¿Por qué es tan difícil superar el atraso inversor para el régimen castrista?
Elías Amor Bravo,
economista
Uno de los principales
desequilibrios de la economía castrista se refiere a la estructura del
presupuesto de gastos del estado, que otorga una participación muy destacada al
gasto corriente en detrimento del gasto en infraestructuras e inversiones.
En términos comparativos,
y según datos de CEPAL, la participación del indicador Formación Bruta de
capital fijo sobre el PIB de la economía castrista, un 9%, se sitúa
prácticamente tres veces por debajo de la media regional en América Latina,
donde el resto de países destinan más recursos a las inversiones productivas
que son las que permiten desarrollar la economía y estimulan el crecimiento
sostenible.
La atención a las
inversiones en los presupuestos estatales cobra especial relevancia en aquellos
países que, como Cuba, registran niveles bajos de desarrollo. Por el contrario,
el régimen castrista otorga una participación relevante en los presupuestos a
los gastos corrientes, que financian prácticamente el conjunto de la economía
de base estatal, donde no existe propiedad privada y la participación
empresarial es residual.
Así, desde los sueldos de
los trabajadores de la economía a las pensiones, pasando por las subvenciones a
los precios de los productos para suministrarlos racionados, o lo que es peor,
las subvenciones a las pérdidas registradas por las empresas estatales mal
gestionadas, conforman una elevada carga presupuestaria que está en el origen
de la escasa atención a las inversiones. No es posible funcionar de este modo,
porque el modelo no es sostenible, y la pésima imagen de la vivienda, las
deficientes infraestructuras (apagones incluidos), las carreteras, los puertos,
etc. se deben a esa atención política desmedida a un gasto de consumo que se
liquida año tras año, sin posibilidades de mejorar los niveles de ahorro.
Como consecuencia de
ello, vivir al límite de las posibilidades para financiar un estado ineficiente
e improductivo, tiene sus complicaciones. Para financiar cualquier proyecto de
inversión, el régimen castrista necesita recurrir a donantes extranjeros que se
interesen por colocar sus excedentes en la isla. Eso sucedió con la minería
canadiense y holandesa, o con el turismo y las cadenas hoteleras españolas.
Pero se requiere mucho más para poder situar a la economía en la senda del crecimiento
sostenible, y ahí es donde al parecer, el responsable del Plan de Economía 2013
del régimen castrista, Adel Yzquierdo,
intervino en el consejo de ministros ampliado del viernes pasado para
referirse a este desequilibrio.
Los problemas para
mejorar el nivel de inversiones en la economía castrista son muy complejos. La
ausencia de empresas de propiedad privada y la presencia de organizaciones
monopólicas estatales en la mayoría de sectores económicos, frena la
realización de inversiones. Otro aspecto es la falta de metodología a la que
frecuentemente se refieren las autoridades, en particular, lo que denominan “falta
de integralidad en el proceso inversionista”, que para traducirlo a lenguaje
accesible significa que “no hay planes objetivos y cumplibles, teniendo en
cuenta lo alcanzado en años anteriores". En suma, “las inversiones carecen
de preparación técnica asegurada, de la conciliación certificada del
constructor, de garantía del financiamiento y de la posibilidad real de recibir
importaciones en el año”.
Dicho de otro modo, la
práctica inversora en la economía castrista tiene lo que ya veníamos
imaginando, un alto componente político que desprecia cualquier análisis
empresarial coherente, de ahí su atraso y postración. Nadie cuestionó en su día
las decisiones inversoras de Fidel Castro, por muy alocadas que fueran. Esa
vocación política de invertir en aquello que las autoridades dirigentes
establecen es muy negativa para poner orden en cualquier proceso racional
inversor.
Ahora las autoridades
quieren incorporar en el plan inversor la apuesta por la construcción de
viviendas en grandes capitales, cuya ejecución no está muy clara como puede
realizarse sin mercados de aprovisionamiento, el régimen quiere aumentar las
inversiones en sectores como el turismo, la biotecnología, las energías
renovables, la producción de alimentos, de bio plaguicidas, bio estimulantes y
bio fertilizantes, el suministro de agua y saneamiento de las principales
ciudades, los sistemas de riego, la sostenibilidad de la generación eléctrica y
las telecomunicaciones, además de la construcción de viviendas.
Varias preguntas pueden
surgir. ¿Quién va a invertir? ¿Para qué va a invertir? ¿Con qué se va a
invertir? Y finalmente, ¿qué rendimientos esperados se pueden obtener de estos
proyectos?
La primera se responde
con la reciente campaña que las autoridades han venido realizando por diversos
países para captar la atención de inversionistas. En ausencia de un marco
adecuado, reconocible y equiparable a nivel internacional para la inversión
extranjera, mucho me temo que estas visitas pueden caer en saco roto, más aun,
en las actuales difíciles condiciones de los mercados financieros globales. En
cualquier caso, si el que debe invertir es el dueño de todo, el estado, deberá
detraer recursos del gasto corriente. Que se preparen los cubanos para más
pobreza y escasez.
La segunda cuestión
parece menos fácil de responder. No existen evidencias. El único objetivo
planteado por Izquierdo es aumentar la tasa de la formación bruta de capital
sobre el PIB, pero no queda claro si ello es para incrementar los niveles de
empleo, salarios y gasto de los cubanos, aumentar la productividad o mejorar la
competitividad. No hace falta saber mucho de economía para percatarse que objetivos
tan relevantes exigen planteamientos alternativos.
La tercera pregunta, el
origen de los fondos, tiene mucho que ver con la primera. Me extraña que
alguien pueda prestar a quién negocia unilateralmente, y sin nada que ofrecer,
quitas en las deudas internacionales con grupos especializados como el Club de
París. Tengo la impresión que el régimen no ha estudiado las enormes ventajas
que se derivan de la gestión privada internacional de los servicios públicos
mediante contratos de concesión, lo que supone, en definitiva, abrir de par en
par las puertas de la economía estalinista al mercado internacional, un paso
que más tarde o más pronto, se tendrá que dar.
En cuanto a los
rendimientos esperados de los proyectos de inversión, cabe preguntarse qué sentido
tienen estimar esos ingresos en una economía en la que no existen referencias
de activos, ni de precios, ni de mercados, ni de consumo razonables. Tan solo
es posible realizar alguna estimación a partir de cálculos indirectos en
relación a los frutos de esas inversiones a nivel internacional, pero si este
es el objetivo, cabe preguntarse de qué modo puede acabar una llamada
revolución, convirtiendo a la economía castrista en una maquila de inversores
internacionales, sin atención a los niveles de bienestar y calidad de vida de
los cubanos.
No hay forma de encontrar
una justificación a todo lo que se plantea. Menos mal que poco se hace. Tal vez
sería recomendable que no hipotecaran de este modo el futuro de Cuba y los
cubanos.
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