A vueltas con los contratos en la economía castrista


Elías Amor Bravo

Cualquier economista sabe que para que una economía funcione se necesita un marco jurídico estable y predecible. Los agentes económicos toman decisiones todos los días, basadas en un nivel de información que depende básicamente de los precios. El mercado asegura que los millones de transacciones realizadas, permitan alcanzar equilibrios estables entre demandantes y compradores.

La existencia de un marco jurídico es fundamental, y ello tiene mucho que ver con el respeto a las normas, los contratos y los acuerdos. Sin ello, no existe la necesaria seguridad jurídica que permita a los agentes realizar sus transacciones libremente, aumentar la dimensión de sus negocios, obtener beneficios, acumular y crecer. 

Ese es el secreto, y no hay mucho más.

Al parecer, después de medio siglo de destrozos en el modelo económico, el régimen castrista se plantea recuperar el papel de los contratos en el funcionamiento de la economía. Se evidencian “continuamente, penosas cadenas de impago en la economía nacional, incumplimientos de términos de producción, prestación de servicios... y las consecuentes afectaciones que esas condiciones generan”.

Así se expresa en Granma O. Fonticoba, a partir de una entrevista a Narciso Cobo, asesor del presidente del Tribunal supremo, y concluye que el “escenario viene caracterizado por la dispersión jurídica en materia contractual, por el exiguo conocimiento sobre la función reguladora de esos acuerdos y por la falta de cooperación inter empresarial”

Los llamados “Lineamientos”, que pretenden la actualización del socialismo, establecen “que las relaciones económicas se refrendarán mediante contratos y que se exigirá por la calidad del proceso de negociación, elaboración, firma, ejecución, reclamación y control del cumplimiento de estos, como instrumento para la gestión económica”.

Leyendo esto, es evidente que en la economía castrista, el marco jurídico ha sido violentado, suplantado y ninguneado por el poder político, rompiéndose la tradición contractual de la economía de la República en sus primeros 50 años. Ahora se pretende regresar atrás y volver al punto de partida.

En diversas ocasiones, he señalado que ese regreso a la ortodoxia y la normalidad institucional que nunca se debió destruir por el afán de los llamados revolucionarios por transformar las estructuras económicas y sociales que encontraron en 1959, puede terminar siendo incluso peor que no hacerlo. Sin embargo, el raulismo castrista se ha puesto manos a la obra, y en los últimos meses han visto la luz el Decreto-Ley 304: "De la contratación económica", y el Decreto 310: "De los tipos de contratos", cuyo objetivo es la reordenación de las relaciones contractuales en un mismo texto normativo. La cuestión, como destaca el articulista, es conseguir que se cumpla.

¿Por qué no funcionan los contratos en la economía castrista?

Los contratos suponen una autonomía entre las partes para determinar el marco de las relaciones económicas. ¿Quién ha gozado de autonomía en la economía castrista donde todas las decisiones se han trasladado de arriba abajo para su obligado cumplimiento? La injerencia de la política en la economía se encuentra en las ineficientes empresas estatales, en las granjas estatales, en las cooperativas penetradas y controladas por los comunistas, en los órganos del llamado poder popular. Hasta las empresas extranjeras que invierten en la Isla tienen que realizar sus proyectos en colaboración con el estado.

No hay resquicio de la economía que escape de ese control comunista. Ni siquiera los cuenta propistas, a los que el movimiento sindical intenta controlar, o de forma directa por medio de la banca, vía créditos usureros. En tales condiciones, sin autonomía, sin libertad, ¿qué sentido tienen los contratos, y lo que es peor, qué sentido tiene su cumplimiento?

De nada sirve anunciar la autonomía de las partes, si en cualquier momento, la dirigencia comunista local o de cualquier nivel, interfiere en la gestión de las unidades económicas. Eso se tiene que eliminar, y cuanto antes.
Además, salvando esta cuestión relativa a la obediencia jerárquica al poder comunista, en la economía castrista, los vínculos contractuales se encuentran, en ocasiones, dominados por posiciones de poder de unos agentes respecto de otros. Es lo que ocurre con los arrendatarios de tierras, obligados a vender su producción a Acopio, único mayorista, o los compromisos con una industria monopólica, que fija desde el poder, las condiciones de la prestación. Sin competencia, sin libertad económica, sin un mayor número de empresas, no existirá jamás un marco jurídico que sirva para respetar con transparencia y libertad la autonomía de las partes.

En ese sentido, la lectura de las normas permite apreciar cuestiones llamativas. Por ejemplo, no hace falta que se establezca la prohibición legal de cláusulas abusivas, cuando existe un gran número de empresas en competencia, que luchan por acceder a los distintos segmentos y nichos de mercado. La experiencia demuestra que las leyes que regulan la competencia se deben elaborar cuando existe esa forma de organización competitiva, pero no al revés.

Lo mismo se podría decir de los llamados incumplimientos, para los que la nueva normativa establece “una posición mucho más colaborativa, menos enfrentada”, dejando el recurso a los tribunales para la última fase del proceso y cuando ya no exista solución. La desconfianza hacia el sistema judicial, instrumento del poder político, se encuentra detrás de esta llamativa referencia en la que se incorporan “daños y perjuicios” monetarios, cuya evaluación, en ausencia de precios fijados por el mercado, se me antoja aburrida.

La normativa atiende a las malas prácticas responsabilidad de los juristas, el deber de información en todo el proceso de ejecución contractual, a los llamados contratos verbales a los que se otorga la misma validez que los escritos, y un sinfín de situaciones más propias de un marco jurídico garantista democrático, que en el caso del régimen castrista, es inviable y, al menos de momento, incompatible con las estructuras económicas y políticas.

Digamos que el castrismo en materia de contratos, está empezando a construir una casa desde el tejado, y eso puede tener graves consecuencias. Por ejemplo, que se caiga la casa.

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