Regulación de inversiones extranjeras, ¿para qué?

Elías Amor Bravo, economista

La difícil captación de inversiones extranjeras por el régimen castrista pasa por uno de los peores momentos de la historia. No es fácil para un país ofrecerse a los inversores internacionales y conseguir un puesto en los procesos de movimientos de capital que caracterizan la globalización, cuando se presenta un grave desequilibrio en sus cuentas externas, no se tiene acceso a los mercados financieros internacionales por su abultada, y desconocida, deuda exterior, y se carece de un marco jurídico estable para el respeto a los derechos de propiedad.

El problema de las inversiones extranjeras en Cuba no se resuelve con más o menos leyes, sino con auténticas transformaciones de la estructura económica del país, algo a lo que las autoridades castristas han renunciado al afirmar que el sentido de los “lineamientos” es actualizar el socialismo y negándose de forma sistemática a cualquier aceptación de los derechos de propiedad, en condiciones similares a las que existen en otros países.

En tales condiciones, el guión oficial para justificar un fracaso continuado en las políticas de captación de inversiones extranjeras es el embargo de Estados Unidos. Lo cierto es que la economía castrista se ha quedado al margen de las llegadas masivas de capital que han beneficiado a las economías en desarrollo de América Latina durante las últimas décadas.  Un régimen que sigue apostando por la gestión estalinista de las economías constituye una señal de alarma negativa a cualquier inversor internacional con aversión al riego y una apuesta clara por generar valor, crecimiento y empleo con sus proyectos.

Ahora, el régimen convoca a toda prisa al parlamento para el 29 de este mes con la idea de aprobar una nueva legislación que dicen se encuentra “en plena sintonía" con el proceso de ajustes económicos que impulsa Raúl Castro para "actualizar" el socialismo cubano y afrontar la crisis económica que arrastra el país. Se pretende, señalan las autoridades, “continuar propiciando la participación de capital extranjero en la isla como complemento del esfuerzo inversionista nacional en aquellas actividades que sean de interés del país".

El nuevo guión de la propaganda oficial castrista, a través de la nota oficial en Granma,  señala que “la nueva ley quiere arrancar la certeza de que las modificaciones que se introducen en la misma en modo alguno significarán la venta del país ni un retorno al pasado”. En tales condiciones, se trata de una continuidad de lo dispuesto en la normativa oficial de 1995, que se pretende sustituir, en la que por definición, cualquier inversor extranjero en Cuba tenía que contar obligatoriamente como socio mayoritario al régimen de los Castro. Un compañero de aventura empresarial ciertamente complicado, con consecuencias mucho más graves aún.

No puedo coincidir con lo señalado por Malmierca al respecto, porque si no se modifica esa imposición accionarial difícilmente se van a conseguir los objetivos de “connotación estratégica” para Cuba que persigue la Ley,  y mucho menos “fortalecer el prestigio financiero del país, diversificar las relaciones económicas internacionales y ganar la confianza de los inversionistas con un clima de transparencia, reglas claras e incentivos”. Al final, acabarán invirtiendo en la Isla los mismos de siempre: aquellos a los que no les importe, sino más bien todo lo contrario, tener a los Castro en el consejo de administración.

De algún modo, el régimen no solo quiere una tajada en el pastel de los fondos internacionales, sino que además, se considera facultado para decidir en qué se tiene que invertir, cuánto y en qué condiciones.  La nota de Granma no puede ser más explícita, “la nueva ley de inversión extranjera modificará la vigente desde 1995 (...) continuará propiciando la participación de capital extranjero en la isla como complemento del esfuerzo inversionista nacional en aquellas actividades que sean de interés del país”. O sea que la nueva ley mantiene al empresario extranjero como un siervo obediente de las decisiones de la cúpula del régimen a cambio de una posición de ventaja que, tal vez, en condiciones de libre competencia no se podría conseguir.

No es extraño que esta nueva ley “esté en plena sintonía con el proceso de ajustes económicos que impulsa el gobierno de Raúl Castro para “actualizar” el socialismo cubano y enfrentar la crisis económica que arrastra el país”. En cierto modo, consagra los principios de control de la actividad económica, ausencia de derechos de propiedad e injerencia absoluta del estado en el ámbito de las relaciones internacionales de la economía castrista. Asombroso. En tales condiciones, no hace falta tanto ruido para tan pocas nueces.

La nueva legislación, más de lo mismo, se convierte en un gesto a la galería para tratar de atraer la atención internacional hacia una economía que malvive porque es incapaz de devolver el poder de decisión y los derechos de propiedad a sus ciudadanos. Ante la eventual pérdida del apoyo de Venezuela, se apresta a impulsar una legislación de parches que no puede servir para desarrollar una auténtica política de atracción de la inversión extranjera que, siendo absolutamente necesaria para la modernización y desarrollo del país, todavía no ha conseguido reconocer que la globalización es un fenómeno real, y mantiene unas prevenciones más propias del comercio de pajarera del CAME y los años aún recordados de la “guerra fría”. Poco más.