Más experimentos. Ahora en Isla de la Juventud

Elías Amor Bravo, economista

El régimen castrista arrancó su programa de confiscaciones a comienzos de los años 60, primero sobre las empresas de Estados Unidos y las grandes explotaciones de tierra. Después, centró sus ataques sobre los intermediarios, a los que llegó a penalizar y muchos acabaron sufriendo graves penas de prisión y el robo organizado de sus propiedades. Luego, con la llamada “ofensiva revolucionaria” de 1967 terminaron de borrar de la escena económica de la Isla a los pequeños comerciantes que todavía luchaban por intentar desarrollar sus funciones dentro de la organización estalinista que se iba abriendo paso a golpe de violencia, temor y represión política.

Esa historia de atrocidades en gestión de la economía, eliminando los derechos de propiedad en Cuba, y sometiendo a todos los agentes económicos a las decisiones del organismo de planificación central del estado, ha conducido a la economía castrista al panorama de desolación, incompetencia y escasez que la caracteriza.

En un intento por dar solución a los graves problemas que subyacen al modelo económico imperante, los llamados “Lineamientos” han venido proponiendo una serie de iniciativas más o menos dispersas y de escasa concreción, cuyos resultados no han conseguido mejorar las cifras de crecimiento del PIB. Ahora, casi 55 años después, deshaciendo la madeja de despropósitos económicos del castrismo, se pretende recuperar el primer mercado al por mayor en el que agricultores y ganaderos podrán comprar suministros agrarios sin subsidiar en la Isla de la Juventud.

Como si se tratase de un nuevo experimento, cuyos resultados ya se podrán comprobar, el estado omnipotente autoriza la comercialización de forma experimental y a precios minoristas sin subsidios "insumos, equipamientos y servicios técnicos especializados en el sector agropecuario", de acuerdo con lo dispuesto en resoluciones de los Ministerios de la Agricultura (Minag) y de Finanzas y Precios (MFP).

Con este tipo de medidas, el régimen reconoce el fracaso absoluto de la planificación central como instrumento de control económico y lo certifica, pero al mismo tiempo, se resiste a su eliminación, porque teme perder el control político que lleva aparejado. El estado deja de cumplir sus funciones en Isla de la Juventud para que propietarios de pequeños negocios, granjeros y sus empleados puedan operar de manera privada y gestionar sus propios cultivos, dentro de las leyes de la oferta y la demanda. Pero cuidado, puede tratarse de una trampa.

Estos experimentos castristas no suelen dar el resultado previsto. Casi siempre fracasan, como ha venido ocurriendo en la zona de Artemisa, donde hace poco tiempo se impulsó este mismo tipo de medidas. De nada sirve actuar sobre los mercados y la distribución, si previamente no se atienden los graves problemas de la oferta. Los pequeños agricultores que han obtenido tierras en arrendamiento dentro de las reformas de los “Lineamientos” han mostrado una mayor productividad y eficiencia que las granjas estatales para producir. Pero, subsiste el problema de la propiedad y la libre atribución de las rentas obtenidas con la actividad económica.

Ni las mejoras del crédito, ni la parcial libertad de la venta de insumos y equipamientos, exceptuando los piensos, han servido para estimular la oferta de bienes producidos. El resultado es que todavía se importa el 60% de la materia prima, en parte porque los agricultores siguen dependiendo de la situación y distribución de los suministros subsidiados. Hasta ahora la venta de estos suministros a los agricultores era controlada y a precios subsidiados por el Gobierno. Entraban en esta categoría insecticidas, fertilizantes, medicamentos, piensos, implementos agrícolas, neumáticos. La pregunta es ¿por qué no todos?

Por otra parte, la norma que entra en vigor exige que los compradores del mercado se acrediten con el Certificado de Tenedor Inscrito, que expide el Registro de Tenencia de la Tierra, y además, los pagos realizados deben ser en efectivo o mediante cheque en el momento de la compra, con excepción del equipamiento que se acordará a través de contrato económico. Más trabas burocráticas que restan agilidad y flexibilidad al comportamiento libre de demandantes y oferentes en el mercado.

No es extraño que estos cambios no provoquen interés ni despierten una reacción favorable de los productores independientes del campo cubano. Algunos señalan, que “las reformas son una cosa y todas las regulaciones son otra. Lo sientes como si la tierra se sigue moviendo bajo nuestros pies. Nada funciona como ellos dicen que será. Prometen mucho".

En alguna ocasión, hemos destacado que cuando se abren las fuerzas del mercado, ya nada vuelve a ser igual. Los experimentos castristas dejan un cierto sabor amargo que confirma la escasa voluntad de las autoridades por aprovechar las ventajas que se derivan de la libre competencia. Un ejemplo, las ofensivas del régimen contra el mercado negro provocan una elevación de los precios a los que se vende el combustible, 4,5 $ el galón, lo que lleva a muchos a perder el valor de lo producido. Como consecuencia de ello, algunos productores que se habían convertido en transportistas para obtener ventajas de la distribución de las cosechas, se ven obligados a abandonar la actividad, lo que vuelve a producir problemas de escasez en los mercados de consumo.

Las enseñanzas económicas nos dicen que el estado planificador, intervencionista y burocrático no puede afrontar estos procesos que surgen del libre juego de las fuerzas de la oferta y demanda. Los experimentos castristas suelen acabar mal, porque la capacidad del mercado para crecer y desarrollar nuevas relaciones y servicios supone un ejercicio de cambio continuo. Hay que estar preparado para ello.

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