El enredo con las tarjetas en MLC: mucho más que una lista de espera

 Elías Amor Bravo economista

Si hay un sector de la economía castrista que no tiene nada que agradecer a la revolución y sus transformaciones, es el agropecuario. Este sector, que concentra casi la quinta parte del empleo, solo produce un 5% del PIB, de modo que su productividad está un 80% por debajo de la media de la economía, y como consecuencia de todo ello, es incapaz de ofrecer alimentos para toda la población. Esto nunca ocurrió antes de 1959, por lo que la responsabilidad de este grave problema es del modelo social comunista impuesto por Fidel Castro, que arrancó de la nefasta reforma agraria que expropió y confiscó todas las tierras al sector privado para pasarlas a manos de un estado indolente e ineficiente, que es el responsable directo del caos.

Y después, reconociendo el fracaso, llegó Raúl Castro y dispuso la entrega de tierras en arrendamiento (nunca los derechos de propiedad privada) a agricultores dispuestos a aceptar unas reglas del juego que nunca podrán funcionar. Y llegó la era de los experimentos en el sector agropecuario, donde se ha ensayado todo tipo de majaderías comunistas, sin reconocer la esencia de lo que se tiene que hacer: la constitución comunista de 2019 se tiene que modificar en muchos artículos, pero hay uno que lo precisa de forma urgente. La tierra no puede ser propiedad colectiva de todo el pueblo. 

Eso es absurdo, como más aún, que la gestione el estado por encargo del pueblo. Con esas mimbres, nunca se podrá producir suficiente. Por ello, todos los experimentos destinados a aplicar parches en los procesos de comercialización, la contratación, la aplicación de la ciencia, etc. etc. no dan los resultados esperados y la producción agropecuaria sigue estancada a la espera de que se abran los espacios para la actividad económica privada y los derechos de propiedad de la tierra. Vietnam lo hizo y en poco más de un lustro dejó atrás las hambrunas de la población.

Ahora Granma dedica un reportaje al último experimento, la política gubernamental que dicen “garantiza que, por la exportación de sus cosechas, el productor reciba un porciento de los beneficios en moneda libremente convertible (MLC)”, incluida en el famoso paquete de medidas (63 ni más ni menos) que las autoridades se quejan porque según afirman “los agricultores no se las leen y por eso no las conocen”. Mientras tanto, en esta espera, los campesinos cubanos pasan de las normas estatales y siguen en los suyo, el surco, tratando de encontrar una solución para las numerosas trabas que existen por parte del modelo económico y social.

Curiosamente Granma dice que “a unos ocho meses de la entrada en vigor de ese grupo de facilidades, hay cambios que empiezan a notarse en cuanto a rendimiento agrícola y pecuario, con mejores números en la entrega de leche, de carne, de frutales, de miel…, eso sí, lejos aún de satisfacer la demanda real”. Será Granma quien lo ve, porque hace unos días, el ministro de economía Gil, en su balance de los nueve primeros meses del año, reconoció incumplimientos de todas las producciones agropecuarias. A ver quién tiene razón en este circo.

Pero volviendo de nuevo a lo que nos ocupa, según Granma, de todas las medidas, la que ha tenido un mayor acierto es la que permite al productor recibir un porciento de los beneficios en moneda libremente convertible (MLC), de modo que pueda reinvertir en la obtención de insumos, sostener y ampliar sus producciones, y disponer de divisas para el consumo familiar. La cuestión es ¿por qué solo se autoriza a recibir un porciento, y no el 100% del total? ¿Qué impedimentos existen en Cuba para que un productor no puede aprovecharse de lo que obtiene con su esfuerzo y trabajo? ¿A qué viene esa extracción estatal de la renta y riqueza, al margen del sistema impositivo?

El reportaje de Granma está referido a lo que sucede en Guantánamo, donde, y aquí viene lo llamativo, se ha producido una significativa “demora en la entrega de tarjetas magnéticas en MLC a campesinos, quienes, por no disponer de estas tarjetas, no han ingresado la divisa que resultó de la exportación de sus producciones”. Vaya, ¿Quién se habrá quedado con las divisas por el camino? Y añade el reportaje citado, “para tener una idea del atraso en este asunto, de los más de 20.000 agricultores y ganaderos de la provincia, solo unos 300 poseen estas tarjetas”. El dato es demoledor.

Las tarjetas son instrumentos que el régimen exige en las transacciones en MLC para evitar la circulación de efectivo, que es lo que prefieren los campesinos, y asegurar una creciente bancarización de la economía. Se supone, por tanto, que al régimen le interesa que sus ineficientes bancos estatales gestionen con rapidez las tarjetas. Pero eso, que es esencial para el aprovechamiento de las operaciones en MLC, no tiene lugar, y luego vienen las justificaciones y lo mismo de siempre: el caso es que el “atraso de las tarjeas ha tenido dos causas fundamentales: las limitaciones operativas generadas por el impacto de la COVID-19, y el poco interés de los clientes, quienes apenas hicieron gestiones para obtener las tarjetas desde que en noviembre de 2020 se orientó agilizar este trámite, previsión de las medidas que sobrevendrían con la Tarea Ordenamiento”. Y se quedan tan tranquilos. Algo que podría estimular la producción agropecuaria, sobre lo que tenemos dudas realmente de que sea así, se retrasa o se paraliza por la indolencia del sector estatal, bancos inclusive, que tampoco tienen incentivos para que las cosas funcionen bien.

De un lado, los bancos hacen lo que les mandan, porque obligan a los productores agropecuarios a abrir sus cuentas realizando visitas personales, incluso con la amenaza del COVID-19, al surco donde los campesinos acaban abriendo las cuentas en los bancos estatales sin saber muy bien qué van a sacar de todo ello, pero luego, cuando se tienen que cruzar los “encadenamientos” que dice Díaz Canel, todo se desencadena. Imaginen cómo queda todo. Mal muy mal.

De modo que la entrega de tarjetas en MLC ha quedado restringida a unos cuantos apicultores y los que tributan a la Empresa Láctea, y Granma destaca que muchos no la han podido conseguir porque de forma individual deben presentar el certificado de tenencia de tierras y el carné de identidad que la burocracia les exige para abrir las cuentas.

Y entonces, se monta el circo porque los comunistas acaban enredando a todo el mundo en sus problemas. Por un lado, los dirigentes dicen que “al país le interesa que cada quien reciba lo que merece por su esfuerzo y sus resultados” y al mismo tiempo, se reconoce que las tarjetas en MLC pueden ayudar a la economía, de modo que para conseguir el objetivo establecido para su extensión a todos los productores, “se necesitará apoyo, porque no todas las cooperativas tienen computadoras e infraestructura para ese ejercicio”. Vaya, ya se van clarificando las cosas. O sea, ahora hace falta estar informatizado desde el surco. ¿Cuántos campesinos tienen en Cuba estos medios? Sorpréndannos.

Los productores, que están más interesados en que los dejen tranquilos dedicarse a lo suyo, que es el surco, no tienen claro para qué sirve tanta tarjeta de plástico (de hecho, muchos ya tienen tarjetas personales con las que operan), más aún cuando les viene impuesta desde arriba y no responde a sus necesidades específicas. Crean que aquello que no tiene utilidad, difícilmente puede servir para algo. 

Si a eso se añade la gestión complicada y “engorrosa” de las tarjetas con los bancos estatales, y además luego vienen los retrasos, aunque la nueva tarjeta puede ser especial  para recibir el monto que resulta de la exportación, si no sirve para obtener el 100% de la venta, qué interés puede tener la tarjeta. Después vienen los incumplimientos en los pagos estatales por los sobrecumplimientos que tienen algunos agricultores, que siguen debilitando la confianza de los productores en el estado, mal pagador y más aún en momentos como el actual en que el déficit rebasa el 20% del PIB.

Lo que deberían facilitar las autoridades es que los actores económicos dirijan sus actuaciones hacia aquello que realmente les interese a ellos, y no a las imposiciones y majaderías del circo comunista. Si ya hay entidades que venden online y obtienen importantes ingresos en divisas que luego utilizan para comprar insumos en las tiendas estatales en MLC de Gelma (donde siguen existiendo problemas de aprovisionamiento) dejen que estos “encadenamientos” continúen funcionando. Si los actores económicos obtienen beneficios de encadenarse con empresas mixtas o cualquier otra entidad, dejen que avancen en esas fórmulas de cooperación, si realmente surgen del interés de las partes. Esa es la clave del funcionamiento de una economía que los comunistas cubanos han hecho imposible a Cuba durante seis décadas. El retorno a la racionalidad y la eficiencia es necesario, pero no suficiente para superar el atraso y la escasez de oferta.