¿Es justo el sistema tributario castrista?

por Elías Amor

El portavoz oficial del régimen castrista Granma publica un artículo hoy titulado “¿Por qué pagamos impuestos?” que contiene una serie de afirmaciones incorrectas que merecen ser desveladas para que la opinión pública no se confunda con respecto a una cuestión crucial, que es la responsabilidad fiscal.

La restructuración del sistema tributario cubano —puesta en marcha desde el año pasado— ha propuesto la revisión y actualización de las normas impositivas vigentes, respecto de las exigencias del desarrollo económico y social del país. En suma, cómo cargar fiscalmente a las nuevas actividades por cuenta propia sin que el Estado reduzca su participación y control sobre la economía. Complicado.

Vaya por delante que un sistema tributario moderno, eficaz y eficiente, debe estar cimentado sobre una estructura política democrática, en la que los ciudadanos tengan la posibilidad de trasladar al gobierno, a través de sus representantes elegidos en opciones políticas plurales, sus deseos y demandas en cada momento del tiempo. Cuando esta estructura política es inexistente, o se intenta soslayar, como hace el régimen castrista, hay que contemplar el asunto del pago de los impuestos de otra forma.

En estas condiciones, la fijación de los impuestos se parece mucho más a la época feudal, en la que los señores con el poder despótico que ejercían sobre los siervos, detraían todo el excedente por medio de impuestos confiscatorios, incluyendo el derecho de pernada que seguramente todavía puede ser observado en algún comportamiento de esos que se alardean en medios oficiales.

Por otra parte, el sistema tributario no exige solamente un modelo político democrático y plural, sino que se basa en la existencia de una economía mixta, en la que sector privado y público conviven en armonía sin que uno de ellos ejerza poder coercitivo alguno sobre el otro.

Cabría preguntarse si esta situación se observa en la economía castrista, en la que no existen derechos de propiedad, en la que cualquier acumulación de renta y riqueza es penalizada por las autoridades, y en la que el mecanismo de asignación de recursos continua basado en la ineficiente planificación central burocrática que se resiste a la fuerza dinámica del mercado, relegado a un conjunto limitado de actividades que precisamente son las que se han puesto en el punto de mira del sistema recaudador de impuestos.

Por todo ello, el régimen castrista no puede pretender situarse respecto de la fiscalidad en los mismos términos que lo hacen las democracias occidentales, España, Alemania, Francia. Cuando un ciudadano cubano acude a una consulta médica o recibe clases en un instituto, en que es beneficiario de la asistencia o la seguridad social  debe saber que esas actividades se financian con el producto de su trabajo, que es absorbido en un alto porcentaje por el sistema de planificación central impidiendo así que se beneficie plenamente del mismo. Así, por ejemplo, y con datos de CEPAL, la participación de los ingresos y gastos estatales en el PIB de la economía castrista rebasa el 50%, porcentaje que supera en más de veinte puntos a la media regional. Ningún otro país de la Región o del mundo occidental alcanza porcentajes similares.

Cuando un ciudadano argentino, peruano o chileno trabaja y produce, su salario se fija en términos de su productividad, de los precios de mercado, de la competitividad de la empresa en la que trabaja, de su conocimiento y destrezas, de las necesidades de otras  empresas privadas para producir. En el régimen castrista, esas consideraciones no figuran en la agenda de fijación de salarios por el planificador central, y por eso, el salario medio de un cubano apenas supera los 445 pesos (18 euros al cambio actual), uno de los más bajos de la Región. ¿Es que los cubanos son improductivos y no merecen un salario mayor? No lo creo. Y el régimen justifica este bajo salario por el conjunto de bienes y servicios gratuitos que el Estado proporciona, que proceden de la productividad de los trabajadores y del beneficio de explotación de las empresas. Todo ello absorbido por el aparato estatal intervencionista y de corte estalinista que lleva sometiendo al pueblo cubano más de medio siglo.

Cabe preguntarse qué obligaciones tributarias deben cumplir los cubanos cuando el Estado les retiene directamente una parte muy relevante de su contribución al producto nacional. Una parte que debería ir dirigida a los ciudadanos de forma directa, elevando los salarios para facilitar así su libertad de elección en mercados libres y competitivos. Si ello fuera así, el estado comunista e intervencionista no tendría que proporcionar tantas gratuidades, ya que la elección mayoritaria de los ciudadanos se dirigiría, casi seguramente, con un mayor poder adquisitivo, a comprar bienes y servicios privados, de alta calidad y en los que la variedad permitiera realizar una elección óptima. En el régimen castrista, donde las bases de la elección individual han sido pisoteadas por los poderes públicos en beneficio de la pervivencia del sistema económico, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.

Las reformas que se han introducido en el sistema tributario castrista son injustas, parciales, asimétricas porque recargan la mayor parte de la presión recaudatoria sobre las nuevas actividades que se ejercen por cuenta propia, que además, son las que muestran un nivel de crecimiento de la productividad y del excedente superior al de las empresas de titularidad estatal, que participan de la recaudación por otros mecanismos no tributarios de exacción.

Esta orientación de la carga tributaria hacia los resquicios de la actividad privada del régimen se utiliza como instrumento de control de estas mismas actividades para evitar su expansión y que se conviertan en contra poderes al sistema político e institucional. Como señalan las autoridades, esta recaudación sobre la actividad privada, y cito textualmente el artículo "toma diferentes destinos: educación, cultura y deporte, salud pública, tribunales, fiscalías; e incluso, algunas organizaciones no gubernamentales que el Estado subvenciona porque no generan ingresos suficientes para cubrir sus gastos, como la Fundación del Hombre y la Naturaleza, el plan para el desarrollo de la zona montañosa Turquino-Manatí, entre otros".

Es decir los nuevos trabajadores por cuenta propia están siendo utilizados como instrumentos recaudatorios para financiar la estructura de gasto ineficiente del aparato del estado castrista, en vez de canalizar esa recaudación en forma de ayudas directas, estímulos fiscales, para facilitar la expansión de estas nuevas actividades, lo que sería más razonable en términos económicos, y desde luego posible, en un sistema democrático y plural.