Topar precios no es la solución

Elías Amor Bravo, economista

La práctica de “topar” precios es ajena a los principios y reglas fundamentales de la Economía, y además, provoca efectos muy desfavorables tanto para los consumidores como para los productores. A los primeros, los obliga a padecer escasez y ver cómo desaparecen de las estanterías de los comercios los productos que se someten a controles. A los segundos, los lleva a obtener pérdidas como consecuencia de la actividad productiva. Nadie sale ganando de este tipo de políticas. Bueno, tal vez sí. Un gobierno poco interesado en el bienestar de sus ciudadanos y que no desea que las fuerzas productivas de la economía alcancen dimensiones que puedan poner en peligro su control político, es el candidato ideal a topar los precios. El único que sale ganando.

Además, lo curioso de este tipo de políticas es que se suelen justificar con el argumento, ciertamente falaz, que la intervención gubernamental, fijando un techo a los precios, es necesaria porque el precio resultante del intercambio en el mercado entre la oferta y la demanda, se considera muy elevado y deja fuera a capas de la población que no pueden acceder al mismo por sus ingresos. En este caso, el gobierno que aspira a ser “benevolente” fija un precio por debajo del que se obtiene en el mercado, y las consecuencias son las descritas más arriba, sin tener en cuenta que esa falta de ingresos en determinados sectores de la población es el origen del problema, y lo que resulta más complicado de abordar a medio plazo.

Al no poder ajustarse los precios, la reacción de la oferta es reducir la producción, porque el precio topado no remunera los costes invertidos en la obtención del producto y en última instancia, impide obtener los beneficios deseados. Esa reducción drástica de la oferta contrasta, sin embargo, con la mayor demanda que se produce al quedar el precio topado a un nivel muy bajo, lo que produce una demanda superior a la que se obtendría en las condiciones normales. El resultado es la carestía y, como consecuencia, el racionamiento.

El régimen castrista ha aplicado de forma continuada estas políticas de controles de precios. Desde los primeros tiempos revolucionarios, cuando se fijaron topes a los alquileres y otras rentas obtenidas por los particulares, los cubanos han sido víctimas de una serie de prácticas que han terminado por destruir las estructuras comerciales de la Isla. El sector de la distribución logística, los intermediarios, han sufrido persecución en el castrismo, y siguen siendo penalizados y reprimidos como si su función social fuera condenable por el mero hecho de existir. Esta ignorancia ideológica sobre el funcionamiento normal de una economía es lo que ha producido en Cuba la situación de parálisis y de caos que se observa en las distintas ramas y actividades productivas, y que el régimen no es capaz de resolver.

De ese modo, cuando se abrieron ciertos espacios para la actividad productiva independiente del estado, con los llamados "Lineamientos", mediante la cesión en arrendamiento de tierras, algunos analistas y observadores creyeron que esa tendencia se iría generalizando y extendiendo al conjunto de la economía. Los incrementos de producción que se produjeron, de forma casi inmediata, permitieron inundar los mercados de todo tipo de productos alimenticios que, hasta entonces, habían desaparecido de la dieta diaria de la población. El experimento parecía un éxito. Las autoridades se felicitaron de los resultados. Sin embargo, seis años después, el régimen ha tenido que volver a las andadas. Aumentos de precios inesperados en los mercados han creado preocupación por las consecuencias inflacionistas en una economía en la que el salario nominal está por debajo de 24 dólares al mes.

Al castrismo le aterroriza la inflación y sabe que las protestas sociales por el descontento con unos precios en espiral, pueden generar un caos, sobre todo en las grandes zonas urbanas, que escape del control de la seguridad del estado. La alternativa es el retorno al control de precios y de las tierras entregadas a los agricultores, así como la vigilancia a los “intermediarios”, lo que ha supuesto el comienzo de una etapa de represión y castigo, anunciada por Machado Ventura, que puede dejar, fuera de combate, los avances producidos. Informaciones independientes de la Isla indican que en todos los mercados “libres” se están topando los precios, y casi de manera inmediata, los productos dejan de llegar. Se habla de detenciones de “intermediarios” ilegales, a los que la demagogia castrista acusa de ser los responsables de la situación, lo que parece sorprendente si se tiene en cuenta la escasa implantación de los mismos y que su papel, cuando surge, obedece a que tratan de dar respuestas a necesidades de la población que el aparato institucional es incapaz de atender.

¿Cuál es la política acertada frente a los aumentos de precios? Justo la contraria a la que practica el régimen. Libertad. Empresa privada. Liberalización de los servicios de distribución comercial lo que supone un aumento del número de “intermediarios”. Rehabilitación del mercado como instrumento de asignación de recursos y final a la intervención estatal planificadora. Poner fin a los experimentos y establecer el funcionamiento normal de los mercados a nivel nacional. Facilitar la movilidad de bienes y de personas de unas provincias a otras. Autorizar la inversión extranjera en el sector de la distribución comercial moderna y suprimir cualquier vestigio de Acopio y de la intervención del estado en este sector.