El sector cooperativo ante los incumplimientos e impagos

por Elías Amor
   
Sin duda alguna, uno de los problemas más graves de la economía castrista es el incumplimiento generalizado de las normas contractuales. Fenómeno que es única y exclusivamente atribuible al régimen económico instaurado con el triunfo de la llamada “revolución”, cuando se consagraron dos principios social comunistas que han resultado nefastos para la economía de Cuba: la abolición de la propiedad privada y su corolario de que la propiedad es de todos, y el hecho constatado de que siempre habrá alguien por encima de todo, que será el que tome las decisiones finales.

Este incumplimiento generalizado de contratos perjudica de forma especial a la agricultura, como se señala en un artículo publicado en el portavoz oficial del gobierno, Granma, y cito textualmente, “producciones contratadas "en papeles" que no se les compran luego a los campesinos, empresas que no efectúan los pagos —con los productos ya en sus almacenes— después de vencido el tiempo fijado para su liquidación, de la misma forma que hay productores que no cumplen sus compromisos y utilizan paquetes tecnológicos en otros menesteres”, todo ello, agrava los problemas de la agricultura cubana.

Conviene señalar, para comenzar, que no se puede aceptar que la primacía del contrato verbal sea la causa de este fenómeno de incumplimientos. Mi abuelo, un comerciante asturiano que llegó a Cuba con la temprana de edad de 14 años a comienzos del siglo XX para labrarse un porvenir, y al que la llamada “revolución” confiscó sin más todos sus bienes y pertenencias, me decía siempre que la palabra dada, el apretón de manos, tenía fuerza de ley. Así funcionaron Cuba y su economía durante la primera mitad del siglo XX, llegando a alcanzar los mayores niveles de prosperidad económica y bienestar material de América Latina. En aquella sociedad de emprendedores, los incumplimientos eran mínimos, y existía un ordenado sistema jurídico y legal que regulaba las relaciones contractuales por tribunales de justicia profesionales e independientes. Quién puso fin a ese modelo fue la llamada “revolución” con su palabrería demagógica y sueños de grandeza devenidos en pesadillas. Ahora medio siglo después, quieren poner solución al problema, pero no será tan fácil.

No lo será porque para ello hay que reconducir a la economía hacia un marco racional y ordenado de derechos de propiedad, actualmente inexistentes por la primacía absoluta del Estado. Además, en los “lineamientos” ya se han encargado de dejar bien claro que Cuba seguirá siendo socialista, al menos con los Castro en el poder. Luego ya se verá.

Pero vayamos a lo que nos interesa. Para que los contratos se cumplan hace falta que la propiedad privada se garantice jurídicamente, se respete el derecho a poseer los activos por los individuos privados y se faciliten los mecanismos de crecimiento de la riqueza nacional en manos de los agentes privados. Esa relación entre derechos de propiedad y respeto de las normas contractuales existe en prácticamente todos los países del mundo que no comparten el modelo económico de base estalinista imperante aún en Cuba.

La propiedad privada supone la existencia de un derecho real sobre el que se pueden establecer acuerdos cuyo compromiso es fundamental para las partes porque hay mucho en juego. Cuando esa propiedad es de todos, o es pública (equivale a lo mismo) el nivel de compromiso decae y volúmenes de productos a contratar, los precios, las formas y el plazo para efectuar el pago, entran a formar parte de un gracioso algoritmo cuya violación continuada se convierte en el principal atractivo de la relación contractual. Esa ausencia de una regulación precisa de los derechos de propiedad hace que los gestores de esa propiedad de todos aumenten las “violaciones, la irresponsabilidad, la falta de sentido de pertenencia.

¿Por qué el castrismo no se pregunta por qué sus amigos chinos y vietnamitas ya han instaurado plenamente la propiedad privada, como base de sus florecientes economías?

No podemos menos que dar toda la razón a Orlando Lugo, presidente de la ANAP, cuando dice que “es necesario mantener una estricta disciplina  en el cumplimiento de los contratos para evitar consecuencias peores”. Sin embargo, lo que está haciendo su organización para ayudar a resolver el problema es poco, más bien nada, y además, está mal diseñado.

Para empezar, la ANAP si realmente está preocupada por el problema no debería trabajar con el gobierno en la solución sirviendo como correa de transmisión del poder, sino tratar de plantear al ejecutivo comunista una línea de acción procedente de las demandas de los cooperativistas que integran la Asociación., que saben muy bien lo que hace falta. Ese trabajo de la ANAP en colaboración con el MINAG para diseñar “políticas y procedimientos para la contratación de la producción agropecuaria y forestal, que entrarán en vigor a partir del 2012, así como, una modificación a la Resolución 353, del Ministerio de Finanzas y Precios, que estipula los precios de los productos a contratar”, es perder el tiempo, y no va a servir para atajar realmente los problemas. Y Lugo, seguro que sabe que es así porque me consta que muchos cooperativistas están de acuerdo en que el problema está en la falta de derechos de propiedad privada estables y bien definidos.

No se resuelve el problema de los incumplimientos con “normas más duras y castigos”, porque eso precisamente lo que hará es aumentar el beneficio asociado a esas actividades. La planificación, a la que tanto admiran en el régimen castrista, es papel mojado para regular las normas contractuales, cuyo cumplimiento depende de múltiples y complejos factores que escapan a cualquier planificador, por muy competente que sea.

El incumplimiento de contratos además es como cuando “la bola pica y se extiende”, y afecta a los impagos, fenómeno desconocido hasta ahora. El agravamiento de los problemas financieros que afectan a la economía castrista desde 2007, lleva a muchas empresas estatales a incumplir sistemáticamente sus compromisos con los agricultores, responsabilizando al órgano superior (la delegación hacia arriba de responsabilidades) de la falta de numerario para realizar los pagos. El hecho de que no existe propiedad privada limita la capacidad de endeudamiento de la economía, y los productores ya mostraron sus quejas en la ANAP, lo que llevó a un acuerdo inicial de fijar en 30 días los plazos de pago. Poco útil, cuando el problema es la falta estructural de recursos financieros por una economía improductiva e ineficiente que está tocando su límite inferior. Este año, por ejemplo, el crecimiento ha sido del 2.7% del PIB inferior al 3% planeado.

Ni siquiera operaciones más sofisticadas, como el llamado "fondo reenvolvente, que consistía en una suma de dinero depositada por el Estado en el Banco para que aquellas empresas deficitarias de flujo de caja solicitaran un crédito y pudieran comprarles a los campesinos, ha servido para agilizar los pagos. La descapitalización de las empresas y la ausencia de derechos de propiedad, vuelven a gravitar sobre la posibilidad de endeudamiento en un sistema financiero muy rudimentario, como es el castrista.

Tampoco ha funcionado el “pago por factura” mecanismo mediante el “cual la empresa y la cooperativa legalizaban una firma por cada parte, y ambas se registraban en el Banco. Entonces la empresa hacía una factura por el valor de la compra al productor o a la cooperativa, y la persona autorizada iba a la sucursal bancaria, a hacer efectivo el dinero”. Ahora el problema se presentaba con el Banco, que finalmente se quedaba con las deudas en una escalada sin precedentes de ineficiencia.

La dimensión de los impagos en la agricultura es realmente alarmante, y puede convertirse en un factor explosivo por su magnitud. Según datos oficiales, en el mes de octubre pasado existían alrededor de 6 millones de CUP correspondientes a cuentas por pagar en este sector, equivalentes a casi un 10% del valor del PIB de la economía, lo que indica que el sector agrario cooperativo está actuando como financiero de las dificultades de numerario del régimen, sin que ello suponga mejora alguna de su situación para los 400 mil campesinos y 3.500 cooperativas, una fuerza sin duda relevante dentro de cualquier escenario de reparto democrático y plural de poder.

Inmersos en reuniones burocráticas de conciliación de impagos en los consejos provinciales y en el obsesivo cumplimiento de los llamados “lineamientos”, el sector de las cooperativas no acaba de calcular, o tal vez no puede, o no quiere, su poder real y efectivo para influir en los cambios que realmente necesita la economía castrista hacia la propiedad privada y el mercado. Bajo ese modelo, el sector cooperativo podría funcionar en condiciones mucho mejores que las actuales, y con reglas del juego democrático, su capacidad para influir en la arena política sería muy relevante. Que tomen nota.
 

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