo habitual cada vez que hay consejo de ministros, el inefable Marino, volvió a decir lo mismo sobre el proceso de unificación monetaria, a saber, que es “extremadamente complejo”. Fue el último en intervenir en el consejo de ministros. Al mismo tiempo, repitió los mismos argumentos que en ocasiones anteriores, “esta no es una medida que resolverá por sí sola todos los problemas actuales de la economía, y que su aplicación resulta imprescindible a fin de restablecer el valor del peso cubano y de sus funciones como dinero”. Mucha prudencia, más cautela aún, sobre una cuestión que puede poner, y de hecho así podría ser, patas arriba el débil entramado de la economía castrista.

A pesar de la importancia de la medida, y la necesidad de contar con un asesoramiento experto de alto nivel y asistencia financiera adecuada a los objetivos a alcanzar, es sorprendente que Murillo se conforme con referir tan solo “la realización de seminarios de preparación en todo el país sobre las normas emitidas en los que han participado más de 20 mil cuadros y funcionarios”, y poco más. Ya se verá lo que ocurrirá el día después.

En mi opinión, poner la dirección del proceso de unificación monetaria del peso y el CUC en manos de “los máximos jefes de los OACE, OSDE, consejos de administración provinciales y entidades nacionales”, es una grave irresponsabilidad, cuyas consecuencias serán difíciles de prevenir. Es lamentable que el régimen castrista, en ese proceso de “actualización del socialismo” no otorgue al Banco central de Cuba las competencias que, como institución especializada, debería tener en este ámbito de la unión monetaria y cambiaria. Las decisones económicas no suelen tener éxito cuando las deben ejecutar políticos que obedecen las órdenes políticas. Por mucho que quieran “prever y anticiparse a cualquier problema para saber cómo responder ante ellos”, creo que la estrategia emprendida por el régimen es suicida y tendrá repercusiones graves sobre la economía nacional. Tiempo al tiempo.

El consejo de ministros finalizó con la presentación por Murillo de la subida salarial de los médicos, que "busca conseguir una retribución acorde con el trabajo, para estimular la responsabilidad". No tardaremos mucho en ver como se produce un “efecto champagne” en los salarios de la economía castrista, porque será difícil que otros colectivos profesionales se queden impasibles ante el desajuste que significa primar a unos y no a otros. Cuando el que paga es el estado, y lo hace con lo que recauda, no hay límites para embarcarse en acciones demagógicas cuyo resultado acaba siendo peor. Malos tiempos en materia de precios se avecinan en la economía castrista.