A propósito de la reforma en la política de entrega de tierras


Elías Amor Bravo, economista

Apenas han transcurrido poco más de cuatro años desde que el régimen castrista introdujera como gran reforma espectacular la entrega de tierras en usufructo a los agricultores, en un intento desesperado de corregir la dependencia externa de alimentos, y ya se anuncian cambios.

Una reforma que ya, en su momento, señalamos que no podría dar resultados favorables, ahora se somete a un nuevo decreto cuya entrada en vigor es inmediata, a partir de diciembre, y que incorpora algunas novedades como la ampliación del tamaño de las parcelas o la posibilidad de construir viviendas en esos terrenos.

Este tipo de políticas, contrarias al funcionamiento eficiente de las economías, se resiste a introducir un marco estable de derechos de propiedad en la agricultura cubana, que fue el instrumento básico que permitió al sector en los primeros 50 años de existencia de la República, más que duplicar sus cifras de producción y exportaciones, convirtiéndolo en uno de los principales de la economía.

La reforma agraria castrista, con la confiscación de tierras y la supresión del mercado como instrumento de asignación de recursos, enterró a la otrora productiva agricultura cubana en un sector dominado por la ineficiencia, el abandono, la improductividad y los bajos rendimientos. Incluso en 2002, se decretó por Fidel Castro el cierre de los ingenios azucareros y el fin de la industria del azúcar, una herida de muerte para la Historia de Cuba.

Los resultados son bien conocidos y la secuela de racionamiento, escasez, altos precios en los mercados agropecuarios y excesiva dependencia del monopolio estatal Acopio, terminan por dibujar un escenario en el que durante años el régimen se vio obligado a comprar cereales y carne a Estados Unidos en una interpretación muy sui generis del embargo.

Como ocurre casi siempre con la propaganda castrista, los medios oficiales del régimen destacaron que la próxima entrada en vigor del nuevo decreto Nº 300 introduce "cambios esenciales" sobre el plan iniciado en 2008 para intentar reanimar la producción de alimentos y culpan a la burocracia, de la lentitud de la aplicación de la reforma. Una práctica que se viene generalizando a la mayoría de los problemas que presenta la economía castrista, aunque no siempre sea la burocracia la verdadera responsable.

La principal novedad de la reforma, anunciada a bombo y platillo por las autoridades, es la ampliación de la extensión de las parcelas a entregar hasta un máximo de 67,10 hectáreas. Hasta ahora el máximo era de 40. Cierto es que en su momento consideré muy negativo que solo se entregaran esas pocas hectáreas a los agricultores, ya que impedían alcanzar los rendimientos de escala que favorecen la dedicación a esta actividad. Otros aspectos, sin embargo, gravitaban sobre el futuro incierto de los arrendatarios, como la falta de aperos y medios de producción, de fitosanitarios y fertilizantes, la invasión agresiva del marabú por la indolencia del estado en las tierras de su propiedad que ahora se entregaban. Un escenario nada favorable a la producción agrícola que se trasladó fundamentalmente a la producción de ganado en pastos, mucho más favorable de obtener a corto plazo.

La pregunta que podemos formular ahora es ¿por qué 67,10 hectáreas y no otra cifra? ¿Por qué no se puede avanzar en la dimensión de las superficies hasta la cantidad deseada, por qué no se permite la fusión de tierras, la compra y venta, el acceso a los derechos de propiedad de la tierra, limitando los plazos de explotación a diez años? ¿Qué puede ocurrir después? Cuestiones fundamentales que apuntan a un elevado nivel de intervención en un sector que, por el contrario, funciona mucho mejor con libertad, propiedad y mercado.

La segunda reforma del nuevo decreto-ley aclara que los usufructuarios de la tierra podrán construir viviendas en esos terrenos estatales arrendados "para beneficio propio y de sus familiares", siempre que se cuente con la autorización previa de las autoridades urbanísticas municipales. Al parecer ésta había sido una demanda de muchos agricultores, que se veían limitados para establecerse cerca de las tierras en las que trabajan y, en su caso, trasladar a ellas a sus familias.

Incidentes recientes en el proceso electoral de delegados al poder popular han mostrado que el proceso de reducción de gastos acometido por el régimen ha supuesto el cierre de escuelas y sanatorios en el medio rural, lo que puede actuar de forma negativa sobre aquellos que planean el traslado al carecer de estos servicios básicos. Además, cabe preguntarse quién puede construir una vivienda en una tierra que nunca será suya, salvo que se altere el sistema de derechos de propiedad. 

El beneficio generado en la misma como consecuencia de esa edificación, supone que en caso de abandono, el usufructuario no puede obtener participación en el mismo, que pasa a manos del estado nuevamente. Es evidente, que este tipo de análisis no sostiene el modelo de inversión racional y eficiente.

El principal problema de las reformas del régimen en la agricultura es que confunden instrumentos con objetivos. Pretender que la entrega de tierras en usufructo sirva para incrementar la producción de alimentos para garantizar la "seguridad nacional", es equivalente a querer tapar el sol con un dedo. No se puede afrontar la reconversión de un sector productivo, ineficiente, dominado por la propiedad estatal y en el que buena parte de las decisiones de aprovisionamiento pasan por un monopolio estatal como Acopio, con enunciados tan generales. A resultas de ello, el régimen continuará seguramente gastando al año más de 1.500 millones de dólares en importar el 80% de los alimentos que se consumen, muchos de ellos fácilmente producibles en la Isla.

El balance final de las reformas es bastante limitado. Desde 2008, tan sólo 163.000 agricultores han accedido a esta fórmula de explotación en arrendamiento, con una superficie de 1,4 millones de hectáreas que previamente estaban ociosas por pertenecer al estado. No cabe duda que esta reforma ni está dando los resultados esperados ni cabe intuir mucho más en su evolución, ya que mientras no se modifique el marco jurídico de derechos de propiedad y se restablezca plenamente el mercado como hicieron los vietnamitas, por ejemplo, nada habrá cambiado.


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