Corralito castrista, el peor de todos
Elías Amor Bravo,
economista
El diario oficial del
régimen castrista no escatima esfuerzos. Hoy dedica una especial atención a la
situación financiera en Chipre, a la que califican como “corralito a la
europea”. Nunca es bueno ver la paja en el ojo ajeno, porque termina siendo más
doloroso.
Cuesta creer que un
sistema político cuyos dirigentes, desde el principio, suprimieron cualquier
derecho de propiedad a la población, estableciendo un sistema basado en el control
absoluto de la propiedad por el estado, haga referencia a la seguridad
bancaria.
Tal vez convendría
recordar que el primer “corralito de América” se produjo en Cuba, en aquellos
meses terribles que se sucedieron a la llegada de los llamados “revolucionarios”
cuando el entonces ministro de economía, Che Guevara, ordenó la cancelación de
todos los depósitos en los bancos, su nacionalización y la confiscación masiva
a los que habían otorgado su confianza a las entidades crediticias.
La fecha, fatídica para
muchos cubanos, el 5 de agosto de 1961. Después de haber nacionalizado la banca
el año anterior, ese día, y sin aviso previo, el régimen castrista realizó un
cambio de la moneda nacional por nuevos billetes de banco, que además habían
sido impresos en Checoslovaquia para no llamar la atención. El cambio de los
billetes para los depositantes se realizó en un solo día, lo que generó largas
colas en los bancos, que ya entonces estaban bajo control comunista. La
cantidad a cambiar se limitó a 400 pesos por persona. Simultáneamente, las
cuentas corrientes en los bancos quedaron bloqueadas sin acceso a sus
titulares.
Desde entonces, el
sistema bancario castrista ha sido un “zombie viviente” en el que los viejos carteles,
títulos y denominaciones de las entidades financieras confiscadas, se mantienen
en las deterioradas puertas de los establecimientos, mientras que otras
entidades creadas por la llamada “revolución” continúan sin cumplir los fines
que se otorgan en cualquier economía a un sistema financiero.
Lo ocurrido a los
chipriotas es lamentable. Sobre todo, cuando en la Unión Europea, el respeto a
la propiedad privada es mucho más seguro que en el régimen castrista, donde a
lo largo de los últimos 55 años cada vez que el poder político atisbaba signos
de revitalización de la actividad económica privada, procedía a nuevas olas de
confiscaciones, robos sistemáticos, expropiaciones y condenas por el mero hecho
de realizar una actividad económica que en cualquier otro país del mundo sería
bien recibida.
No es extraño que los
cubanos recelen de sus dirigentes a la hora de poner en marcha cualquier
actividad por cuenta propia. El temor a una confiscación o a un castigo penal
se mantiene porque las leyes básicas que regulan la actividad empresarial
privada siguen siendo las mismas que se dotaron durante la llamada “revolución”
manteniéndose la base de la planificación central de la economía y la
existencia de la propiedad estatal como referencia fundamental del sistema.
Che Guevara aplicó el
“corralito” a las grandes empresas de Estados Unidos que operaban en la Isla, a
los dueños de las grandes explotaciones e ingenios, de los medios de
comunicación, de las empresas de servicios públicos. Eso es cierto, pero con
aquellas decisiones confiscatorias también se apropió sin derecho alguno a
indemnización de los depósitos de los cubanos que habían trabajado con esfuerzo
para conseguir ahorros para su vejez. Las dos décadas de los años 40 y 50
habían supuesto un estímulo muy importante para el crecimiento de las rentas,
el consumo y el ahorro de los cubanos. Y el Che, aplicó un “corralito” para
apropiarse de toda aquella riqueza y ponerla al servicio de la llamada
“revolución” cuando fueron conscientes de que nadie, en su sano juicio, podría
prestarles fondos financieros a nivel internacional para llevar adelante las
medidas totalitarias que en aquellos primeros momentos del fervor
revolucionario se veían venir.
Lo más grave, es que
aquellos cubanos confiscados de sus propiedades y ahorros, nunca recibieron
contraprestación alguna. Salvo casos puntuales que se concretaron en mariscos o
abalorios vergonzantes cuya cuantificación económica se realizó de forma
burlesca, nunca el régimen castrista ha tenido la menor intención de compensar
a quiénes fueron confiscados en sus activos. El paso del tiempo ha contribuido
a agrandar, si cabe, más aun el daño realizado por aquellas medidas.
Los cubanos no se deben
dejar engañar por Granma y la manipulación castrista. Los chipriotas podrán
perder parte de sus depósitos, pero en la economía de mercado existen fórmulas
de compensación que, a medio y largo plazo, pueden actuar de forma positiva,
por ejemplo, la conversión en acciones de las entidades o la emisión de
certificados de depósito negociables. En el régimen castrista, ni eso. Generaciones
de cubanos han muerto sin volver a recuperar ni una pequeña parte de sus
activos, de sus depósitos o del valor de sus viviendas.
Y Castro sigue ahí,
autorizando la publicación en Granma de artículos que confunden a los cubanos y
les llevan a error.
Porque si efectivamente
“muchos chipriotas se sintieron estafados; otros, menos pasivos, reclamaron sus
derechos frente a las sedes bancarias”, en el caso de Cuba, nada de ello fue
posible por el temor a las represalias y la generalización del terror. Nadie
podía cuestionar las decisiones administrativas confiscatorias, porque no
existía tribunal alguno que se comprometiera a la defensa de los recursos. Ni
siquiera cabía esa fórmula que en el período democrático de la República
garantizaba que los derechos no fueran pisoteados.
Los cubanos, a diferencia
de los chipriotas, tuvieron que abandonar su país rumbo al exilio, sin más
pertenencias que una maleta de reducidas dimensiones. Sin nada de lo que habían
construido atrás, y sin la posibilidad de retorno. Esa ha sido la historia de
los más de dos millones de cubanos obligados al exilio o a la emigración para
poder respirar la libertad.
Muy pocos chipriotas
tendrán que padecer este drama. Prácticamente, ninguno. Incluso, si se
organizan, pueden llegar a frenar el impacto de las medidas y suavizar sus
costes sociales. En Cuba ello no fue posible, porque la represión castrista,
las delaciones y el miedo a perder la vida provocaron la salida masiva del
país.
El drama de los cubanos expropiados por el
régimen castrista es una cuestión fundamental para la construcción del diálogo
nacional democrático. Es una cuestión que no admite posiciones intermedias,
pero que exigirá de una gran negociación, para no poner en peligro la
viabilidad del nuevo sistema democrático que se construya tras la finalización
de la dictadura castrista.
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