No existen moralejas agropecuarias: lo que existe es el mercado

Elías Amor Bravo, economista

En numerosas ocasiones, ya he señalado que entregar la tierra en usufructo no es la solución a los graves problemas de la agricultura castrista. Esta medida de los llamados Lineamientos, simplemente no podía salir bien. Y ya lo reconocen hasta las autoridades del régimen. Un artículo en Granma titulado, “La moraleja agropecuaria; subir niveles de producción y bajar precios” se hace eco de esta cuestión al prestar atención a los debates y propuestas sobre el uso y tenencia de la tierra en usufructo, en la reunión de trabajo presidida el pasado sábado por Machado Ventura.

La realidad es que para que el fruto del trabajo agropecuario sea efectivo, y que el esfuerzo se vea recompensado, se tienen que establecer y reforzar instituciones jurídicas que garanticen el acceso a la propiedad de la tierra. Pero no sólo de los títulos de las parcelas objeto de entregas, sino que el sistema debe permitir e incentivar la concentración por los privados de la tierra, a fin de alcanzar economías de escala que permitan producir más y mejor, es decir, ser más eficientes. Los arrendamientos de tierras, sus cortapisas, limitaciones legales y ahora los mecanismos de control que se quieren establecer, no son otra cosa que una "trampa" de la que van a salir muy mal parados quiénes hace unos años confiaron, de forma inocente, en el potencial de estas reformas.

Cierto es que el régimen castrista ha intentado fomentar la incorporación de los nuevos agricultores privados a las distintas formas de cooperativas y organizaciones que existen para controlar la tierra (cooperativas, CCS, CPA y UBPC), pero no es de ésto de lo que estamos hablando, sino de la libertad de elección y de la capacidad para crecer y consolidar la riqueza generada en las explotaciones individuales por medio de la asociación con otros privados similares, bien sea de forma estable en el tiempo, o para proyectos concretos.

Unido a ello, es necesario que los mercados de suministro de insumos a la agricultura se liberalicen y aumentan en diversidad y calidad sus ofertas, acercándolas a los productores para que puedan optimizar su trabajo productivo. Ello, por ejemplo, podría ir acompañado de una generosa liberalización de oficios por cuenta propia en el ámbito de los servicios prestados a la agricultura (tratamientos fitosanitarios, podadores, constructores de infraestructuras de regadío, etc) que contribuyan a que las rentas generadas en la actividad agropecuaria se trasladen al resto de los sectores de la economía.

Y por supuesto, diseñar mecanismos de intermediación, que no existen, entre los productores y los consumidores que superen las actuales deficiencias heredadas de acopio. El intermediario privado, el canal de comercialización que traslada las producciones a los mercados, es un elemento fundamental para el éxito de las reformas productivas, y se requiere más libertad y menos control para que estas figuras puedan evolucionar, crecer y consolidar sus estructuras al servicio de la sociedad. Es falsa la creencia del régimen que el intermediario quiere crecer a costa del agricultor o del productor, minorando sus rentas. Se demuestra fácilmente que cuando el agricultor en un extremo de la cadena de valor y el intermediario en el medio, obtienen las más altas ganancias, es cuando mejor funciona un sector productivo, y se observan menos escaseces al mismo tiempo que es mayor la eficiencia.

En Cuba, la cantidad de tierras de uso agrícola asciende a 6.240.263,84 hectáreas. Desde que en el 2009 se aprobó el Decreto-Ley No. 259 sobre la entrega de tierras ociosas en usufructo y después el No. 300 (que entró en vigor en el 2012), 279 021 usufructuarios han accedido a esta fórmula, con un total de 1.403.940 hectáreas, el 22% del total,menos de la cuarta parte, un porcentaje inferior al que gestiona la titularidad estatal, el 30,5% y las cooperativas, el 34,5% restante. Ahora a las autoridades se les acumulan los problemas, porque si bien, la propiedad estatal no admite, ideológicamente, de momento, soluciones efectivas para mejorar su eficiencia, los pequeños agricultores tampoco están dando los resultados buscados.

Los altos precios de los productos agrícolas preocupan a las autoridades y han estado presentes en los debates de los usufructuarios. Precisamente el problema se encuentra allí donde no lo quieren ver. En la titularidad de la tierra, que sigue siendo, en su mayoría, “propiedad de todo el pueblo representado por el Estado”. Si la oferta de tierra que se pone en cultivo sigue estando bajo control estatal, poco se podrá avanzar, teniendo en cuenta la experiencia de 57 años. No hace falta que los municipios controlen los usufructos. Eso es un error. Buscar incumplimientos e ilegalidades como anuncian las autoridades es ir en contra de las fuerzas de la libertad y la eficiencia productiva.

Quienes mejor saben qué hacer con las tierras y de qué modo pueden cumplir con los objetivos “sociales y productivos” son los agricultores arrendatarios. No el estado planificador e intervencionista. Con más orden y control, y actuando “sin contemplaciones”, lo único que van a conseguir es cortar de raíz los brotes verdes de la actividad económica en el campo cubano, si es que alguna vez han existido.

Los productos agrícolas no son elevados porque los intermediarios quieran ganar más, por muy ilegales que sean. Lo primero que el régimen tiene que estudiar es por qué aparecen esos intermediarios ilegales, que seguro se encuentran justificados por una demanda social que desea encontrar determinados bienes y productos y no los consigue en los canales oficiales. La libertad de los intermediarios y la regulación ordenada de su actividad es el mejor antídoto contra esos problemas de eficiencia. Mejorar la comercialización, y suprimir la bochornosa política de topar precios, forma parte de una agenda reformista que la economía cubana necesita para superar su atraso y baja eficiencia. Pero eso no se consigue por la vía de más control y vigilancia por parte del estado, sino dejando a los empresarios libertad para producir y comercializar sus productos sin injerencias e intervenciones.

El camino es la libertad. El regreso a aquella economía que existía antes de 1959 en la que producción y comercialización daban plena satisfacción a los mercados. Hay que olvidarse para siempre de Acopio. Sus prácticas marginales han sido la peor herencia para la organización productiva de la Isla. Cuanto más se regulen los precios y se pongan topes a los mismos, menos alimentos llegarán a los mercados porque los productores no se verán recompensados en sus esfuerzos. Es la lógica de la ley de la demanda y la oferta que acabará por imponerse, porque no existe otra.

Si el planificador castrista interviene topando los precios, lo único que conseguirá es la insatisfacción de unos y otros. Los consumidores que no podrán encontrar en los mercados los alimentos que necesitan. Los productores porque no verán recompensado su esfuerzo. Es el mercado quién debe decidir si un precio es alto, y entonces la demanda lo rechaza, o barato, en cuyo caso, se pedirá más. A partir de este ajuste de informaciones sobre precios, productores y demandantes se acercarán al equilibrio en el que todos ganan, sin necesidad de la intervención del estado. Aunque la ideología castrista se empeñe en lo contrario, este es el modelo que existe en todos los países del mundo, y en Cuba, tarde o temprano, también.

Y una última observación. El mercado no es local, ni provincial, ni se debe interpretar de manera restrictiva. Experimentos existosos en Artemisa o Mayabeque pueden no dar los mismos resultados en Camagüey o Las Tunas. Las reformas se tienen que introducir para el conjunto de la economía nacional para que la escala sea eficiente y facilite las reformas administrativas y de gestión de los nuevos productores y comercializadores puedan ir aparejadas para alcanzar el éxito de sus funciones. No es posible dirigir una economía con las reglas autarquicas del totalitarismo estalinista. Eso ya pasó de moda hace mucho años. La agricultura cubana necesita libertad, mercado y derechos de propiedad.

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