Topar precios no es la solución
Elías Amor Bravo, economista
La práctica de “topar”
precios es ajena a los principios y reglas fundamentales de la
Economía, y además, provoca efectos muy desfavorables tanto para
los consumidores como para los productores. A los primeros, los
obliga a padecer escasez y ver cómo desaparecen de las estanterías
de los comercios los productos que se someten a controles. A los
segundos, los lleva a obtener pérdidas como consecuencia de la
actividad productiva. Nadie sale ganando de este tipo de políticas.
Bueno, tal vez sí. Un gobierno poco interesado en el bienestar de
sus ciudadanos y que no desea que las fuerzas productivas de la
economía alcancen dimensiones que puedan poner en peligro su control
político, es el candidato ideal a topar los precios. El único que
sale ganando.
Además, lo curioso de
este tipo de políticas es que se suelen justificar con el argumento,
ciertamente falaz, que la intervención gubernamental, fijando un
techo a los precios, es necesaria porque el precio resultante del
intercambio en el mercado entre la oferta y la demanda, se considera
muy elevado y deja fuera a capas de la población que no pueden
acceder al mismo por sus ingresos. En este caso, el gobierno que
aspira a ser “benevolente” fija un precio por debajo del que se
obtiene en el mercado, y las consecuencias son las descritas más
arriba, sin tener en cuenta que esa falta de ingresos en determinados
sectores de la población es el origen del problema, y lo que resulta
más complicado de abordar a medio plazo.
Al no poder ajustarse
los precios, la reacción de la oferta es reducir la producción,
porque el precio topado no remunera los costes invertidos en la
obtención del producto y en última instancia, impide obtener los
beneficios deseados. Esa reducción drástica de la oferta contrasta,
sin embargo, con la mayor demanda que se produce al quedar el precio
topado a un nivel muy bajo, lo que produce una demanda superior a la
que se obtendría en las condiciones normales. El resultado es la
carestía y, como consecuencia, el racionamiento.
El régimen castrista
ha aplicado de forma continuada estas políticas de controles de
precios. Desde los primeros tiempos revolucionarios, cuando se
fijaron topes a los alquileres y otras rentas obtenidas por los
particulares, los cubanos han sido víctimas de una serie de
prácticas que han terminado por destruir las estructuras comerciales
de la Isla. El sector de la distribución logística, los
intermediarios, han sufrido persecución en el castrismo, y siguen
siendo penalizados y reprimidos como si su función social fuera
condenable por el mero hecho de existir. Esta ignorancia ideológica
sobre el funcionamiento normal de una economía es lo que ha
producido en Cuba la situación de parálisis y de caos que se
observa en las distintas ramas y actividades productivas, y que el
régimen no es capaz de resolver.
De ese modo, cuando se
abrieron ciertos espacios para la actividad productiva independiente
del estado, con los llamados "Lineamientos", mediante la cesión en
arrendamiento de tierras, algunos analistas y observadores creyeron
que esa tendencia se iría generalizando y extendiendo al conjunto de
la economía. Los incrementos de producción que se produjeron, de
forma casi inmediata, permitieron inundar los mercados de todo tipo
de productos alimenticios que, hasta entonces, habían desaparecido
de la dieta diaria de la población. El experimento parecía un
éxito. Las autoridades se felicitaron de los resultados. Sin
embargo, seis años después, el régimen ha tenido que volver a las
andadas. Aumentos de precios inesperados en los mercados han creado
preocupación por las consecuencias inflacionistas en una economía
en la que el salario nominal está por debajo de 24 dólares al mes.
Al castrismo le
aterroriza la inflación y sabe que las protestas sociales por el
descontento con unos precios en espiral, pueden generar un caos, sobre
todo en las grandes zonas urbanas, que escape del control de la
seguridad del estado. La alternativa es el retorno al control de
precios y de las tierras entregadas a los agricultores, así como la
vigilancia a los “intermediarios”, lo que ha supuesto el comienzo de una etapa de represión y castigo, anunciada por Machado Ventura, que puede dejar, fuera de
combate, los avances producidos. Informaciones independientes de la
Isla indican que en todos los mercados “libres” se están topando
los precios, y casi de manera inmediata, los productos dejan de
llegar. Se habla de detenciones de “intermediarios” ilegales, a
los que la demagogia castrista acusa de ser los responsables de la
situación, lo que parece sorprendente si se tiene en cuenta la
escasa implantación de los mismos y que su papel, cuando surge,
obedece a que tratan de dar respuestas a necesidades de la población
que el aparato institucional es incapaz de atender.
¿Cuál es la política
acertada frente a los aumentos de precios? Justo la contraria a la
que practica el régimen. Libertad. Empresa privada. Liberalización
de los servicios de distribución comercial lo que supone un aumento
del número de “intermediarios”. Rehabilitación del mercado como instrumento de asignación de recursos y final a la intervención estatal planificadora. Poner fin a los experimentos y
establecer el funcionamiento normal de los mercados a nivel nacional.
Facilitar la movilidad de bienes y de personas de unas provincias a
otras. Autorizar la inversión extranjera en el sector de la
distribución comercial moderna y suprimir cualquier vestigio de
Acopio y de la intervención del estado en este sector.
Excelente análisis como siempre Don Elías, un saludo desde México
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