Sobre el bajo impacto de los Lineamientos en la economía familiar

Elías Amor Bravo, economista

El Comité Central del Partido Comunista de Cuba reconoció hace algunos días, en el diario oficial Granma, que “algunas de las medidas contenidas en los Lineamientos todavía no tienen un impacto real en la economía familiar". Esta declaración se realizó tras una evaluación del grado de implementación de la nueva política raulista, indicando que solo "se habían puesto en marcha el 21% de los 313 lineamientos y se encuentra en proceso el 77 %" en los últimos cinco años.

El órgano dirigente del Partido Comunista igualmente destacó “lo que falta hacer para dar cumplimiento a lo aprobado en el Sexto Congreso”, en particular, "la conceptualización del modelo económico social cubano de desarrollo socialista", que acaparó un total de 600 consideraciones de los miembros del buró central, pero sin concretar más.

Llegados a este punto, la pregunta podría ser ¿por que las medidas de los Lineamientos no tienen impacto real en la economía familiar? Una pregunta que se puede responder con otra, ¿es que acaso los Lineamientos persiguen ese objetivo? Haciendo un poco de memoria, conviene tener presente que esta enumeración de objetivos pretende, en esencia, mantener a la empresa estatal socialista como el eje del sistema económico en Cuba, la planificación central de la economía y un marco limitado para el ejercicio de los derechos de propiedad.

En ningún momento se presenta objetivo alguno relacionado con la mejora de las condiciones de vida de los cubanos y sus familias. Por lo que no es conveniente buscar más de cuatro patas a un gato. Simplemente, no las tiene.

El principal problema que se deriva de este escaso impacto de los Lineamientos sobre el nivel de vida de los cubanos es de doble índole. Primero, que puede suponer un fracaso de expectativas de aquellos que confiaron en esta nueva política para dar salida a los problemas cotidianos que afronta el pueblo cubano, lo que genera malestar y pérdida de legitimidad. Y segundo, más grave, que las autoridades comunistas, entendiendo que los Lineamientos no sirven, pretendan dar marcha atrás y volver a un escenario de re centralización de la actividad económica, como ya hicieron tras el denominado “período especial”. Cualquiera de los dos escenarios resulta posible. Incluso una combinación de ambos, lo que podría ser incluso peor.

En cualquier caso, cuando un gobierno observa que la política económica que implementa no produce los resultados deseados o esperados, al cabo de un cierto período de tiempo, lo que debe hacer es cambiarla. Y en el caso de Cuba, el cambio no debe orientarse hacia un mayor control por parte del estado, sino en la dirección contraria de más libertad, flexibilidad y mercado.

Precisamente, si los Lineamientos han fracasado en sus objetivos es porque no han servido para conseguir mayor libertad económica. Se han entregado tierras, pero los precios de los alimentos se han disparado al alza porque no se ha tenido en cuenta que hace falta promover el rol social del intermediario y la necesidad de los productores de mejorar su escala de producción y tener acceso a insumos. Por otra parte, se han autorizado oficios por cuenta propia y cooperativas no agrícolas, pero su crecimiento se encuentra condicionado por el aparato y la presión estatal, así como por el bajo nivel de productividad de las actividades privatizadas. Se ha autorizado una liberalización de la venta de autos y viviendas, pero la oferta se mantiene rígida y los precios alejados de la realidad. Todas las reformas han sido tímidas en exceso, mostrando un alto componente ideológico que simplemente no desea para los cubanos un modelo económico similar al de otros países de América, o del resto del mundo.

Reformar los Lineamientos es cambiar su curso y darles una nueva orientación. ¿Y cuál debería ser la línea de cambios?

En primer lugar, habría que empezar por generalizar un marco estable jurídico para el ejercicio de los derechos de propiedad, que permitiera a los cubanos capitalizar sus rentas y generar riqueza con sus actividades profesionales o empresariales.

En segundo, se tiene que extender y ampliar la cobertura del mercado como institución básica de asignación de recursos a toda la economía, eliminando la acción de los monopolios estatales y permitiendo a los cubanos elegir libremente.

Tercero, hay que generalizar el ejercicio de la libre actividad por cuenta propia, no sólo a un reducido número de oficios, sino a cualquier tipo de actividad económica y productiva.

Cuarto, se tiene que promover una ley de emprendedores y empresarios que permita construir un alto porcentaje del PIB en favor de la actividad privada.

Por último, el estado debe retroceder a posiciones garantistas y de regulación de la actividad económica, eliminando de sus cuentas la actividad monopolista empresarial.

¿Es compatible este escenario con el socialismo? Hasta cierto punto si. Un socialismo no intervencionista que permita el funcionamiento de la iniciativa privada. El estado puede seguir reservando para sí una parte destacada de la producción de bienes y servicios, fundamentalmente sanidad y educación, adaptados a los recursos generados en la economía. De la actual distribución del PIB y la riqueza, que supone para el estado castrista más del 60% del PIB, hay que cambiar las cosas para que se sitúe como máximo en un 35% del PIB, pasando el resto al sector privado.

Con una menor hipoteca externa, gracias a la re negociación de la deuda externa con el Club de París, el régimen dispone ahora de un escenario formidable, tal vez único, para liberalizar la economía. De igual modo, una eventual cooperación con Estados Unidos podría servir para alcanzar un nivel de inversiones compatible con la mejora de las infraestructuras. El consejo y asesoramiento de los organismos internacionales de financiación, como el FMI o el Banco Mundial, podría permitir poner el reloj de las expropiaciones en hora, y devolver el capital confiscado a sus legítimos propietarios y herederos. Una labor destacada a realizar con los máximos niveles de transparencia y rigor.

¿A qué se dedica el régimen, en cambio? Ni más ni menos que a elaborar y discutir el informe del programa de desarrollo económico y social hasta el 2030!! donde los actuales dirigentes trasladan sus propuesta de visión de la nación, ejes estratégicos, objetivos y sectores estratégicos, propuestas que, en ese horizonte temporal, con mucha seguridad, dejarán de ser operativas, conforme el régimen político evolucione hacia la democracia y las libertades.

Es asombros que, con una agenda de problemas tan importantes por resolver, todavía haya alguien que piense que un plan en el horizonte de 2030 puede resolver los problemas estructurales de la economía castrista, a partir de políticas de su actual gobierno, y señalando “enfoques integrales y sostenibles, que respondan a una visión estratégica y consensuada de mediano y largo plazos”. Lo importante es que la economía real de las familias cubanas mejore y cuanto antes. Los Lineamientos no han servido para ello, y ya están pensando en modificarlos. Las autoridades del régimen deberían ser conscientes que ese continuo tira y afloja no sirve para sentar las bases de una economía solvente. La credibilidad internacional está en juego. Y eso es muy importante. 2030 está muy lejos y probablemente pocos dirigentes del régimen llegarán a esa fecha. Sin lugar a dudas, cualquier escenario futuro que se pueda pensar para ese año no puede basarse en una mera extrapolación de tendencias. Sería un suicidio.


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