Una primera mirada al presupuesto 2018 del régimen castrista

Elías Amor Bravo, economista

Juventud Rebelde dedica un apartado a presentar las magnitudes principales del presupuesto del estado castrista para 2018, e incluso, se anuncia ya una mesa redonda para analizar su contenido. Interesante. Desde nuestra perspectiva, este presupuesto está mal diseñado, es injusto, insolidario, consolida el poder del aparato del estado sobre la actividad privada, y lejos de contribuir al necesario estímulo de la misma, hace recaer la mayor parte del peso de la tributación sobre los nuevos emprendedores, lastrando así su crecimiento en estas primeras fases.

Los presupuestos de 2018 de la economía castrista se han publicado en la Gaceta oficial, número 48 ordinaria, de 29 de diciembre pasado. Allí se pueden consultar los datos si se considera necesario (www.gacetaoficial.gob.cu). En una economía en la que el estado es propietario y ejerce el control sobre el 80% de los activos productivos e infraestructuras, el peso del presupuesto y su incidencia es muy destacada. Una inadecuada definición del mismo o lo que acaba siendo peor, de la gestión, provoca efectos negativos sobre el comportamiento de los agentes económicos, con consecuencias a medio y largo plazo sobre el nivel de bienestar y calidad de vida de la población.

Lo primero que cabe señalar del presupuesto del régimen castrista es que, como viene siendo habitual, nace en déficit, es decir, los ingresos brutos estimados en 57.200 millones de pesos, son insuficientes para financiar los gastos, previstos en 68.625 millones de pesos. Es decir, la Asamblea nacional en su décima sesión ordinaria de la actual legislatura, aceptó y cito textualmente, que “el resultado del balance de ingresos y gastos muestra un déficit fiscal de 11.725 millones de pesos, concentrado en los financiamientos a la actividad productiva y a las inversiones financiadas por el Presupuesto del Estado”. Mal asunto.

Se avizoran más tensiones de liquidez para la economía como las que mencionó Cabrisas hace algunos días. Un déficit descontrolado es la peor restricción que se puede fijar para el desarrollo de las actividades productivas, más aún, cuando lejos de apostar por la inversión en infraestructuras que son vitales para el crecimiento económico de la nación, lo que hace es sostener el aparato del estado ineficiente y burocrático, como se tendrá ocasión de exponer.

Nada bueno para los cubanos, porque este déficit fiscal exigirá compromisos de pago que van más allá de los ingresos, y que obligará al régimen a asumir un nuevo nivel de endeudamiento más elevado que hará más difícil afrontar la amortización de los pagos de la deuda pública contraída en años anteriores y con vencimiento en 2018.

Dicho de otro modo, la herencia de déficits que año tras año no se cierran por insuficiencia de ingresos, obligará al régimen en 2018 a desplegar una financiación de 15.749 millones de pesos. Desequilibrios que obligan a la nueva emisión de bonos soberanos de deuda que se financian principalmente por el Banco central del país, dadas las limitaciones que tiene la economía para acceder a los mercados internacionales, como consecuencia de su baja credibilidad financiera.

En segundo lugar, y en contra de lo que señalan las autoridades, no es cierto que este déficit sea positivo para estimular la actividad productiva y a las inversiones, potenciar exportaciones y sustituir importaciones, como dicen las autoridades. Por el contrario, este desorbitado desequilibrio de las cuentas tiene su origen en el aumento desmesurado y fuera de control de gastos corrientes que asume el estado, pese a que carece de capacidad productiva suficiente para ello.

Si se analiza el detalle de gastos del presupuesto, se observa que los servicios de sanidad (27%) y educación (21%) que alcanzan un 48% del total, son provistos en su totalidad por el estado. Tal vez una provisión mixta con participación de la iniciativa privada permitiría reducir esta carga y como se viene observando en numerosos países, realizarlo de forma menos costosa. Es difícil estimar el coste histórico que para los cubanos tiene contar con educación y sanidad estatal en régimen de monopolio, pero es fácil comprobar que casi la mitad del presupuesto se destina a estas actividades que en términos de coste de oportunidad se podrían ofrecer igualmente por el sector privado o por medio de un modelo mixto como en la mayoría de países del mundo.

Sin embargo, no es ésto lo más grave del diseño presupuestario. Mucho peor es el peso que tiene una partida que sí que guarda una relación directa con el aparato del régimen, en concreto, administración pública y defensa, que alcanza el 19% del total. Que la seguridad del estado, la defensa y sus correspondientes servicios asociados alcancen estos niveles de gasto en Cuba solo se puede explicar en términos del modelo político e ideológico.

Como lo es, por ejemplo, que en el conjunto de los gastos corrientes de la actividad no presupuestada, las subvenciones a las organizaciones y asociaciones (las que sostienen el régimen, porque son las únicas que pueden participar en ello) experimentan un aumento de 52,4 millones de pesos en 2017 a, nada más y nada menos, que 182,7 millones de pesos en 2018, un crecimiento del 348,7% (acaso tiene que ver con la campaña electoral) muy superior al que se destina por ejemplo a mantener subsidiados los precios de los alimentos, una partida de profundo impacto social en un país de bajo poder adquisitivo nominal de los salarios, y que lejos de aumentar o de mantenerse estable, disminuye un 11,2%, lo que aventura penurias en el acceso a bienes de consumo, ante las restricciones impuestas al desarrollo de los mercados.La financiación de las importaciones es otra partida que apenas aumenta un 9%.

Este tipo de contrastes en la gestión de las partidas de gasto definen el carácter profundamente reaccionario e injusto de los presupuestos que pagan los cubanos con su trabajo y esfuerzo.

Y si en el ámbito de los gastos se observan notables injusticias, cuando se trata de ver qué ingresos son los que más van a crecer en 2018, el régimen lo tiene claro. Por ejemplo, los aportes de las “formas de gestión no estatal” aumentan en 2018 un 19,7% en las cooperativas no agrarias y un 15% los procedentes de los trabajadores por cuenta propia. Una partida sin definición, denominada genéricamente “otros ingresos de formas de gestión no estatal” aumenta hasta un 21% la recaudación.

Incrementos que contrastan de forma significativa con el 4% de crecimiento que se estima para el conjunto de la recaudación tributaria. Si estos colectivos ven como el incremento de recaudación para ellos es claramente superior a la media, es evidente que el régimen crea desigualdades con el presupuesto de ingresos que suponen un efecto de impacto negativo e injusto sobre los sectores más dinámicos de la economía.Además, tal y como se encuentra la economía cubana incrementar la recaudación tributaria en su conjunto es una decisión negativa de consecuencias perjudiciales a medio plazo. Más razonable sería reducir impuestos y ajustar gastos para dar una mayor participación a los agentes privados. Pero esta no parece ser la opción del régimen.

Más gasto de escaso impacto sobre la economía nacional y mayor presión fiscal sobre los sectores más dinámicos y productivos definen un ejercicio presupuestario deficiente, inadecuado para los objetivos de “actualización” que persigue el régimen, y que dejan una pesada herencia en forma de endeudamiento para las generaciones futuras.