¿Por qué es tan difícil superar el atraso inversor para el régimen castrista?


Elías Amor Bravo, economista

Uno de los principales desequilibrios de la economía castrista se refiere a la estructura del presupuesto de gastos del estado, que otorga una participación muy destacada al gasto corriente en detrimento del gasto en infraestructuras e inversiones.

En términos comparativos, y según datos de CEPAL, la participación del indicador Formación Bruta de capital fijo sobre el PIB de la economía castrista, un 9%, se sitúa prácticamente tres veces por debajo de la media regional en América Latina, donde el resto de países destinan más recursos a las inversiones productivas que son las que permiten desarrollar la economía y estimulan el crecimiento sostenible.

La atención a las inversiones en los presupuestos estatales cobra especial relevancia en aquellos países que, como Cuba, registran niveles bajos de desarrollo. Por el contrario, el régimen castrista otorga una participación relevante en los presupuestos a los gastos corrientes, que financian prácticamente el conjunto de la economía de base estatal, donde no existe propiedad privada y la participación empresarial es residual.

Así, desde los sueldos de los trabajadores de la economía a las pensiones, pasando por las subvenciones a los precios de los productos para suministrarlos racionados, o lo que es peor, las subvenciones a las pérdidas registradas por las empresas estatales mal gestionadas, conforman una elevada carga presupuestaria que está en el origen de la escasa atención a las inversiones. No es posible funcionar de este modo, porque el modelo no es sostenible, y la pésima imagen de la vivienda, las deficientes infraestructuras (apagones incluidos), las carreteras, los puertos, etc. se deben a esa atención política desmedida a un gasto de consumo que se liquida año tras año, sin posibilidades de mejorar los niveles de ahorro.

Como consecuencia de ello, vivir al límite de las posibilidades para financiar un estado ineficiente e improductivo, tiene sus complicaciones. Para financiar cualquier proyecto de inversión, el régimen castrista necesita recurrir a donantes extranjeros que se interesen por colocar sus excedentes en la isla. Eso sucedió con la minería canadiense y holandesa, o con el turismo y las cadenas hoteleras españolas. Pero se requiere mucho más para poder situar a la economía en la senda del crecimiento sostenible, y ahí es donde al parecer, el responsable del Plan de Economía 2013 del régimen castrista, Adel Yzquierdo,  intervino en el consejo de ministros ampliado del viernes pasado para referirse a este desequilibrio.

Los problemas para mejorar el nivel de inversiones en la economía castrista son muy complejos. La ausencia de empresas de propiedad privada y la presencia de organizaciones monopólicas estatales en la mayoría de sectores económicos, frena la realización de inversiones. Otro aspecto es la falta de metodología a la que frecuentemente se refieren las autoridades, en particular, lo que denominan “falta de integralidad en el proceso inversionista”, que para traducirlo a lenguaje accesible significa que “no hay planes objetivos y cumplibles, teniendo en cuenta lo alcanzado en años anteriores". En suma, “las inversiones carecen de preparación técnica asegurada, de la conciliación certificada del constructor, de garantía del financiamiento y de la posibilidad real de recibir importaciones en el año”.

Dicho de otro modo, la práctica inversora en la economía castrista tiene lo que ya veníamos imaginando, un alto componente político que desprecia cualquier análisis empresarial coherente, de ahí su atraso y postración. Nadie cuestionó en su día las decisiones inversoras de Fidel Castro, por muy alocadas que fueran. Esa vocación política de invertir en aquello que las autoridades dirigentes establecen es muy negativa para poner orden en cualquier proceso racional inversor. 

Ahora las autoridades quieren incorporar en el plan inversor la apuesta por la construcción de viviendas en grandes capitales, cuya ejecución no está muy clara como puede realizarse sin mercados de aprovisionamiento, el régimen quiere aumentar las inversiones en sectores como el turismo, la biotecnología, las energías renovables, la producción de alimentos, de bio plaguicidas, bio estimulantes y bio fertilizantes, el suministro de agua y saneamiento de las principales ciudades, los sistemas de riego, la sostenibilidad de la generación eléctrica y las telecomunicaciones, además de la construcción de viviendas.

Varias preguntas pueden surgir. ¿Quién va a invertir? ¿Para qué va a invertir? ¿Con qué se va a invertir? Y finalmente, ¿qué rendimientos esperados se pueden obtener de estos proyectos?

La primera se responde con la reciente campaña que las autoridades han venido realizando por diversos países para captar la atención de inversionistas. En ausencia de un marco adecuado, reconocible y equiparable a nivel internacional para la inversión extranjera, mucho me temo que estas visitas pueden caer en saco roto, más aun, en las actuales difíciles condiciones de los mercados financieros globales. En cualquier caso, si el que debe invertir es el dueño de todo, el estado, deberá detraer recursos del gasto corriente. Que se preparen los cubanos para más pobreza y escasez.

La segunda cuestión parece menos fácil de responder. No existen evidencias. El único objetivo planteado por Izquierdo es aumentar la tasa de la formación bruta de capital sobre el PIB, pero no queda claro si ello es para incrementar los niveles de empleo, salarios y gasto de los cubanos, aumentar la productividad o mejorar la competitividad. No hace falta saber mucho de economía para percatarse que objetivos tan relevantes exigen planteamientos alternativos.

La tercera pregunta, el origen de los fondos, tiene mucho que ver con la primera. Me extraña que alguien pueda prestar a quién negocia unilateralmente, y sin nada que ofrecer, quitas en las deudas internacionales con grupos especializados como el Club de París. Tengo la impresión que el régimen no ha estudiado las enormes ventajas que se derivan de la gestión privada internacional de los servicios públicos mediante contratos de concesión, lo que supone, en definitiva, abrir de par en par las puertas de la economía estalinista al mercado internacional, un paso que más tarde o más pronto, se tendrá que dar.

En cuanto a los rendimientos esperados de los proyectos de inversión, cabe preguntarse qué sentido tienen estimar esos ingresos en una economía en la que no existen referencias de activos, ni de precios, ni de mercados, ni de consumo razonables. Tan solo es posible realizar alguna estimación a partir de cálculos indirectos en relación a los frutos de esas inversiones a nivel internacional, pero si este es el objetivo, cabe preguntarse de qué modo puede acabar una llamada revolución, convirtiendo a la economía castrista en una maquila de inversores internacionales, sin atención a los niveles de bienestar y calidad de vida de los cubanos.

No hay forma de encontrar una justificación a todo lo que se plantea. Menos mal que poco se hace. Tal vez sería recomendable que no hipotecaran de este modo el futuro de Cuba y los cubanos.

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