La política de inversión extranjera en Cuba según Bruno Rodríguez

Elías Amor Bravo, Economista ULC

No es frecuente que los altos dirigentes de la economía castrista se reúnan con organizaciones del exterior que no pertenezcan al espectro comunista estalinista. El desprecio que el régimen siente por todos aquellos que no comparten su ideología marxista, les lleva a negar cualquier tipo de contacto que suponga un contraste de posiciones en relación a la gobernanza. Por ir más lejos, el régimen castrista tiene un calificativo para sus rivales políticos: “enemigos”.

Atrincherados en la propaganda y la demagogia durante más de medio siglo, la reunión del canciller Rodríguez con los miembros de CAFE el pasado viernes 28 de septiembre, mientras que en Cuba Raúl Castro celebraba un consejo de ministros ampliado para evaluar el estado de la aplicación de los “Lineamientos”, se puede calificar como un hito histórico. Es cierto que los postulados de CAFE no inquietan demasiado a la dirigencia castrista, y algunos incluso observan una cierta deriva en sus posiciones hacia un terreno dominado por las arenas movedizas, pero los que apostamos por derribar barreras de incomunicación, siempre valoramos positivamente cualquier ejercicio en esta materia.

Y como cabía suponer, Rodríguez acudió a la reunión pertrechado con un armamento obsoleto, pleno de mensajes autárquicos y rebosantes de la dialéctica totalitaria de los años propios de la “guerra fría” como si el muro de Berlín no hubiera caído hace más de 20 años, y con él, la ideología que lo sustentaba,

Buena parte de la reunión se planteó abordar la cuestión de la participación de emigrados cubanos en la toma de decisiones en el llamado “proceso de actualización de la economía”.

Los medios se han hecho eco de que el Canciller afirmó que “sería positivo” recibir opiniones de organizaciones como CAFE, para añadir a continuación “mi rechazo a que los malos cubanos que apoyan el embargo lo hicieran”.  

Dos cuestiones aparecen ya en este primer enunciado sorprendente. Primero, el término emigrados. Un concepto borroso, que bien puede funcionar para ecuatorianos, mexicanos, dominicanos, etc, pero la salida de los cubanos al exterior, al menos durante tres décadas después del triunfo de la llamada “revolución” tiene poco que ver con procesos migratorios al uso. Segundo, la definición de “malos cubanos” para los que ni siquiera se pretende escuchar su opinión.

No contento con despertar la polémica en un asunto especialmente relevante, Rodríguez esbozó su punto de vista sobre “la participación de cubanos residentes en el exterior en las inversiones privadas”. Y aquí es conveniente matizar algunas de sus palabras. Es falso que exista actualmente una “base legal para que los cubanos de la emigración inviertan”. Yo no arriesgaría, bajo ningún concepto, mi dinero con esa “base legal” que otorga prioridad absoluta al extranjero sobre el nacional. Mientras no se aclaren las cuestiones relativas a seguridad jurídica de los dobles nacionales, por ejemplo, nada garantiza una confiscación de propiedades por un régimen cuya denominada “constitución” sigue otorgando la propiedad de los medios de producción al estado. Cuidado ahí.

Pero, lo que causa sorpresa es escuchar al canciller de un país pobre, con una marcada insuficiencia de ahorro interno y un nivel de endeudamiento externo difícil de estimar con cifras oficiales, que “al Gobierno cubano no le interesan inversores que aporten 100 mil, 200 mil, 300 mil dólares”, porque Cuba lo que demanda son miles de millones de dólares”. Para añadir a continuación,  “Cuba anda buscando inversiones que son de magnitud a las que no llega como regla la emigración”.

¿Qué significa esto?

Muy sencillo. Al margen del desconocimiento absoluto de las reglas de funcionamiento de una economía moderna, y que vuelve a justificar por qué a un cubano residente en Miami no se le puede considerar emigrante, ya que al gobierno de su país no le interesa una inversión de 100 mil dólares, que es lo que una vida de trabajo puede conseguir para la jubilación, la posición de Rodríguez desvela cuál es la estrategia del régimen castrista.

Al rechazar las inversiones de medio tamaño, es decir, las que se orientan a viviendas, bienes de consumo duradero, pequeños negocios de todo tipo, inversiones financieras, el régimen traslada a los cubanos residentes en el exterior que no son bien recibidos en la actualización del socialismo, y que lo mejor que pueden hacer es destinar sus ahorros de jubilación a inversiones en el país de residencia. Que se olviden de Cuba para siempre, porque la Isla nunca les volverá a acoger, al menos mientras el régimen castrista tenga algo que decir.

Lamentable posición que esconde una miseria moral, una vil actitud hacia los que opinan de forma distinta, y el deseo de mantener un statu quo político cuando los dos dirigentes máximos desaparezcan para siempre. Lo que será imposible, porque la historia tiene reservado para las dictaduras totalitarias un final feliz.

Pero, el mensaje de Rodríguez dice otra cosa muy clara. Aceptamos a los grandes inversores, los que aportan miles de millones. Es decir, el “capitalismo comunista de Estado”, esa opción que empezaron a diseñar durante el período especial, que no les fue del todo bien, pero que aspiran a recuperar para que la economía castrista convierta a Cuba en un paraíso de monopolios y cuasi monopolios estatales directamente relacionados con el poder político. Eso sí que se contiene en los “Lineamientos” raulistas y es una apuesta por mantener la compleja correlación de intereses militares, políticos, económicos y de seguridad del estado que sostienen a la economía castrista. Cuidado con caer en la trampa. Este tipo de inversiones, basadas en contratos de confianza, son las que se pueden dejar sin efecto en cualquier momento. De eso saben mucho las grandes corporaciones.

Las afirmaciones de Rodríguez dejan entrever, a las claras, cuál es el sueño de la dirigencia comunista de La Habana. Que el poder económico en la Isla nunca se democratice. Que los cubanos se mantengan en los actuales niveles de dependencia de unas empresas que les ofrecen bienes y servicios controlados por criterios políticos y no económicos. La libertad económica, los derechos de propiedad, la libertad de empresa, la asignación de recursos por medio del mercado, quedan en un segundo plano para la dirigencia castrista de la generación de Rodríguez. Cabe preguntarse qué es lo que piensan crear, porque no existe referencia alguna para ello. El fracaso será, sin duda, mayor.