¿Qué hacemos con los contratos en la economía castrista?

Elías Amor Bravo, economista

Las autoridades comunistas de Cuba están preocupadas por el mal funcionamiento de los contratos en la economía, y así un artículo en Granma plantea esta cuestión al señalar que “aún se ve al contrato como un documento formal y no como un acuerdo vivo”.

La cuestión a tener en cuenta es por qué esto es así, y sobre todo qué posibilidades existen de solucionar un problema que, por otra parte, no se corresponde con el funcionamiento normal de las economías.

Para empezar, ese rechazo a los contratos en Cuba es responsabilidad directa del sistema económico y la política de planificación central e intervención del estado, sin derechos de propiedad. Desde 1959 millones de cubanos han vivido convencidos de que el estado es el único propietario de los activos del país, el que decide por dónde se corta y en qué pedazos se reparte el pastel. La actividad privada fue abolida por las confiscaciones de 1959 y la ofensiva revolucionaria de 1968 dio el tiro de gracia a los últimos supervivientes del sistema jurídico de derechos de propiedad de la República en sus primeros 58 años de existencia. Un sistema que había convertido a Cuba en una de las economías más prósperas del mundo.

Sin derechos de propiedad y con la economía intervenida y controlada por el estado, ¿para qué servían los contratos? La regulación de la relación entre privados que se contiene en estos documentos de fuerza legal resultaba innecesaria en un sistema en el que nadie podía acreditar derecho alguno sobre las cosas. En tales condiciones, las empresas estatales y el resto de actividades funcionaban dentro de modelos de colaboración estalinista, trasladados de la antigua URSS, y la contratación económica con documentos formales, brillaba por su ausencia.

No hace mucho tiempo, un cubano recién llegado a España, al ser contratado por una empresa en Madrid, me explicaba que nunca en la vida había tenido acceso al contrato de trabajo que regulaba su dedicación a la salud pública. Había acabado sus estudios en los años 80, empezó a trabajar en un hospital y nunca en la vida supo de la existencia de contrato alguno. Ese desprecio de las normas jurídicas básicas y fundamentales en cualquier economía se debe, en buena medida, a las prácticas devastadoras del llamado Che Guevara al frente del ministerio de economía de Cuba en los primeros años de la revolución, cuando decidió que la contabilidad no servía para nada y obligó a muchos profesionales a huir del país bajo amenaza de detención y prisión.

De aquellos males estos lodos. Por eso, es tan difícil que los comunistas que dirigen el país, herederos que aquellos que hicieron tales atrocidades en la gestión de la economía, logren convencer a la gente de la importancia de los contratos, incluso en el contexto de actualización que vive el país. Los cubanos no tienen el menor interés en contratar nada documentalmente.

Otras razones para ello. El miedo a que cualquier inspección de las autoridades dirigida a eliminar cualquier vestigio de riqueza, pueda estar justificada con documentos jurídicos. Si el control económico castrista no fuera contra los derechos de propiedad y el legítimo derecho de acumular riqueza que debe tener toda persona, entonces la garantía y la protección de tales derechos justificaría el uso de los contratos. En las condiciones actuales, es evidente que no.

Pero hay otros motivos para que nadie confíe en los contratos. La economía que realmente funciona en Cuba es la que se mueve al margen de la intervención y el control estatal. Una potente economía negra, eficiente, en la que se puede conseguir prácticamente cualquier producto o servicio, pagando su precio, de acuerdo con las leyes de la oferta y demanda, sobrevive con éxito junto al paquidermo estatal, ejemplo de ineficiencia, racionamiento y escasez. En esa economía negra, o por la izquierda, los contratos no hacen falta porque los cubanos se fían unos de otros, los lazos y relaciones que se establecen entre las partes no necesitan de papel alguno para justificar las distintas transacciones que se realizan.

Tal vez la doctora Marta Moreno Cruz, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, no quiera reconocer que eso es así, pero es la realidad. Y no conviene ver gigantes allí donde solo hay molinos de viento, como hizo don Quijote.

El conocimiento de la realidad es necesario para que una economía funcione y prospere. No es imponiendo por la fuerza los contratos como Cuba saldrá adelante. En cualquier economía de mercado libre, los contratos son necesarios para documentar y respaldar la gestión económica entre los privados, la regulación y control del mercado, garantizando el cumplimiento de los acuerdos con la fuerza de la ley. En el sálvese quién pueda de la economía castrista, mucho me temo que es predicar en el desierto, a pesar de que estamos de acuerdo en la relevancia de la figura jurídica.

El problema no se resuelve con más normas para reducir la dispersión legislativa en la materia, o “lograr su reordenamiento”. Ni siquiera fortaleciendo la autonomía de los sujetos contratantes y la mayor exigencia de responsabilidad ante los incumplimientos con las correspondientes penas y castigos. Tampoco se resuelve con más transparencia y flexibilidad en el proceso de contratación, y más colaboración entre todos los agentes económicos, empresas estatales, unidades presupuestadas, cooperativas, pequeños agricultores y personas naturales. Todo esto está muy bien, sin duda, pero las soluciones pertenecen a otro ámbito.

Este es un ejemplo de lo necesario que es girar en 180º el sistema institucional que regula la economía cubana y devolverla a un escenario similar al que existe en otros países del mundo. Devolver los derechos de propiedad privada a los cubanos, restaurar el mercado como institución central de asignación de recursos, autorizar la libre generación de renta, empleo y riqueza por empresas privadas libres, se convierte en una urgencia que no hay “lineamiento” alguno que contribuya a su logro. Sin voluntad política del régimen para dar ese giro de 180º, nada hay que hacer en materia de contratos.

Esta es una modesta sugerencia a los 500 juristas, economistas y profesionales, representantes de España, Italia, Nicaragua, Estados Unidos, Haití, República Dominicana, Colombia y Uruguay, que van a participar en un intercambio de propuestas en La Habana sobre cómo lograr el real cumplimiento de la función reguladora y correctora de la contratación económica en el escenario actual y futuro del país. Ojalá lo logren.